La medida afectó las pesquisas que realizaba el juez Carlos Cerda sobre ventas ilegales de armamento a Ecuador en 1995 donde estaba involucrado el ex dictador Augusto Pinochet, quien ejercía aún la jefatura de esa rama castrense.
Cerda trata de determinar el origen de más de 27 millones de dólares descubiertos a Pinochet en 120 cuentas secretas y empresas ficticias creadas en el exterior, parte de cuya fortuna procede del contrabando de armas, según antecedentes del caso.
El magistrado se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos que se involucran con Ecuador durante el conflicto que enfrentaba a ese país con Perú, siendo entonces Chile uno de los garantes de acuerdos de paz firmados entre ambos países.
Según afirma hoy el periódico electrónico El Mostrador, el juez traspasó los antecedentes reunidos en el caso al magistrado Alejandro Solís, designado por la justicia militar para esclarecer el tráfico de armas a Croacia, descubierto en 1991.
En semanas anteriores, Cerda había decretado la absoluta reserva del cuaderno que contiene esta investigación, iniciadas por su antecesor en el caso, el juez Sergio Muñoz, quien sólo compiló la información en una carpeta, dándole un carácter menos secreto.
Para El Mostrador, el total hermetismo que ha existido en torno a esta arista del caso reflejaría la delicada trascendencia de esta investigación, ya que el período que comprendería sería de 1995 en adelante, paralelo a la guerra peruano-ecuatoriana.
En todo caso, el hecho que Cerda haya traspasado estos antecedentes a su par de la Corte Marcial indica que -a su parecer- en los negocios emprendidos por FAMAE, en la década de 1990, habrían participado los mismos uniformados y civiles que ahora están siendo investigados.
Llama atención que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el miércoles una orden de «no innovar» interpuesta por la defensa de Pinochet, decretando la paralización de todas las indagaciones relacionadas con negocios de armas donde éste está involucrado
Los ministros Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y el abogado Hugo Llanos aprobaron decretar esta medida preventiva, mientras se revisa el fondo de la acción judicial, cuya vista debería darse dentro de las próximas semanas.
La unanimidad de ese dictamen -a juicio del periódico- también apunta a que estas indagaciones estarían adentrándose en aspectos que son sensibles para el Estado chileno, y donde estarían de algún modo involucrados también funcionarios de la Concertacíón.
Entre 1990 y 1998, en plenos gobiernos encabezados por los partidos que integran esa coalición, fueron comprados una veintena de aviones de combate Mirage, dos submarinos para la Armada y un alto número de tanques Leopard 1 para el Ejército.
Se presume que Pinochet habría recibido altas sumas de dinero por esas compras, no obstante que debieron ser aprobadas en el Consejo Superior de la Defensa Nacional, entidad que es presidida por el ministro de Defensa e integrada por los tres comandantes en jefe de las ramas castrenses.
Las compras de material bélico siempre se han mantenido en secreto y, según informes recientes del Fondo Monetario Internacional, defensor del modelo económico chileno, es el aspecto menos transparente de la gestión fiscal de los gobiernos de la Concertación.
Santiago de Chile, 3o de diciembre 2005
Crónica Digital/PL , 0, 110, 3
