Decretada por el ex dictador Augusto Pinochet, la normativa concede amnistía a todo el que, en calidad de autor, cómplice o encubridor hubiere incurrido en «hechos delictuosos» entre el 11 de septiembre de 1973, fecha del sangriento golpe militar, y el 10 de marzo de 1978.
La ley fue proclamada para proteger a los militares que participaron en la ola de crímenes desatada por el régimen tras la asonada golpista en medio de una vasta campaña internacional de denuncias contra las violaciones de los derechos humanos en Chile.
Pese su carácter anticonstitucional y los fines que persigue, la normativa no ha podido ser deroga y es aún esgrimida por jueces del Poder Judicial que sirvieron en el pasado de sostén al régimen para terminar con los procesos judiciales contra ex represores.
La iniciativa fue promovida luego que el juez Víctor Montiglio, a cargo del emblemático caso Caravana de la Muerte, absolvió la pasada semana al general (r) Sergio Arellano Stark, jefe de ese sangriento operativo en el que fueron asesinados más de 70 opositores.
Resolvió igualmente aplicar la amnistía al jefe del Regimiento Rancagua (Arica), general (r) Odlanier Mena, quien ordenó las muertes de Oscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso en octubre de 1973 y luego las hizo aparecer como un accidente del tránsito.
Junto con declarar la nulidad de la norma, para evitar que pueda ser utilizada por jueces inescrupulosos, los legisladores buscan la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos en ese período, según lo estipula la Convención de Ginebra, tratado al cual está suscrito Chile.
Para Juan Bustos la aprobación del proyecto depende sólo de la Concertación, dado que necesita quórum simple en ambas cámaras en donde la coalición de gobierno es mayoría. «La responsabilidad de sacar el proyecto es sólo de Concertación», señaló.
La iniciativa en el Congreso es auspiciada también por el Partido Comunista (PC) -que calificó el fallo de «inmoral e ilegal»-, pese a no tener representación parlamentaria.
La resolución del juez Montiglio de beneficiar a cuatro ex oficiales del Ejército con la aplicación de la Ley de Amnistía, abrió dos caminos para que los abogados de las víctimas y sectores que lo apoyan intenten revertir el fallo: uno judicial y otro legislativo.
Por ello, paralelamente con la acción en el Parlamento, los querellantes del caso Caravana de la Muerte anunciaron que presentarán en los próximos días un recurso para que la Corte de Apelaciones anule la resolución absolutoria del magistrado.
Los abogados Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez han cuestionado con dureza que Montiglio haya pasado por alto la legislación internacional sobre los delitos de lesa humanidad y los fallos anteriores de la Suprema, donde la amnistía quedó sin aplicación.
Desde el denominado retorno a la democracia (1990), esta es la primera iniciativa que busca derogar la polémica medida, impuesta por la dictadura para dejar sin posibilidad de sanción las violaciones de los derechos humanos cometidas desde septiembre de 1973 hasta 1978.
Los legisladores fundamentarán su idea en que la Ley de Amnistía es «inconstitucional». Por ello, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, solicitó ayer al Gobierno que también le dé carácter de urgencia al proyecto de ley.
Leal, abogado de la causa, y familiares de las víctimas se entrevistaron el jueves con el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, quien se comprometió a plantear el tema en el comité político.
Santiago de Chile, 18 de abril 2006
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