El diputado de la Comisión de Trabajo dijo que “es lamentable que el gobierno use el aumento de la pensión básica solidaria solo para frenar un proyecto que no comparte”. El diputado Gastón Saavedra (PS) criticó la determinación del gobierno de bajar la urgencia al proyecto que modifica las pensiones básicas solidarias, denominada “ley corta de pensiones”. Al respecto el parlamentario que integra la comisión de Trabajo, fue tajante en señalar que “El Presidente Piñera solo quiere obstruir la aprobación de un 4 retiro” “Al gobierno no le interesan los 2 millones 200 mil chilenos que podrían beneficiarse con este aumento de pensión, con la ampliación de la cobertura y con otra serie de cambios que se le hicieron al proyecto. Solo quiere bajar la urgencia para defender el modelo de AFP”, dijo Saavedra. Sobre este mismo punto el diputado de la Comisión de Trabajo agregó que “es lamentable que el gobierno use la necesidad de miles de pensionados para frenar un proyecto que no comparte”, concluyó el diputado Gastón Saavedra.
Piñera
Para el diputado comunista el Presidente de la República infringió en forma grave la constitución. Diversas reacciones ha generado el reportaje internacional llamado «Los Pandora Papers», que es una son una filtración de casi 12 millones de documentos los cuales revelan riqueza oculta, evasión fiscal y lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. En los archivos dados a conocer aparecen una serie de 35 presidentes o expresidentes, de los cuales 14 son de Latinoamérica. Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En el marco de este escandalo financiero y de redes de poder, el diputado por Coquimbo, Daniel Núñez disparó contra el Jefe de Estado señalando que «es un escándalo nacional e internacional de marca mayor. Se usó un paraíso fiscal para eludir el pago impuestos». La investigación periodistica señala que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del polémico proyecto minero Dominga, la que fue posteriormente vendida al empresario Carlos Alberto Délano en una operación que ocurrió parcialmente en las Islas Vírgenes Británicas. Piñera y su familia fueron los principales accionistas de Dominga hasta 2010, cuando el presidente llevaba nueve meses en el poder y se produjo la venta de la totalidad del accionario de la empresa a Délano por US$152 millones. La primera parte de la transacción fue con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares, de acuerdo con Ciper, el medio que colaboró en la investigación con el consorcio. En el paraíso fiscal se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas y, para cumplirse la última, no tenía que haber cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El legislador comunista indicó que «además, el contrato de venta tenía una tercera cláusula que señalaba que el último pago se hacía siempre y cuando no se hubiesen tomado medidas de protección ambiental que pusieran en cuestión el proyecto minero y portuario. Y este último punto es lo que arroja la responsa política ineludible que tiene Sebastián Piñera». «Yo tengo la más total convicción que Piñera infringió en forma grave la Constitución y las leyes, ya que él no decretó cuando correspondía en el 2018-2019 la creación de una área costera marina protegida en la comuna La Higuera para favorecer este proyecto minero Dominga, que en estos momentos está en propiedad de sus amigos los Délano», agregó Núñez. «Esto es una infracción gravísima a la Constitución y amerita una acusación constitucional. Esa es mi convicción y por eso yo me la voy a jugar», concluyó.
El Presidente de la República señaló por medio de Twiter que «Una mayoría de Constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia», en relación al derecho preferente de formar y educar a sus hijos. Una dura respuesta al Presidente Sebastián Piñera, acusándolo de mentir respecto al procesos constituyente de este momento y a su desconocimiento, formuló la Convencional Independiente por el Distrito 2, Alejandra Flores, luego que el Jefe de Estado publicara en su cuenta de twitter, información que lleva a la confusión respecto del funcionamiento de la Convención Constitucional, durante la votación en general las propuestas de reglamento. «Es impresentable que la máxima autoridad política del país se sume al clima de desinformación que rodea a la Convención Constitucional”, afirmó Alejandra Flores, quien no dejó se sorprenderse por las palabras del mandatario. “Siendo un proceso histórico relevante para nuestro país, es llamativo que el presidente Piñera no sepa qué sucede en la Convención y contribuya con sus palabras a fortalecer el discurso de aquellos que buscan desacreditar este importante proceso para el pueblo chileno», remarcó la constituyente, quien posteo la publicación de Piñera aseverando “Es terrible decir que usted miente, pero así es”. Y lo conmina para que “sus asesores hagan la pega”. Sr. Presidente de la República, hoy votamos en general las propuestas de Reglamentos de las Comisiones transitorias. No hemos votado contenidos aún. Es terrible decir que Ud. miente, pero así es. Favor que sus asesores hagan la pega #ConvencionConstitucional #Constituyente. — Alejandra Flores Carlos – Constituyente D2 (@afc073) September 14, 2021
La comisión investigadora de los actos del gobierno y las policías en el marco del estallido social de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó el informe que estableció responsabilidades políticas del Presidente Sebastián Piñera y que pretende contribuir a las investigaciones de juzgamiento penal internacional por crímenes de lesa humanidad. El documento, emitido por la instancia presidida por la diputada socialista Maya Fernández, estableció que “desde el 28 de octubre de 2019 en adelante, han existido graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, por lo que no son hechos aislados, excesos, ni errores puntuales”, agregando también que “estos hechos forman parte de una política de Estado cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”. Además advierte de posibles responsabilidades penales por parte de agentes del Estado de Chile, no solo en nuestro país sino que internacionalmente, debido a su participación en crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto de Roma. Los responsables políticos Respecto a quienes serían los responsables políticos de los hechos ocurridos con posterioridad al 28 de octubre (fecha de inicio de la comisión), el informe señala directamente al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, por las graves y reiteradas violaciones de derechos humanos ocurridos en nuestro país desde octubre de 2019 a la fecha. Entre la lista de responsables políticos, se incluye a los anteriores y el actual ministro de Interior: Gonzalo Blumel Mac-Iver, Victor Pérez Varela y Rodrigo Delgado Mocarquer; al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney; el actual Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli Basili; y al ex Intendente y actual Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara Stephen. Recomendaciones para el Ejecutivo El documento además añade una serie de recomendaciones al Ejecutivo, entre las que se destacan la transformación de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile, la creación de una comisión de Verdad, Justicia y Reparación Integral, cuya información no será secreta y la ejecución de la glosa 12 de la Partida 50 del Tesoro Público, para entregar pensiones de sobrevivencia a aquellas víctimas que hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos. El deber de verdad y justicia Para Fernández, presidenta de la instancia que reunió a otros 12 diputadas y diputados, la aprobación de este informe permite “contribuir a la verdad y justicia que tanto han buscado las víctimas y que ha sido negada” y “se transforma en un imperativo para Piñera y su gobierno dar explicaciones frente a las graves y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron contra quienes buscaban manifestarse”. Frente a la posibilidad de que tribunales internacionales pudiesen juzgar a agentes del Estado por crímenes de lesa humanidad, la parlamentaria señaló que “los testimonios y relatos de las víctimas son de una gravedad tal que deben ser juzgados” y si “no existe la voluntad de responder frente a las víctimas, será el derecho internacional el que deba dar respuesta”.
Los parlamentarios y parlamentarias del PC rechazaron el veto presidencial en este proyecto de vital importancia para la niñez en Chile , acusando que cuando desde el gobierno se anunciaba “la niñez primero” , sólo se trató de una falacia. Para la diputada y abogada Carmen Hertz, la decisión del Ejecutivo de vetar el proyecto es una medida irresponsable y un incumplimiento a las obligaciones internacionales planteadas en la Convención de Derechos del Niño. “Ni el Presidente de la República con este veto y ni los parlamentarios que llevaron el proyecto al Tribunal Constitucional para que este en el rol de operador político del gobierno obstaculice la Ley de Garantías de la Niñez entienden que esta ley no es algo discrecional, sino que significa dar cumplimiento a obligaciones internacionales del Estado de Chile que están pendientes desde la ratificación de la Convención de Derechos del Niño en el año 1990, que además de consagrar el interés superior del niño entiende como necesaria su participación en las decisiones que les afectan”, indicó. Este veto al proyecto que ya cumple seis años de tramitación legislativa, a juicio de la diputada Hertz “no hace más que aumentar el déficit estructural del Estado de Chile en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y demuestra que para el gobierno definitivamente ellos no son sujetos de derecho con su obvia autonomía, sino que les trata como sujetos de segunda categoría cuyas vidas quedan disponibles al criterio, al fanatismo o al abuso de los adultos que los y las rodean”, agregó. En la misma línea, el diputado Rubén Moraga , integrante de la Comisión de Familia de la Cámara, rechazó esta herramienta utilizada por el Ejecutivo, afirmando que estos cambios a siete artículos mediante vetos “ sólo dan apoyo a sectores fanáticos que no han leído el proyecto y desconocen la esencia del mismo”. “Se pretende desconocer el carácter de sujeto de derecho de los niños, niñas y adolescentes al negarles la representación jurídica y el acceso a la justicia. Esta ley no limita el derecho de los padres, sino que reconoce el derecho de ellos y ellas a ser oídos, a expresar su voluntad y que esta voluntad la escuchemos los adultos y determinemos cómo cumplir con esta de una manera que se proteja efectivamente a nuestros jóvenes, adolescentes y de niños y niñas”, sostuvo el diputado comunista. Por último, el legislador representante del distrito 2, dijo que de haberse aprobado este veto, se trataría de un retroceso para los derechos de la infancia. “Sería un retroceso si se aprobaba este veto del Presidente Piñera, ¿dónde quedaron sus palabras de los niños primero?, fueron solo mentiras y falacias”, puntualizó. El veto fue declarado inadmisible por 66 votos. Santiago de Chile, 30 de julio 2021 Crónica Digital
El gobierno de Chile presentó hoy un nuevo Plan Paso a paso, para enfrentar la pandemia de Covid-19 que contempla la flexibilización de algunas de las medidas existentes hasta ahora. Los cambios se anuncian en momentos cuando la enfermedad parece remitir, mostrando indicadores más favorables en el número de contagios, enfermos activos y ocupación de camas de cuidados intensivos, ente otros, aunque con el temor latente por la reciente entrada al país de la muy contagiosa variante delta. Según el gobierno, ese programa, que entrará en vigor el 15 de julio, es resultado de reuniones con organizaciones científicas y de la sociedad civil y especialistas involucrados en el enfrentamiento al coronavirus SARS-CoV-2. Como parte de los cambios, las autoridades le confieren una importancia central al Pase de movilidad, accesible a las personas que ya se vacunaron, y que les permitirá mayor movilidad y la posibilidad de asistir a lugares públicos en espacios tanto abiertos como cerrados. No obstante, advirtieron que seguirá siendo vital mantener las medidas de autocuidado, como el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento físico y la constante ventilación de los espacios cerrados. Se prevé asimismo implementar por el Ministerio de Salud una Unidad Nacional de Control Sanitario Fronterizo y Fiscalización de Viajeros para reforzar el control de fronteras. En tanto, el toque de queda, vigente desde el principio de la pandemia, definirá sus horarios regionalmente, y para acortarlo se requerirá que un territorio tenga al menos el 80 por ciento de su población vacunada completamente y menos de 150 casos activos. Un asunto relevante por la controversia que despierta, es la vuelta a clases presenciales, que por el nuevo plan se autorizará incluso en las comunas (municipios) en cuarentena pero de forma voluntaria. Según las autoridades ello obedece a la evidencia el rezado educativo e impacto en el bienestar de niños y adolescentes. En la fase 2 del Plan (la que sigue a la cuarentena) se prevé aumento de los aforos en reuniones particulares con personas que tengan pase de movilidad, y podrán abrir los restaurantes, casinos y gimnasios en espacios abiertos y cerrados, también dependiendo del mencionado pase. En la presentación del plan, junto a parte de su gabinete, el presidente Sebastián Piñera dijo que estas adecuaciones responden a ‘las nuevas realidades’ de la pandemia y para compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida con mayores libertades. Pero advirtió que ‘mayor libertad exige mayor responsabilidad’ y destacó que los beneficios que representará para quienes completaron su proceso de vacunación, porque significan menor riesgo. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital /PL
“Sebastián Piñera debe responder por sus gastos en honorarios de abogados. Queremos saber cuánto le está costando su defensa en todas las causas en las que se está defendiendo, y quién paga por ello, si es de su fortuna personal o del Fisco, de todos los chilenos y chilenas”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el rechazo a la solicitud de los juristas del parlamentario. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado añadió que, “queremos los contratos, los nombres, y toda la información relativa a la defensa jurídica de Piñera, pues aquí hay muchas dudas respecto a quién le está pagando a los abogados y cuánto”. Respecto al rechazo a la solicitud de sobreseimiento, Alejandro Navarro explicó que, “sus abogados querían que se dejaran afuera todas las causes posteriores a la primera quince de marzo de 2020, pese a que como todo el país sabe, los atropellos y abusos a los derechos humanos se han seguido cometiendo hasta el día de hoy”. “Esto a fin de restringirla pues los crímenes de lesa humanidad requieren de un contexto, esto es, que exista un ataque a la población civil por parte de las fuerzas del Estado, lo que no se podría haber ejecutado en pandemia con las cuarentenas”, manifestó el Senador por la Región del Biobío. De acuerdo a Navarro, “Piñera rebotó en el Tribunal de Garantía y va a seguir rebotando, pues se rechazó la petición de sus abogados Zaliasnik y Donoso, que a fin de cuentas es la búsqueda de impunidad para el multimillonario, la que seguirán intentando de manera infructuosa, por vamos a estar atentos y lo vamos a impedir”. “Sebastián Piñera intenta eludir la justicia en Chile”, continuó, “pero las querellas que hemos presentado son imprescriptibles, por lo que tendrá que responder ya sea como Presidente de la República o como ciudadano”. “Y debe tener en claro también que no habrá impunidad, agotaremos todas las instancias en Chile y a nivel internacional, como en la Corte Penal Internacional de La Haya; vamos a perseguir los crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, torturas, y trato abusivo, esté donde esté ”, sentenció el senador progresista. Concepción, 2 de julio 2021 Crónica Digital
Las posiciones discordantes entre el Gobierno e integrantes de la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, persisten hoy a solo tres días de la sesión inaugural de ese órgano. Aunque en los últimos días desde el gobierno se ha insistido en que su intervención será «minimalista» limitándose a garantizar el funcionamiento de la Convención Constitucional, no han cesado los reclamos de constituyentes que acusan falta de claridad en una serie de decisiones. Los roces aumentaron tras la solitud por los constituyentes de los pueblos originarios de la renuncia del secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención, Francisco Encina, a quien acusan de no entender ni atender las solicitudes de los delegados indígenas. Incluso, no pocos constituyentes afirman que si persiste la negativa de La Moneda a los requerimientos de esas comunidades, algunos de los constituyentes indígenas podrían ausentarse de la inauguración de la Convención, el próximo domingo. Sin embargo, el subsecretario de la Secretaría general de la Presidencia, Máximo Pávez, se limitó a decir que se ha hecho un «trabajo ejemplar» y que no se justifica la renuncia de Encina aunque más de 80 convencionales lo señalaron por falta de voluntad para cumplir sus compromisos. Los representantes de los pueblos originarios pedían la presencia de intérpretes de las lenguas indígenas en las sesiones de la convención y que autoridades ancestrales como la machi (consejera) Francisca Linconao, estén acompañadas por sus colaboradores en la ceremonia mapuche que realizará. Al respecto el constituyente independiente Bastián Labbe opinó que existen dudas sobre la inauguración de la Convención porque «no ha existido un canal fluido de comunicación y creemos que esas cosas se deben corregir a la brevedad». Añadió que se han recibido respuestas del Gobierno solo por la prensa, sin que exista un espacio abierto al diálogo. A esto se suma que además Encina justificó la contratación de los servicios de seguridad de la Convención Constitucional a una empresa dirigida por un ex carabinero que integró la guardia presidencial de Pinochet lo cual sentó muy mal en gran parte de los constituyentes. La desconfianza aumenta porque Encina militante del derechista partido Evópoli, es considerado hombre de confianza del ministro de la secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, lo que para algunos pudiera dar pie a una intervención tras bambalinas del Gobierno en el funcionamiento de la Convención. Santiago de Chile, 2 de julio 2021 Crónica Digital/PL
La petición de renuncia del principal funcionario de la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, amplía hoy más las distancias entre los constituyentes y el Gobierno de Chile. Los constituyentes de los pueblos originarios exigieron en un comunicado la renuncia de Francisco Encina, secretario ejecutivo de dicha secretaría, nombrado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa. Argumentaron que el funcionario mostró falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos adquiridos demostrando «falta de capacidad de diálogo intercultural». Explicaron los representantes indígenas que pidieron reiteradamente la presencia de intérpretes de lenguas originarias en las sesiones de la Convención Constitucional, cuya investidura está prevista para el próximo domingo, pero esto les fue negado. Calificaron esa situación como un incumplimiento de los compromisos y en consecuencia solicitaron al Gobierno nombrar «un nuevo secretario ejecutivo» y advirtieron que, de lo contrario, se «pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación». Además sentó muy mal en amplios sectores que Encina, además, justificó la contratación de un exguardia del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) para dirigir el aparato de seguridad de la Convención. El tema salió a la palestra cuando la web Ciper Chile reveló que los servicios de seguridad fueron adjudicados en una licitación a la empresa INCAR Seguridad, dirigida por un excarabinero que integró la guardia presidencial de Pinochet. La desconfianza aumenta porque Encina milita en el derechista partido Evópoli, y según trascendidos tiene confianza absoluta del ministro Ossa, lo que para algunos pudiera dar pie a una intervención tras bambalinas del Gobierno en el funcionamiento de la Convención Constitucional. En declaraciones recogidas por el periódico El Siglo, Marcos Barraza, convencional del partido Comunista y exministro de Desarrollo Social, consideró necesario «revisar las medidas que adoptó esa secretaría administrativa y discutir entre los constituyentes cuál es la unidad administrativa que queremos». Desde el Gobierno, la respuesta a los distintos señalamientos ha sido esquiva y el ministro Ossa solo señaló que las propuestas de La Moneda «han sido minimalistas» como muestra de respeto a la Convención. Por su parte, el abogado Daniel Stingo, el convencional más votado por la población, sostuvo que todos esos señalamientos son impresentables y que serán un tema de debate en los primeros días de la reunión de los miembros de la Convención. Santiago de Chile, 29 de junio 2021 Crónica Digital
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó hoy a la primera sesión de la Convención que redactará la nueva Constitución, para el 4 de julio en la sede del ex Congreso Nacional, en esta capital. El mandatario firmó el decreto correspondiente en breve ceremonia en el palacio de La Moneda, acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa. Piñera puntualizó que según lo establecido, los 155 integrantes de la Convención Constitucional dispondrán de nueve meses, prorrogables a otros tres, para redactar y aprobar la carta magna, que deberá ratificar la ciudadanía en un plebiscito. Señaló que el trabajo de ese grupo elegido en los comicios del 15 y 16 de mayo último «representa una gran oportunidad para lograr acuerdos amplios y sólidos que permitan dar origen a una Constitución que sea reconocida y respetada por todos». Dijo esperar que la ley fundamental que surja «constituya un gran marco de unidad, estabilidad y proyección hacia el futuro, para nuestra democracia y nuestra sociedad». Puntualizó que de acuerdo con el mandato constitucional, la Convención «deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes». Aun cuando parte de los constituyentes ya se manifestaron por darle amplias atribuciones a este órgano, Piñera advirtió que este no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía, ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas». Insistió en que la Convención tendrá la misión de buscar acuerdos y lograr las mayorías de dos tercios necesarias para acordar y proponer una nueva Constitución para Chile, pero -según dijo- «respetando siempre la carta que rige actualmente y el Estado de Derecho». Asimismo aseguró que el Gobierno prestará todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su funcionamiento. Finalmente consideró esencial la participación de la ciudadanía pues «por primera vez en nuestra historia estaremos escribiendo democráticamente y con una amplia participación una nueva Constitución para Chile«. Santiago de Chile, 20 de junio 2021 Crónica Digital/PL
