Los directivos de la transnacional, dominada por la anglo-australiana BHP Billiton, decidieron anoche paralizar el trabajo de la mina tras los cortes de carretera llevados a cabo por unos 800 obreros y suspender indefinidamente el diálogo con el sindicato.
Escondida y el sindicato llegaron a un punto muerto en las negociaciones para terminar con la huelga, que hoy cumple 12 días, luego de los violentos incidentes registrados anoche en el acceso al yacimiento entre operarios de la empresa y la policía de Carabineros.
El presidente de asuntos corporativos de la empresa, Mauro Valdés, señaló que contactaron con las autoridades para denunciar lo ocurrido, y «que este esquema lo impusieron los trabajadores y en especial los dirigentes sindicales».
Sostuvo que las negociaciones sólo se restablecerán cuando se garanticen las condiciones de legalidad y seguridad necesarias, en tanto los líderes gremiales acusaron a la empresa utilizar los incidentes como pretexto para cortar el diálogo.
El recrudecimiento del conflicto se generó ayer en la tarde luego que los trabajadores denunciaran que la compañía solicitó a la fuerza pública desalojar a los más de 800 mineros que bloqueaban el acceso a la mina para impedir que ésta continuara funcionando.
El gremio denunció este miércoles ante el Congreso Nacional y en carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet el empleo ilegal de personas no sindicalizadas por parte de la empresa para mantener la mina funcionando y burlar los justos reclamos de los trabajadores.
El presidente del sindicato, Luis Troncoso, demandó a la mandataria que el gobierno intervenga en el conflicto en defensa de los derechos laborales y disminuya el privilegio de que gozan las grandes transnacionales en Chile.
Los trabajadores criticaron en duros términos que el gobierno se mantenga al margen del conflicto y rechazaron la postura de Bachelet de que éste es «un asunto de privados», y que sólo intervendría para facilitar un arreglo entre las partes.
«Este no es un problema entre privados, es un problema nacional, es del país. Por lo tanto, (el gobierno) tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Nosotros somos trabajadores chilenos y estamos en Chile», sostuvo Troncoso.
Los mineros de Escondida solicitan a la compañía un reajuste salarial del 13 por ciento (que luego rebajaron al 10) y un bono de unos 30 mil dólares por el alto precio del cobre, pero la empresa ofrece sólo el tres y bonos por poco más de 21 mil.
Sólo en los primeros seis meses de este año la empresa obtuvo utilidades superiores a dos mil millones de dólares, 211 por ciento más que en igual período del 2005 por los altos precios del cobre, mientras los trabajadores mantienen inamovibles sus salarios desde el 2003.
Pedro Marín, principal vocero del gremio, confirmó a Prensa Latina que los trabajadores mantienen un virtual sitio alrededor del yacimiento para impedir el ingreso de personal contratado ilegalmente por la empresa para romper la huelga.
El dirigente denunció que la suspensión del diálogo decretado por la minera «no es más que una justificación». «Ellos nunca mostraron disposición a negociar y ahora aprovechan la situación creada para retirarse de la mesa», puntualizó Marín.
«La situación es compleja, tanto para la empresa como para nosotros, y espero que ellos reconsideren su postura y muestren disposición para avanzar en las negociaciones», dijo el vocero, tras destacar que el ánimo y disposición de los mineros sigue siendo alto.
Santiago de Chile, 18 agosto 2006
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