LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN CHILE: UNA PERSPECTIVA DESDE EL TRABAJO

Los contratantes se obligan a la eliminación de aranceles en forma progresiva fijándose ciertas normas de trato y protección a los productos, servicios e inversiones originarias del otro Estado inspirándose fundamentalmente en las directrices de la OMC, y los acuerdos del GATT.

Los acuerdos comerciales, tendrán consecuencias significativas dentro de la economía, entre las que se incluye el impacto eventual en las condiciones laborales de los trabajadores. La concepción teórica de libre comercio se centra en las posibilidades de incrementar los ritmos de crecimiento a partir de la expansión de la demanda por los productos de un país y su especialización, por los tanto «eficiencia» y bajos costos de producción.

Se puede afirmar que el neoliberalismo como fórmula para el desarrollo se instauró en la dictadura militar y se sigue consolidando en el gobierno de la Concertación en el Chile de hoy: la reducción del aparato estatal y su participación limitada en la economía; la liberalización y desregulación del mercado del trabajo; las reformas tributarias; la privatización del sistema previsional y la apertura del mercado nacional a los capitales y al comercio internacional de bienes y servicios son una realidad indesmentible.

Uno de los pilares fundamentales ha sido la creciente apertura económica, primero como un proceso unilateral en los ochenta; cuando la estrategia unilateral comenzó a denotar sus limitantes en los noventa la Concertación por la Democracia comenzó a realizar serios esfuerzos por participar en tratados bilaterales de libre comercio. Esta política, es coronada exitosamente durante los años 2002 y 2003 con la suscripción y firma de TLC de importancia estratégica en el globo: con la Unión Europea, con Estados Unidos y con Corea del Sur.

El efecto precarizador, en el empleo, que ha tenido el «exitoso» modelo de desarrollo implementado en Chile por más de 20 años, ha estado basado en la apertura económica y la liberalización de los mercados. Los TLC recientes constituyen un clímax de este proceso y vienen a consolidar esta apuesta de desarrollo con las principales economías del mundo. Los TLC recientes no sólo tratan temas económicos, sino que además intentan contribuir a mejorar las condiciones laborales a partir fundamentalmente de dos mecanismos. Con el objeto de conseguir mejores estándares laborales con Canadá en su momento y ahora con la Unión Europea ponen énfasis en la cooperación y con Estados Unidos las partes se obligan al cumplimento de su propia legislación laboral.

Si bien estos TLC constituyen una continuación del camino trazado por el gobierno desde la dictadura, su impacto es aún insospechado y la magnitud de ellos en términos de los mercados que involucra, significan un serio riesgo para la economía nacional, su desarrollo e incluso a juicio de muchos de su soberanía.

La política de los gobiernos de la Concertación al establecer acuerdos bilaterales, es el de «gobernar jurídicamente» la globalización. Chile es uno de los países más abiertos del mundo y lo que se busca es más bien abrir las fronteras, a través de la regulación comercial. Dado que no puede imponer condiciones a gigantes económicos como la Unión Europea o Estados Unidos, recurre a la herramienta del Derecho, «la herramienta del débil». Hay consenso en la autoridad que el país sólo puede ganar con los acuerdos, ya que existe apertura comercial desde antes y sin regulación. Los TLC deben ser entendidos como una forma de reducir la vulnerabilidad externa de una economía pequeña y abierta como la chilena.

Sin embargo, los acuerdos recientes limitaran a las autoridades del gobierno para utilizar las herramientas de la política económica, y prevenir los impactos externos generados por los movimientos de los capitales especulativos y desequilibrios macroeconómicos producto de la coyuntura internacional, sin mencionar la imposibilidad de promover el desarrollo de la producción e industria nacional e intervenir en la estructura económica del país.

La economía nacional, producto de estos TLC se queda desprotegida de los vaivenes de la economía mundial, desestabilizando de esta forma, aún más, los mercados internos y su limitado desarrollo, lo cual se transmite negativamente al mercado laboral generando necesariamente una mayor flexibilidad, inestabilidad y precarización del empleo.

Las autoridades de gobierno declaran que al ser Chile ya un país abierto, con estos nuevos acuerdos, entonces, sólo le queda ganar: crece el comercio internacional, se dinamiza la economía, crece el PIB, el ingreso, el empleo y el bienestar general. La apertura de Chile vía acuerdos bilaterales presenta «riesgos marginales» para el país y los más altos costos de la apertura ya se pagaron en la década de los ochenta.

Se especula que estos tratados impulsarán el desarrollo de la fase exportadora, sin embargo cabe preguntarse cómo se podría desarrollar a través de los TLC si las exportaciones chilenas consisten básicamente en materia prima en bruto o semi-procesada, mientras que las importaciones que ingresan consisten básicamente en productos industriales, con los que Chile no puede competir. Si además, la evolución y destino de la inversión extranjera no tiene reglas claras, no se puede eludir la reflexión y corrección necesaria en torno de las estrategias del desarrollo económico de nuestro país.

La idea del gobierno es atraer inversión extranjera a actividades no sólo extractivas, como ocurre hoy en la minería, o la agro exportación, sino en sectores de agregación de valor que requieran empleo más calificado, integrándose Chile a una cadena mundial. Sin embargo, dada la escala de la economía chilena, no puede ofrecer a sus socios la entrada a un gran mercado interno, pero sí puede ofrecer la entrada a un mercado regional atractivo. En este sentido, una de las apuestas de los TLC, es convertir a Chile en una plataforma comercial para América Latina.

A juicio de la autoridad, la generación de empleo de calidad no sólo es una función de la apertura de mercados, sino que depende de que el país sea capaz de asumir el desafío de capacitar a su fuerza de trabajo. En general, para el gobierno, los TLC tendrán un impacto positivo en las condiciones de trabajo, tanto por la ampliación de posibilidades de empleo, como por el aumento en la calidad de éste.

Los representantes del empresariado coinciden con la visión imperante en el gobierno, respecto de los impactos positivos que deben esperarse de los TLC en las condiciones de trabajo en Chile. Hay consenso entre ellos, en que contribuyen a la ampliación de las oportunidades de empleo, a través del aumento de la actividad exportadora, el aumento de actividad en empresas que producen insumos para la empresa exportadora, y la inversión extranjera, ya que nuevas empresas se instalarían en Chile. Reconocen, sin embargo, que en empresas menos competitivas, se puede producir desempleo temporal, solucionándose una vez que los trabajadores se desplacen «automáticamente» a otras áreas.

El gobierno considera que el modelo de desarrollo económico chileno, basado en la inserción internacional, junto a un desafío político de mejorar los estándares laborales ha dado resultados positivos: se ha logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, se han creado más oportunidades de empleo y los salarios reales han aumentado. Justifican el empeoramiento de las condiciones de trabajo como parte del contexto de crecimiento y de aumento del empleo, que obedece a un proceso global de transformación.

En franca oposición las dirigencias sindicales, principalmente de base, se sienten inseguros y sospechan que habrá un antes y un después de estos tratados con las potencias mundiales. Ponen especial énfasis en la irrupción de transnacionales en el mercado nacional y los efectos que tendrá la apertura para la industria nacional, ya que consideran que es ilusorio pretender competir tanto en el mercado nacional como en su propio mercado que se abre gracias a los tratados. Consideran que los acuerdos comerciales afectarán a Chile en la medida que éste exporta materias primas, mientras otros países la procesan para reintroducirla en nuestro país con un valor agregado.

Por: Carmen Espinosa (Revista Futuros)

Santiago de Chile, 1 de septiembre 2006
Crónica Digital/VA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Next Post

AFIRMAN QUE FONDO INTERISAPRES BENEFICIA A EMPRESAS DEL ESTADO

Vie Sep 1 , 2006
La ley de Isapres excluyó expresamente a las Isapres Cerradas de recibir beneficios del Fondo de Compensación Solidario, porque el objetivo de éste es indemnizar a las empresas con carteras más riesgosas y no financiar la política laboral de las grandes firmas que sustentan a este tipo de aseguradoras. Sin embargo, dos Isapres cerradas, Fusat y Ferrosalud recibirán recursos del Fondo gracias a una expresa política de afiliación de trabajadores externos, efectuada durante el año pasado. Ambas Isapres son de propiedad estatal, por lo que el director de estudios de Altura Management, Bernardo Luque, considera indispensable evaluar la legalidad de la competencia entre las aseguradoras Abiertas y Cerradas ya que el Fondo subsidiaría a empresas del Estado, lo que dista del objetivo con el que fue creado. «Justo en el momento en que en nuestro país se debaten legislaciones para garantizar la sanidad de los mercados, nos encontramos con comportamientos que sobrepasan los límites de una leal competencia», advierte el director de estudios. Las personas que no trabajan en EFE ni el Codelco pero que se afiliaron a Ferrosalud y Fusat le permiten a estas aseguradoras contar con la cuota necesaria para recibir dineros de Fondo de Compensación . Sin embargo, estos nuevos cotizantes no percibirán ningún beneficio, al contrario de los pensionados y los ex trabajadores de estas firmas estatales. Luque explica que ambas aseguradoras poseen una cartera externa más joven y menos riesgosa, pero que igualmente recibirán en conjunto 70 millones de pesos. Además, Ferrosalud y Fusat son propiedad de Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE) y de la División El Teniente de Codelco, cuyo giro comercial no tiene ninguna relación con la prestación de servicios médicos, ni menos con el aseguramiento de salud. Por este motivo Luque explica que se debe estar atento frente a ciertas estrategias comerciales ya que «el rol que el Estado está jugando con la apertura de las Isapres Cerradas al sistema abierto es una prueba más de la tendencia hacia el fortalecimiento de la acción estatal y la competencia activa con el emprendimiento privado». Características del sistema Las Isapres Cerradas tienen su origen en los departamentos de bienestar social o sanidad, que otorgaban prestaciones de salud a los empleados de determinadas empresas, con estándares superiores a los entregados por el sistema público. Tienen infraestructura propia financiada por las compañías de origen y para obtener cuentas equilibradas recurren a los aportes de las firmas que las sustentan. «El hecho de abrirse al mercado abierto indica que dichas empresas han cambiado sus objetivos estratégicos ampliando su ámbito de acción, alejándose de las políticas de las compañías matrices, la naturaleza de las mismas y los objetivos por las que fueron creadas», explica el consultor. Luque considera fundamental revisar si estas aseguradoras compiten en forma adecuada cuando se abren al mercado de las Isapres Abiertas, ya que disponen de un financiamiento básico de su operación que proviene de sus empresas madres, que no es ilimitado pero les permite garantizar la vialidad a todo evento. Evolución de […]

Te puede interesar:

Las opiniones vertidas en este medio de comunicación no necesariamente representan el sentir de Crónica Digital y son de responsabilidad de quienes las emiten.

Crónica Digital, es un medio de comunicación social, republicano y comunitario. Fue fundado el 19 de abril del año 2005. Su objetivo periodístico es informar sobre los principales noticias de Chile, América Latina y el mundo.

El director de Crónica Digital es el periodista Marcel Garcés Muñoz.

Su representante legal y editor general es el periodista Iván Antonio Gutiérrez Lozano.

El editor nacional es el periodista Ramón Vargas Vega.

El editor cultura es el periodista Miguel Alvarado.

Corresponsal en La Habana, Cuba, Florencia Lagos N.

El asesor legal es el académico y abogado Sr. Pablo Méndez Soto.

Los principales asociados informativos de Crónica Digital son la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina , la agencia de noticias China, Xinhua y TV Brics.

En Chile, el medio electrónico El Maipo

Correo: cronicadigital@gmail.com
Dirección: Maturana 302 local 2
Santiago de Chile.

Desde el año 2005 Crónica Digital es parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

Crónica Digital es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Redacción Diario Crónica Digital
Fono: 950142601

Un café en una plaza con historia....

Maturana con Huérfanos
plaza Brasil,
Santiago de Chile.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cafe-con-torta-900x675.jpeg