Al ponerle nota al cumplimiento de ambos estamentos en esta importante esfera, los dos desaprobaron, con más del 45 por ciento de sus calificaciones entre el uno y el cuatro, dentro de una escala en que el uno es pésimo y el siete excelente.
Al analizar el resto de las evaluaciones, sólo el 15 por ciento de las calificaciones que se le hicieron al Estado en la materia fueron con notas entre seis y siete, mientras que las empresas sólo obtuvieron el nueve de sus rendimientos dentro de este rango.
Ambos porcentajes contrastan con el 75 por ciento de notas entre seis y siete que obtuvieron las organizaciones civiles en el cumplimiento de la responsabilidad social.
Para llegar a este análisis se tomó como base la definición de responsabilidad social como «las acciones de las organizaciones y empresas para ayudar al país».
Además se hicieron consultas en una serie de dimensiones como cuidado del medio ambiente, comportamiento ético, inclusión de todo tipo de personas, ayuda a la comunidad, buenas condiciones laborales y entrega de información.
En estas categorias, los resultados de las empresas privadas no fueron precisamente alentadores. La evaluación más baja la obtuvieron en cuidado del medio ambiente y comportamiento ético.
Como contrapartida, sus mejores resultados los reportaron en las buenas condiciones laborales (46 por ciento entre cinco y siete) y en inclusión (45,1 en el mismo rango).
El Estado, en tanto, recibió una pobre evaluación en el cuidado al medio ambiente y una puntuación muy baja en las condiciones laborales.
Según los responsables del estudio, esto último podría significar que la ciudadanía esté viendo al Estado como «un empleador de baja calidad y responsabilidad social».
Pero más allá de los resultados obtenidos por cada sector, uno de los puntos más importantes del estudio de ProHumana y Adimark son las acciones que la ciudadanía observa como temas pendientes en materia de responsabilidad social.
A las empresas se les pide principalmente una mayor preocupación por los empleados y una mejora de sus condiciones de trabajo, además de tener un rol más activo en materia de acciones en favor de la comunidad y de ayuda social.
Al Estado se le exige, en primer lugar, fiscalizar, cumplir, mejorar y crear nuevas leyes, además de una preocupación más real por la gente, mayor transparencia y menos corrupción.
Aunque las organizaciones de la sociedad civil están, en general, mejor evaluadas que las empresas y el Estado, también se les exige que mejoren su gestión y se preocupen más de la población.
La consulta fue realizada entre el 23 de junio y el 18 de julio a un total de 892 personas (hombres y mujeres) de entre 15 y 70 años, residentes en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción y Talcahuano. El margen de error es mas-menos 3,3 por ciento.
Santiago de Chile, 28 de agosto 2006
Crónica Digital/PL , 0, 42, 3
