Por Carmen Esquivel (*)
En el ocaso de su mandato, Sebastián Piñera enfrenta una acusación constitucional por el escándalo de los Papeles de Pandora que -de prosperar- lo convertiría en el primer presidente chileno en ser destituido mediante un juicio político.
Según los Papeles de Pandora, la transacción en Islas Vírgenes Británicas se hizo por 152 millones de dólares pagados en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se cumpliera el reclamo de defensores de la naturaleza de declarar la zona como de protección ambiental.
El gobierno de Piñera no protegió la zona, por lo que el tercer pago se efectuó, de acuerdo con investigaciones.
El proyecto Dominga comprende dos minas a cielo abierto de hierro y cobre en el desierto de Atacama y la construcción de un puerto para la carga de minerales cerca de un archipiélago donde viven varias especies protegidas.
La explotación del yacimiento fue rechazada en 2017 por el gobierno anterior, sin embargo, en agosto pasado una comisión ambiental, nombrada en su mayoría por el ejecutivo, dio luz verde a la iniciativa, lo cual provocó un amplio rechazo y generó protestas en Santiago, Valparaíso, La Serena y Coquimbo.
Tras las sospechas de conflicto de intereses y evasión de impuestos por parte del mandatario, las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados presentaron una acusación constitucional en su contra.
Este procedimiento se aplica a las autoridades señaladas de incurrir en alguna infracción que justifique su remoción o inhabilitación para el ejercicio del cargo o cualquier otra función pública.
El presidente usó su puesto para negocios personales, declaró el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, al comenzar el proceso de destitución, que esperan definir antes de las elecciones presidenciales y legislativas del 21 de noviembre.
UNA COMISIÓN INVESTIGA
El trámite en la Cámara Baja comenzó con la instalación de una comisión investigadora, integrada por cinco miembros, la cual preparará un informe que será analizado y sometido a votación por el plenario, donde la oposición tiene mayoría holgada al contar con 83 de los 155 escaños.
Para la politóloga Pamela Figueroa existen bastantes posibilidades de que el proceso pase la valla en esa instancia, y advirtió que cualquier tipo de situación como esta, donde se afectan la probidad y la honra, horada aún más la legitimidad y la confianza hacia las instituciones.
En el Senado, en tanto, la situación es más complicada porque se necesitan 29 sufragios de 43 y la oposición cuenta con 24.
En Chile se intentó dar curso a procesos de destitución de mandatarios en ejercicio en dos ocasiones anteriores: la primera contra Carlos Ibáñez, en 1956, y la segunda contra Piñera, en 2019 por las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, y ninguno de los dos prosperó.
ESCÁNDALO PASÓ FACTURA AL OFICIALISMO
Cualquiera que sea el resultado en esta ocasión, el escándalo ya le pasó factura al oficialismo, cuyo aspirante a la presidencia, Sebastián Sichel, cayó del segundo al cuarto lugar en las encuestas, por detrás del aspirante de la ultraderecha, José Antonio Kast, y la del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.
La candidatura de Sichel, de la coalición Chile Podemos Más, se ha desgastado por varios factores: su inconsistencia en el tema del cuarto retiro del fondo de pensiones debatido en el Congreso, las revelaciones sobre el financiamiento irregular de su campaña a diputado en 2009 y la vinculación de Piñera en el caso Papeles de Pandora.
‘Me parece que el presidente Sebastián Piñera y Sebastián Sichel padecen el mismo mal, el mismo virus, están afectados por la misma pandemia, la pandemia de la corrupción’, denunció el diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista.
Analistas consideran poco probable que Sichel pase a una virtual segunda ronda el 19 de diciembre junto al candidato de izquierda Gabriel Boric, señalado como favorito por todas las encuestas.
‘Piñera no estará en la papeleta… pero la gente verá en Sichel a su representante y, por lo tanto, contra él se dirigirá la rabia de la opinión pública’, afirmó un artículo del diario digital El Mostrador.
El presidente es el peor evaluado desde el retorno a la democracia en el país y, según la última encuesta, publicada antes de la filtración de los Pandora Papers, 73 por ciento de la ciudadanía desaprueba su gestión.
Por este mismo caso, el mandatario enfrenta una investigación penal de la fiscalía por presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa del proyecto minero Dominga.
El gobierno asegura que Piñera se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009, antes de asumir su primer mandato (2010-2014), y que las revelaciones de los Papeles de Pandora ya fueron investigadas y sobreseídas en 2017.
Sin embargo, la fiscalía considera la existencia de nuevos antecedentes que no fueron investigados en su momento.
A solo cinco meses de concluir su mandato, el presidente está en medio de una gran turbulencia, investigado por la justicia y con la posibilidad de ser destituido por el Congreso Nacional.
(*) Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina
La Habana, 16 de octubre 2021
Crónica Digital/PL
