FELIPE HARBOE: «SI LA MOROSIDAD HA AUMENTADO ES PORQUE LOS BANCOS Y CASAS COMERCIALES LE PRESTAN A GENTE QUE NO PUEDE PAGAR»

A más de 6 meses que se despachó la ley que borró todos los registros de Dicom de aquellas personas que tenían deudas publicadas de hasta $2.500.000 al 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál cree que han sido los efectos que esta ley ha generado en la sociedad y en la industria del retail?

Se ha terminado con la discriminación laboral que existía hacia las personas que tuvieran antecedentes comerciales y han disminuido considerablemente las denuncias por discriminación que se generaban en los servicios de urgencia de salud del país.

Además, se ha demostrado que existía un gran porcentaje de personas que eran buenos pagadores, ya que de los  4 millones y medio de deudores que salieron de Dicom, sólo  700 mil han vuelto a caer en este calvario.

¿Existe algún ámbito donde esta ley no se ha cumplido en su totalidad?

La Cámara de Comercio, es sus diversas sedes regionales, no tiene ningún cartel que establezca el nuevo derecho de los ciudadanos de pedir gratis un máximo de tres certificados de sus antecedentes personales por año.

Entonces, lamentablemente muchas veces quienes acuden a estos centros a ejercer sus derechos, de ir a buscar sus antecedentes, los funcionarios se los niegan.

Por eso es que hago un llamado al Secretario General de la Cámara de Comercio de Santiago, que en vez de seguir reclamando contra la ley Dicom se preocupe de cumplirla, lo que significa que publique en todos los locales de la Cámara de  Comercio el nuevo derecho establecido en la ley 20.575. Esto es el derecho de todo ciudadano a pedir cada 4 meses sus certificados comerciales, completamente gratis.

Ellos perdieron mucho con el boletín comercial, ya no pueden vender esto de la manera que lo hacían antes.

Sólo pueden entregar la información a los centros de evaluación de riesgo de crédito y a los dueños de cada dato.

Según sus antecedentes, ¿ dónde se ha registrado esta falta de información?

En las regiones de Biobío, Ancud y O’Higgins. Debido a esta situación, durante las próximas semanas vamos a estar pidiendo a personas anónimas que vaya a las diferentes sedes a ejercer este derecho, y en el evento que no se los den vamos a ejercer la denuncia correspondiente.

¿Este tipo de políticas le hace bien a la sociedad?

De todas maneras, y se debe profundizar en la protección de datos personales.

Incluso, se podrían aplicar acciones legales para quieres violen o revelen antecedentes comerciales de las personas sin su autorización previa.

La protección de datos personales es un derecho nuevo que ya está establecido en la Constitución Europea y en gran parte de las normas, tratados y convenios internacionales. Chile va muy atrasado, tenemos primero que reconocer un derecho. Por esto es que voy a presentar en las próximas semanas un proyecto de Reforma Constitucional para consagrar en la Constitución el derecho, al igual que el derecho a la vida, a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales.

Mientras tanto, se están discutiendo dos proyectos relevantes. Uno que es el proyecto que crea el Sistema de Obligaciones Económicas, también llamado Deuda Consolidada y el segundo es un proyecto que ya está en la Comisión de Economía, pero que aún no comienza su discusión; me refiero al proyecto que modifica la ley de Protección de la Vida Privada.

¿Qué modificaciones plantea al proyecto de deuda consolidada?

En este caso se busca que haya un sistema, una base de datos que agrupe todas las deudas que una persona tiene, es decir, de los bancos, de instituciones financieras, de cajas de compensación, de prestamistas, de casa comerciales, todo. Esta información estaría radicada en la Superintendencia de Bancos, pero yo he pedido que no esté insertada en esta institución, sino que soy partidario de crear una agencia especializada de Protección de Datos, como las que existen en España, Reina Unido y Francia, ya que creo que se requiere una autoridad especializada que vele por dos cosas, que se tenga la información necesaria, pero a su vez se protejan los datos de millones de clientes y de consumidores.

¿No se podría generar un abuso o una expectativa de que este “perdonazo” Dicom vuelva  a pasar?

No, porque si la morosidad ha aumentado es porque los bancos y casas comerciales le prestan a gente que no puede pagar. Además, las casas comerciales, bancos y centros de evaluación de riesgo de crédito pueden acceder a los antecedentes de las personas, igual que antes. Sólo que hoy, gracias a la ley, no se pueden vender estos datos.

¿Entonces se descarta que esta medida se aplique cada cierto tiempo?

Sí. Tenía sentido cuando existía lo que se llamaba el acceso universal a los datos comerciales, pero hoy ya no existe eso. El perdonazo se hizo porque cualquier persona podía acceder a esa información y usarlas para cosas distintas, discriminar para un trabajo, por ejemplo. En cambio, ahora no. Ya no se puede acceder universalmente y no pueden discriminar a una persona que postula a un trabajo por las deudas que tenga registradas.

No es una fórmula permanente, por eso lo pusimos como norma transitoria, porque justamente era por una sola vez, considerando que en aquella oportunidad los informes comerciales eran de acceso libre y muchas veces se usaban para un fin completamente distinto que la evaluación de riesgo de crédito. Ahora, gracias a la ley Dicom que los antecedentes sólo pueden ser consultados para evaluar este riesgo y no para discriminar.

¿Cómo evalúa que la aplicación de esta ley haya impactado a las empresas, evidenciándose una mayor morosidad de los clientes?

Existen cuatro puntos que implican directamente a las empresas. Se estableció la prohibición de conocer deudas por más de 5 años. Existe además la obligación de nombrar un responsable de la protección de datos. Las casas comerciales tienen 72 horas para borrar de sus registros a los deudores una vez que estos pagaron. Y se prohibió  la publicación de las deudas repactadas.

Santiago de Chile, 5 de septiembre 2012
Crónica Digital

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