LAS 27 MEDIDAS DEL PPD PARA FORTALECER LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las medidas

1.- Renegociación de las deudas tributarias: sin pago mínimo, en un plazo de 3 a 5 años, con condonación del 100 por ciento de multas e intereses sobre la deuda tributaria.

2.- Renegociación de la deuda previsional: condonación del 100 por ciento de multas y modificación de ley del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (FOGAPE) para que éste pueda garantizar créditos destinados a ponerse al día en las deudas provisionales.

3.- Triplicar el monto asignado al FOGAPE contenido en el Plan Chile Compite.

4.- Permitir acceso al FOGAPE de deudores en DICOM con el objeto de contraer deudas que solucionen su situación de morosidad.

5.- Precisar los plazos y costos del Fondo de Garantías Para Inversiones (FOGAIN, contenido en el plan Chile Invierte) de manera tal que no se traslape con el FOGAPE.

6.- Promulgación pronta de la Ley de Garantías Recíprocas y la dictación de su reglamento. Asimismo, apoyo explícito de las entidades de fomento a la formación de sociedades que estén vinculados a los gremios de la pequeña y mediana empresas.

7.- Trámite de urgencia al proyecto de ley que crea una Central de Garantías para la Mipyme.

8.- Asegurar que el acceso de la Mipyme a fondos garantizados con el FOGAPE se dé en términos de tasas y plazos acordes con una garantía estatal.

9.- Ampliar la información pública sobre endeudamiento, tasas de interés y condiciones financieras de créditos otorgados a las empresas de menor tamaño. A tal efecto, dotar de mayor capacidad a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para realizar esta tarea.

10.- Dotar de mayor poder resolutorio a la contraparte pública del diálogo entre el gobierno y las empresas de menor tamaño, de manera de legitimar este diálogo.

11.- Facilitar el acceso formal de los microempresarios a la salud.

Promover la adopción de un Estatuto para la micro, pequeña y mediana empresas, que destine el 10% de los recursos de subsidio que administra la CORFO para desarrollar iniciativas de fomento directamente, o a través de SERCOTEC, que a lo menos contengan:

12.- Fomento de los microseguros que cubran potenciales siniestros que afecten la competitividad de la microempresas, tales como seguros antidelincuencia para los comerciantes establecidos, seguros de vida para pescadores artesanales, seguros de incendio y catástrofe en edificios considerados patrimonio nacional.

13.- Fortalecimiento Gremial de los organismos representativos de las empresas de menor tamaño.

14.- Costos de Formalización: cobertura parcial de los costos de conservadores de Bienes Raíces, notarios y Diario Oficial para los procesos de formalización de las empresas de menor tamaño.

15.- Alzamiento de cauciones sobre deudas canceladas: establecer el alzamiento obligatorio por parte del acreedor, y gratuito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo de las prendas e hipotecas sobre obligaciones que les hubiesen sido canceladas, en un plazo no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de pago de la respectiva deuda.

16.- Restricción de constitución de hipotecas generales: restringir la cobertura de hipotecas sólo a deudas efectivas y existentes, eliminando la práctica actual de constituir hipotecas generales sobre eventuales deudas futuras.

17.- Patente única territorial: establecer un tipo de patente única de actividades para el establecimiento de microempresas comerciales, con la excepción de alcoholes. Una medida como ésta facilita la competencia frente a los supermercados.

18.- Excepción a Pagos Provisionales Mensuales (PPM): excepcionar del pago de PPM, incluso a aquellas con contabilidad simplificada, a las empresas con menos de 3.000 UTM de ventas al año. Eso reduce las presiones de caja de las empresas de menor tamaño.

19.- Excepción a recaudación de IVA: excepcionar a las empresas con menos de 3.000 UTM de ventas anuales de la obligación de recaudar el IVA de las ventas realizadas a grandes contribuyentes, la cual será traspasada a éstos.

20.- Patente municipal: establecer un período de hasta un año después de iniciadas las actividades para que sea requisito obtener patente municipal.

21.- Regulación de la libre competencia: fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica para que pueda actuar por oficio ante posibles acciones de carácter monopólico en mercados de escasa competencia, particularmente para cautelar los eventuales abusos respecto de proveedores de menor tamaño.

22.- Cierre de Empresas: mecanismo simplificado de término de giro cuando las empresas presenten un año o más sin movimiento.

Compras Públicas

23.- Ajustar la normativa a fin de volverla más amigable y accesible, además de actuar de manera eficaz y decidida por el lado de la oferta, con el propósito de estimular el desarrollo de las iniciativas de los pequeños empresarios y ayudarlos a ocupar ciertos nichos de mercado.

24.- Establecer que hasta un 20 por ciento de las compras municipales podrá ser arbitrado por los municipios.

25.- Establecer que un 20% de los contratos marco sean adquiridos a las pequeñas y medianas empresas por parte del Estado.

Mercados populares:

26.- Facultar a los municipios para la habilitación en las vías públicas y en determinados días del mes, de mercados populares para la venta de bienes no alimenticios de origen nacional.

27.- Aprobar finalmente la ley relativa a ferias libres tramitada ya por siete años en el Congreso.

Santiago de Chile, 23 de abril 2007
Crónica Digital , 0, 20, 12

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DEROGACIÓN DE LA LOCE: REACCIONES DESTEMPLADAS PARA UNA TIBIA PROPUESTA

Lun Abr 23 , 2007
Tanto es así que, en vez de saber qué están diciendo los actores, parece más sensato preguntar qué quieren decir o qué intereses están defendiendo. Para no referirnos a la contundencia jurídica del cuerpo legal, es razonable afirmar que la propuesta de la presidenta Bachelet, desde el punto de vista doctrinario, está a medio camino entre las aspiraciones de los distintos actores. Recoge algunas propuestas históricas del llamado Bloque Social, particularmente la de derogar la Loce, pero no desmantela el sistema. Prohíbe la selección hasta octavo básico, pero la consagra en la enseñanza media. Proscribe el lucro con platas del Estado, pero no resta su aporte a la educación particular subvencionada. Sin embargo, en general, los medios han construido un clima en que los defensores del actual orden han anunciado y repetido el Apocalipsis, mientras los otros, los que han realizado u apoyado la movilización de los pingüinos, han caído en un evidente ostracismo, hagan lo que hagan. Para mantener la apariencia del pluralismo, eso sí, se ha dado cabida a personajes de distinta procedencia política. De este modo, mientras las posiciones de derecha y de los sostenedores se han expresado en voces como las de Juan Antonio Guzmán y Patricia Matte, en la Concertación, por lejos, los más entrevistados han sido José Joaquín Brunner y Mariana Aylwin, ambos de evidente cercanía ideológica con sus supuestas contrapartes. Además, en el caso de esta última, se trata de una ex ministra de Educación que luego se ha convertido en sostenedora, actividad en que comparte roles con otro ex titular de esa cartera, Sergio Molina. De haber otros ex ministros en la misma situación, se estaría configurando una tendencia preocupante de traspaso del mundo público al privado en educación, con evidentes efectos sobre las políticas públicas del sector, cuestión que ya ha sido denunciada y criticada en otros cargos de los gobiernos de la Concertación, como los de superintendente de Isapres y superintendente de AFP. La construcción de este clima público tiene evidentes efectos políticos en los límites de lo que se puede discutir y en las características que tendrá el debate legislativo. La paradoja radica en que aunque algunas de las propuestas del Gobierno están sustentadas por encuestas de apoyo mayoritario, como el fin del lucro, quienes se oponen pertenecen a sectores extraordinariamente poderosos. Por citar sólo a algunos, la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), la UDI, Renovación Nacional, la Iglesia Católica, la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), el Centro de Estudios Públicos y sectores influyentes dentro de la propia Concertación, fundamentalmente concentrados en la Democracia Cristiana. Para todos estos sectores, el blanco preferente y prioritario del proyecto de ley es la idea de terminar con el lucro, al punto que ha sido catalogado como “una vuelta al estatismo, al socialismo y al debate ideológico de los años 50”. La artillería lanzada ha postergado la pregunta respecto a cómo se garantizará que efectivamente el espíritu de la ley no se vulnere, puesto que en la educación […]

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