La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) informa que, en el día de ayer, 20 de marzo de 2023, ha enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nuevos hechos e informaciones para ser considerados en la denuncia ingresada en contra del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick Piñera, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, Rodrigo Delgado Mocarquer, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, los exministros de Defensa, Alberto Espina Otero y Mario Desbordes, el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, el ex Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y el actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Ley N°20.357, en el marco de la crisis de derechos humanos producida a partir de la denominada “revuelta social”, iniciada en el mes de octubre de 2019. Los nuevos hechos e informaciones aportados son el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2022”, emanado del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; los antecedentes del caso de la víctima, Moisés Órdenes Corvalán, y los hechos relativos a la negativa del actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, a declarar en los procedimientos penales en curso, relativos a los distintos hechos perpetrados por la policía uniformada bajo su mando cuando ostentaba el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, todos los cuales constituyen un insumo relevante y complementario respecto de los actos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad denunciados el día 29 de abril 2021, fecha en que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con tres organizaciones internacionales, interpuso una denuncia (Comunicación) ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional, para perseguir la responsabilidad de las autoridades mencionadas. El Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales acompañado, junto con señalar que “el Ministerio Público no elaboró y/o implementó una política de persecución penal oportuna y seria para investigar las violaciones de derechos humanos producidas a partir del 18 de octubre del 2019”, constata que existe un grave incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación, vulnerando las garantías y obligaciones de oficiosidad, esto es, el deber estatal de promover e impulsar la investigación de oficio por las autoridades competentes; la oportunidad, por cuanto las investigaciones debe iniciarse de inmediato o una vez tomado conocimiento por las autoridades; la competencia, en el sentido de ser llevada a cabo por profesionales capacitados y con procedimientos adecuados; la independencia e imparcialidad, y sobre todo, la exhaustividad y el permitir la participación de las víctimas y sus familiares, no en términos meramente formales sino de forma concreta. Otro antecedente aportado en este escrito presentado ante la Fiscalía de la CPI, es el caso de Moisés Ordenes, golpeado brutalmente por Carabineros en la Plaza […]

La gestión del presidente chileno, Sebastián Piñera, al término de febrero fue desaprobada por el 68,7 por ciento de los participantes en un sondeo, publicaron hoy medios locales. Según muestra la Encuesta Pulso Ciudadano correspondiente a la segunda quincena de este mes, la labor de Piñera al frente del país recibió una aprobación de 15,9 puntos porcentuales, a pocos días del cambio de mando al presidente electo, Gabriel Boric, el próximo 11 de marzo. Esta cifra representa una disminución de 4,1 por ciento en comparación con el porcentaje de aprobación recibido en enero pasado (19,9), en tanto significa un aumento frente al mismo periodo de 2021, donde el mandatario alcanzó 14,9 puntos porcentuales, publicó el periódico ADN. Por su parte, la desaprobación de la gestión del Jefe de Estado creció 4,1 por ciento en relación al primer mes de 2022, donde el sondeo arrojó un 64,7 por ciento. La cifra se mantiene al alza en relación con igual etapa de 2021, cuando Piñera culminó febrero con una reprobación de 64,8 por ciento. En relación con el gabinete del presidente Piñera, Pulso Ciudadano comprobó que la aprobación de los ministros es de 12,2 por ciento, una baja de 3,3 puntos porcentuales frente a enero pasado. El estudio también mostró que en cuanto a los aspectos económicos, políticos y sociales el 40,7 por ciento de los interrogados considera que Chile va en dirección incorrecta, mientras el 27 por ciento piensa lo contrario. Al medir la percepción de la realidad económica nacional, el 47,7 por ciento de los entrevistados dijo que está en una situación regular y un 37,4 la valoró de mala o muy mala. Santiago de Chile, 28 de febrero 2022 Crónica Digital/PL

Los trabajadores denuncian que esta acción interfiere con la gestión del nuevo gobierno que asume el 11 de marzo. La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile  (Anfach), a través de su Directorio Nacional anunció su rechazo al llamado  a concurso efectuado por el Servicio de Aduanas el pasado 10 de Enero, para proveer 53 cargos a contrata para diferentes Aduanas del país . Desde el gremio señalan que, “Rechazamos el llamado a concurso toda vez que estando ad portas de un cambio de Gobierno el próximo 11 de Marzo y que las máximas autoridades del Servicio seguramente serán cambiadas, se pretenda imponer una lógica de cargos que no necesariamente será la prioridad de las nuevas autoridades, interfiriendo claramente con la Gestión del Nuevo Gobierno”. Además, añaden que, “La distribución de estamentos y cantidades de cargos a concursar son producto de una permanente improvisación, toda vez que no existe un estudio de dotación ideal del Servicio de Aduanas para poder cumplir cabalmente su función”. A juicio del Directorio Nacional “El llamado a concurso fue inconsulto con nuestra Asociación, lo que ha sido la lógica de la actual administración en estas materias, además, llama poderosamente la atención que el concurso se haya convocado en periodo estival, con un muy escaso tiempo de postulación, pero sobre todo que los plazos del concurso en su etapa final de selección sea el mismo 11 de marzo”. “Quedó demostrado en el reciente concurso efectuado por el Servicio que quienes resuelven en definitiva las contrataciones, es una comisión integrada por personas que no tienen el conocimiento ni la experiencia en materias operativas ni menos de control y fiscalización, actuando muchas veces en base al nombre del funcionario o el nombre del postulante externo”. Señalaron desde el gremio. Con todo lo anterior, el Directorio Nacional de Anfach hace un llamado a las autoridades del Servicio de Aduanas a recapacitar en su actitud, a la cual calificaron de “obstruccionista” con el nuevo gobierno, así como también al Ministerio de Hacienda y a DIPRES a “no terminar su gestión avalando con el silencio estas malas prácticas”. Además, convocaron a los funcionarios(as) y a la comunidad en general a no participar de este concurso, señalando que es, “ilegítimo y no da ninguna garantía de transparencia y equidad a los postulantes”. Por este motivo el Directorio Nacional de Anfach convocó a una Asamblea Nacional Extraordinaria para este viernes 14 de enero para discutir las medidas que se tomarán de no bajar este concurso.

El gobierno de Piñera adjudicó a dos empresas la explotación de 400 mil toneladas de litio a semanas de terminar su mandato. Inmediatas reacciones ha generado el conocimiento público de las empresas que finalmente se adjudicaron la licitación del litio, con dos días de anticipación a la fecha informada por las autoridades de gobierno. Desde la Bancada del Partido Comunista, que ha impulsado un proyecto de ley que busca suspender la licitación de dicho mineral, el diputado Daniel Núñez dijo que “uno tiene la convicción de que el ministro Jobet tuvo miedo a la reacción ciudadana que se ha despertado, a la preocupación que se ha manifestado en la opinión pública por la forma en la que se quiere privatizar y expropiar el Litio y apura esto para que esta presión ciudadana no siga creciendo”. El futuro senador agregó: “Respecto de la decisión misma, uno podría usar el lenguaje popular y decir, que salimos del mal peor, al mal menor. Desde ese punto de vista, que las dos empresas emblemáticas, una de ellas involucrada en casos de corrupción como es Soquimich queden fuera, si bien debilita al cartel del litio, por otra parte continua en la línea de privatización y de afectar el interés nacional”. Y finalizó: “tienen que haber condiciones para cumplir con el programa del Presidente electo Gabriel Boric que contempla la creación de la Empresa Nacional de Litio y obviamente estas 160 mil toneladas ponen un obstáculo para su creación. Desde ese punto de vista nosotros vamos a persistir en el proyecto de ley que presentamos en la Cámara de diputados que se debe ver hoy en la Comisión de Minería que suspende esta licitación. Además esperamos que la vía administrativa, porque este proceso de adjudicación debe ir a toma de razón de parte de la Contraloría, también nos permita paralizar todo lo que rodea esta licitación gris y dañina para el interés nacional”.

El proceso de licitación quedaría postergado hasta la aprobación de la nueva constitución. Esta mañana la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista además de otras fuerzas de oposición, presentaron un proyecto de ley para frenar la actual licitación del Litio que pretende realizar el Gobierno de Sebastián Piñera en los próximos días. El proyecto propone incorporar un artículo transitorio en el Código de Minería que suspendería el actual proceso de licitación partiendo desde el 5 de enero de 2022 hasta la fecha en que se publique la nueva Constitución, de manera retroactiva. El diputado Daniel Núñez (PC), autor de la moción parlamentaria, explicó que “tenemos la expectativa que este proyecto pueda ser visto en la Comisión de Minería la próxima semana e incluso pueda ser votado en la Cámara de Diputados durante el mes de enero. Eso dejaría la posibilidad que fuera tramitado por el Senado y que fuera ley de la República en las próximas semanas y de esa manera, suspenderíamos todo este proceso mañoso que está haciendo el Gobierno sin ningún viso de transparencia”. Por su parte, la Jefa de Bancada del PC, diputada Karol Cariola (PC), destacando las dudas que tendría el nuevo gobierno sobre este proceso, señaló que “el Presidente electo ha manifestado claramente su preocupación sobre esta licitación y los argumentos son bastante claros. Acá hay un análisis de parte de los equipos de que esta licitación no sólo es perjudicial económicamente para Chile, sino que también no se ha logrado determinar cuál es el impacto ambiental que esta tiene, además es una licitación que se da en un momento muy inoportuno cuando se está provocando un cambio de gobierno junto con el proceso de una nueva Constitución y, por lo demás, es una licitación que no ha incorporado a la comunidad”. En la misma línea, el diputado electo por la región de Valparaíso quién colaboró con la redacción del texto, Luis Cuello (PC), agregó que “como diputado electo he contribuido en la elaboración de este proyecto que es absolutamente necesario para evitar un nuevo acto de despojo por parte del Gobierno de Sebastián Piñera sobre un mineral como el litio que debe ser recuperado para todos los chilenos y chilenas”. Finalmente, Esteban Velázquez (FRVS), presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y Diputadas realizando una fuerte crítica al extractivismo expresó: “Da la impresión de que el norte lo soporta todo, lo aguanta todo. La gravedad de esta licitación tiene que ver con que no se hizo consulta indígena al respecto, no se consideraron los antecedentes científicos de afectación que tendría el Salar de Atacama y su belleza natural, y tercero que no se consideraron las comunidades aledañas; seres humanos, familias andinas y chilenas que están viviendo alrededor de estos salares. Todas estas afectaciones no están siendo consideradas y al contrario, lo que se pretende es continuar privatizando este recurso”.

La Cámara de Diputados ha aprobado la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Como dijo el H.D. Jaime Naranjo, gran protagonista de la inolvidable jornada, la Cámara no tolera ya más los abusos ni la impunidad. Ello la honra y legítima ante la ciudadanía que apoya abrumadoramente la destitución de Piñera.  Si el Senado la confirma, ello tendría un significado histórico relevante y positivo para la sana convivencia social y la legitimidad del sistema democrático. Nada menos que resolver ahora la crisis política nacional en curso, designando una autoridad legítima a la cabeza del Estado. Aunque la destitución se abra paso por otros medios, esta acusación pasará a la historia, en ella participaron millones de compatriotas y fue noticia mundial.  Junto a la Convención, el 18-O habrá alcanzado así, aunque sea simbólicamente, sus objetivos principales. De este modo, la transformación en curso puede seguir su curso principalmente por los cauces así abiertos. Por cierto queda aún todo por hacer en cuanto a las reformas necesarias que el país requiere y el pueblo exige. De hecho una de las dos más importantes, acabar con el abusivo desvío al ahorro forzoso de las cotizaciones obligatorias, a costa de millones de jubiladas, apenas se esboza en los programas presidenciales. La otra, la principal, la renacionalización y reserva en exclusiva al Estado del uso y protección del cobre y los bienes comunes estratégicos, esa nadie siquiera la menciona. Claro, es el elefante en la habitación, si se reconoce su presencia nadie hablaría de otra cosa. Porque al cambiar la relación de fuerzas en el empresariado desde los rentistas a los auténticos capitalistas, hace posible todo lo demás. Porque quien controla el cobre controla Chile. Pero la nueva institucionalidad política que así está naciendo, reforzada por  la próxima elección presidencial y parlamentaria, y la elaboración y promulgación de una Nueva Constitución, debería ser capaz de completar dichas reformas necesarias.  Porque seguirá empujada desde abajo, como ocurre hoy con los retiros y la acusación a Piñera, por un pueblo que apenas inicia esta nueva irrupción masiva en el espacio político, las dos últimas han durado siete años cada una. Se honrará así la más noble tradición del sistema político chileno, que a lo largo de dos siglos generalmente ha sido capaz  de conducir grandes transformaciones por un cauce legal, democrático y singularmente pacifico. El respeto del mundo por ello es simbolizado en la veneración universal por el Presidente Salvador Allende. Como ha dicho un periodista talentoso aunque  conservador, el contenido del 18-O es acabar con lo que se inició el 11 de septiembre de 1973. Lo sucedido tras la derrota sangrienta de la Revolución Chilena, por criminal mano ajena con intervención de una potencia extranjera, seguida de  tres décadas en que el dinero se adueñó de la política, fue la restauración de  los vástagos de  la vieja oligarquía, que otro periodista de talento bautizó como “Hijos de Pinochet”.  Nadie los personifica mejor que Piñera, ayer acusado por la Cámara de Diputados.   Manuel Riesco, Vicepresidente […]

El legislador Jaime Naranjo calificó hoy como histórica la aprobación en la Cámara de Diputados de una acusación constitucional contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, por el escándalo de los Papeles de Pandora. Esta madrugada el pleno de la Cámara Baja acordó, por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones procesar al mandatario tras las revelaciones sobre irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. “Es un momento histórico el que estamos viviendo y eso solo es posible gracias a la unidad de toda la oposición”, declaró el subjefe de bancada del Partido Socialista (PS). Naranjo, encargado de presentar la acusación, debió prolongar su intervención en el plenario durante 14 horas para que pudieran participar en la votación los diputados que terminaban el lunes la cuarentena por la Covid-19. “Tenemos a un presidente que ha actuado al margen de la probidad administrativa requerida en el cargo y que, además, ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación”, dijo Naranjo. De acuerdo con los documentos filtrados por una investigación periodística internacional en 2010, nueve meses después de que Piñera asumiera su primer gobierno, su familia vendió el proyecto para construir dos minas y un puerto por 152 millones de dólares. El pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuales estaba condicionada a que no se declarara la zona como de protección ambiental, una decisión que dependía del mandatario. “Actuando como presidente se benefició él y su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio del cargo”, afirmó el diputado del PS. El parlamentario Daniel Núñez, del Partido Comunista, consideró que Piñera está moralmente inhabilitado para liderar el país. “Un presidente que evade impuestos y arrasa la naturaleza no puede quedar impune”, escribió en su cuenta de Twitter el candidato al Palacio de La Moneda por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. La acusación deberá pasar ahora al Senado, donde se necesitarán 29 votos de los 43 escaños para poder suspenderlo del cargo. No es la primera vez que se intenta procesar a Piñera. En noviembre de 2019, un mes después del inicio del estallido social, la oposición presentó una acusación por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas, pero la iniciativa no prosperó. Santiago de Chile, 9 de noviembre 2021 Crónica Digital/PL

Representantes de los pueblos originarios chilenos repudiaron hoy la violencia del Gobierno contra los mapuche, tras la muerte de otros dos miembros de esa comunidad a manos de efectivos de la Armada y de Carabineros. Los dos jóvenes perecieron por impactos de bala en la sureña región del Bío Bío, durante una operación efectuada la víspera por marinos y policías contra manifestantes de las comunidades en resistencia, que se oponen al estado de excepción y a la militarización en la zona. «La militarización no es el camino», denunció la académica mapuche y presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien condenó la política racista y violenta del Estado y del Gobierno contra su comunidad. Afirmó Loncon que la Asamblea Constituyente trabaja en función de instalar la plurinacionalidad en la próxima carta magna, en la cual se respeten los derechos de las naciones originarias a la autonomía, la autodeterminación y la legítima defensa del territorio. Por su parte, Francisca Linconao, quien representa a los mapuche en la Convención Constitucional, pidió la inmediata salida de las Fuerzas Armadas de la llamada macrozona sur. «Que el presidente (Sebastián) Piñera retire a los carabineros, a los militares y milicos, pero si no lo hace que renuncie», dijo Linconao. El pasado 12 de octubre, Piñera decretó el estado de excepción en cuatro provincias de las regiones de Biobío y La Araucanía y ordenó el despliegue allí de más de dos mil militares, además de vehículos blindados, helicópteros, aviones y barcos. Piñera pidió al Congreso Nacional la prórroga de la medida con el alegado propósito de combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, el portavoz del pueblo mapuche, Miguel Maliqueo, afirmó que el objetivo del Gobierno es coartar la lucha por la recuperación de las tierras ancestrales. Con un millón 700 mil habitantes, la comunidad mapuche es la mayor etnia autóctona de Chile y desde hace años mantiene un reclamo por la autonomía y la recuperación de sus territorios, despojados por hacendados y empresarios forestales. Santiago de Chile, 4 de noviembre 2021 Crónica Digital/PL

Jefes de la comunidad mapuche presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Presidente Sebastián Piñera, por decretar el estado de excepción y la militarización en la zona sur. El tribunal de alzada declaró admisible el recurso, presentado por decenas de loncos mapuches, en que se solicita a Piñera y al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dejar sin efecto el estado de excepción decretado el último 13 de octubre y prorrogada la víspera por otros 15 días. Piñera justificó el estado de emergencia y el envío de más de dos mil militares a cuatro provincias de la Araucanía y el Biobío para –según dijo- enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Líderes indígenas y políticos de oposición rechazaron la decisión del gobernante de militarizar la llamada macrozona sur, donde el pueblo mapuche reclama la devolución de sus tierras ancestrales, y llamaron a las autoridades a separar las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios de las acciones de grupos criminales. «Claramente desde el gobierno del presidente Piñera no les interesa buscar una solución a las demandas de nuestro pueblo», denunció la diputada mapuche Emilia Nuyado. Afirmó la legisladora que el Ejecutivo ni siquiera usó los recursos aprobados en el presupuesto para la compra de terrenos. «Mientras no se adopten cambios profundos, como la restitución de las tierras mapuche, es muy difícil que se llegue a la paz», declaró Nuyado, y advirtió que la militarización de la Araucanía solo va a empeorar la situación en la región. Santiago de Chile, 27 de octubre 2021 Crónica Digital / Prensa Latina.

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