“Las medidas que la Fiscalía ha tomado para investigar este claro femicidio de la ambientalista Javiera Rojas, no son suficientes. Aquí debe existir un Fiscal Especial que aclare si su muerte está relacionada a su lucha social que logró impedir proyectos multimillonarios”, dijo el Senador Alejandro Navarro Brain.
De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “las cifras de asesinatos de ambientalistas en el mundo son lamentablemente, brutales. Según Global Witness, durante 2018 fueron asesinadas 164 defensoras y defensores del medio ambiente en todo el mundo, cifra que subió a 212 el 2019, 30% más que el año anterior”.
“Y en el 2020 subió nuevamente”, agregó, “227 personas fueron muertas sólo por proteger sus tierras, sus comunidades, sus ecosistemas. Más aun, ⅔ de estos asesinatos ocurren cada año en Latinoamérica, y desde 2015, ⅓ de los ataques fatales han ocurrido en contra de miembros de pueblos originarios, los que terminaron en ello luego de amenazas con intimidación, vigilancia, violencia sexual, criminalización y arrestos”, añadió.
“Y mientras a nivel global, el 43% de los homicidas pagan sus condenas en prisión, solo el 10% de todos los asesinatos en contra de medioambientalistas terminó con penas de cárcel para los culpables”, afirmó Navarro.
Para el senador por la Región del Biobío, “nuestro país no ha sido la excepción, pues las muertes de Macarena Valdés, defensora de los ddhh y medioambientales de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en Panguipulli; Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales C-24 de Quintero; y Marcelo Vega, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas Chan Chan, de Los Ríos, aun no han sido resueltas”.
“Y no queremos que pase lo mismo con Javiera Rojas”, continuó, “ya que pese a que los dos sospechosos de su asesinato fueron detenidos, aquí se debe investigar a fondo, pues nadie olvida que gracias a su fuerza y convicción como lideresa de la Agrupación Ecológica El Durazno, y en conjunto a la fuerza social y de la comunidad, lograron parar la instalación del dañino embalse La Tranca en la Región de Coquimbo”.
“Más aun, Javiera en el último tiempo se había manifestado en contra del proyecto Central de Respaldo de Combarbalá, de la empresa Prime Energía, una filial de la operadora de inversiones EnfraGen Capital, con sede en Nueva York”, explicó.
Alejandro Navarro finalizó señalando que, “por ello es que junto a las senadoras Provoste y Muñoz, y los senadores Quintana, Huenchumilla, Latorre, Araya y Guillier, estos últimos de la Región de Antofagasta, donde Javiera fue encontrada muerta, le hemos pedido a Jorge Abbott un Fiscal Especial. Aquí no puede haber más impunidad en contra de quienes asesinan ambientalistas. Ya basta”.
Santiago de Chile, 16 de diciembre 2021
Crónica Digital
