La crisis al interior del Partido por la Democracia vive su momento más difícil. La Comisión Política de la tienda progresista fue el escenario preciso para que parlamentarios de esas filas confirmaran los dichos del expulsado dirigente Jorge Schaulsohn.
Es la primera vez que dirigentes del PPD reconocen el uso político de dineros fiscales en el financiamiento de los partidos políticos oficialistas y de campañas electorales. Así lo dieron a conocer de manera separada los diputados Jorge Tarud y Patricio Hales.
El primero de ellos ha manifestado en los últimos días la incapacidad de la actual Mesa Directiva, encabeza por Sergio Bitar, para superar y administrar la crisis producida por los actos de corrupción y clientelismo político que envuelve la tienda del ex presidente Ricardo Lagos.
En tanto, el diputado por Recoleta Patricio Hales criticó el actuar del tribunal Supremo del PPD y calificó como un error político la expulsión del ex presidente del PPD, Jorge Schaulsohn.
LOS ENTRETELONES DE UNA HISTORIA DE DELITOS
Cabe recordar que todo comenzó cuando se descubrió el uso de facturas falsas en la rendición de cuentas de las campañas electorales y del listado de supuestos beneficiarios de Chiledeportes en tiempos electorales.
De esta acción se dio inicio a una investigación judicial donde quedó acreditada la utilización de facturas falsas para cuadrar gastos en la campaña a senador y de diputado de Guido Girardi y su padre por lo que fue sometido a proceso el administrador del actual parlamentario pepedé.
Luego se vio involucrada la parlamentaria Carolina Toha quien, hasta ahora, mantiene sus dichos respecto que las cuestionadas facturas falsas fueron por trabajos realizados aunque reconoció que la empresa que hizo el trabajo entregó documentos tributarios distintos a la que había contratado.
Paralelamente, se estaba investigando el uso ilegal de recursos fiscales asignados a los Programas de Generación de Empleos en la Quinta Región. De ella, otros dos parlamentarios de la filas del progresismo están siendo cuestionados: los diputados Laura Soto y Rodrigo González. En el caso de la primera ya fueron sometidos a proceso por fraude fiscal la hija de la diputada y su ex yerno.
En el caso de la familia Girardi, padre e hijo intentaron detener la acción judicial a través de un recurso en contra del Servicio Electoral aduciendo cierto resquicios legales. Sin embargo, los Tribunales de Justicia desecharon la solicitud y ahora deberán afrontar la investigación.
Por su parte, el administrador de la campaña del senador Guido Girardi intenta terminar el juicio en su contra, en el caso de facturas falsas de Publicam, sosteniendo la prescripción del delito. Ello no significa inocencia sino que la acción judicial busca quedar sin castigo penal por un tecnicismo jurídico.
Respecto de la diputada Laura Soto, ésta presentó un documento judicial frente al Tribunal Constitucional para frenar la investigación judicial. Todavía esta por verse el resultado de este procedimiento.
Los hechos demuestran que la mayoría de los parlamentarios que están en proceso de investigación judicial por supuestos delitos de fraude fiscal y de mal uso de instrumento público (facturas) más que ayudar en la investigación que los lleve a demostrar su inocencia han desarrollado una estrategia judicial que detenga la investigación.
DE LA IDEOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN A LA CRISIS INTERNA DEL PPD
Producto de las denuncias de corrupción el senador Fernando Flores protagonizó una extraña reunión privada con la Presidenta Michelle Bachelet ya que no resulta entendible como la mandataria acude a la casa del parlamentario en razón de su investidura.
Según ha trascendido (y ello no tiene confirmación completamente veraz por las fuentes consultadas) el senador Flores le habría informado a la Jefe de Estado sobre la existencia de grupos en el gobierno que funcionarían como redes de corruptela política.
Acto seguido, el parlamentario oficialista habría manifestado su rechazo al actual de la Mesa Directiva por una suerte de proteccionismo en contra de los diputados cuestionados y encabezados por Guido Girardi.
Luego, el ex diputado y ex presidente del PPD, Jorge Schaulsohn denunció la existencia de una ideología de la corrupción y que además de involucrar al PPD (antes de ser expulsados) identificó a todos los partidos de la Concertación como beneficiarios de dineros públicos a través de los gastos reservados.
Tras ser analizados sus dichos por el Tribunal Supremo del pepedé, Schaulsohn fue expulsado de sus filas argumentando que la medida se debió a que el ex dirigente no quiso entregar los nombres de los beneficiarios de esta red de corrupción.
LA EXPULSIÓN Y EL NUEVO ESCENARIO PEPEDÉ
La medida disciplinaria aumentó la crisis en el partido liderado por Sergio Bitar. El sector que encabeza Fernando Flores y al cual adscribe Schaulsohn rechazaron el fallo y, como una forma de presionar a la Mesa solicitaron la renuncia de la misma y llamaron a reincorporar al dirigente.
En los últimos días se han generado diversas amenazas de renuncia de destacados militantes como Javier Etcheverry a quien se le reconoce su condición de hombre probo. El diputado Esteban Valenzuela ha dicho que antes que lo echen por opinar prefiere irse del PPD por lo cual tomará una decisión luego de reunirse con Fernando Flores.
Las últimas 48 horas han sido de reuniones ampliadas de la Comisión Política, la cual intenta sortear la crisis pero, hasta el momento, más allá del reconocimiento explícito de que sí hubo entrega de recursos fiscales hasta el 2003 a los partidos oficialistas no existen más antecedentes que den por superada el conflicto entre los sectores del progresismo.
En tanto, el senador Fernando Flores regresó este martes a Chile proveniente de San Francisco, Estados Unidos, y se presume que se reunirá, en las próximas horas, con su circulo más cercanos para analizar el resultado de las reuniones de la Comisión Política del PPD y ver si están dispuestos a dar la lucha interna o abandonar el PPD.
Santiago de Chile, 2 de enero de 2007.
Crónica Digital
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