En declaraciones al canal RCN, Uribe aseguró que de darse el Acuerdo Humanitario (canje de prisioneros) no puede liberar a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que regresen a las filas insurgentes.
Asimismo expresó no ser partidario de despejar militarmente los municipios de Pradera y Florida, en el suroeste departamento de Valle del Cauca, sitio que se pensaba sería la mencionada zona de encuentro.
Sin embargo, el mandatario aseveró que «tenemos toda la disposición para negociar, sabemos que es muy difícil y lo hemos pensado cuidadosamente, por eso el Alto Comisionado para la Paz (Luis Carlos Restrepo) ha sido designado para ello».
Uribe insistió en que si se da una zona de encuentro, no es posible poner en iguales condiciones a los presos en las cárceles del país con los detenidos en poder de las FARC.
Apuntó que no se puede liberar a toda clase de presos debido a las limitaciones jurídicas, y las decisiones que se tomen no pueden desmotivar su política bandera de Seguridad Democrática, con la cual busca derrotar por la fuerza a ese grupo rebelde.
Tras reiterar que en la zona de encuentro no puede haber soldados ni guerrilleros armados, Uribe manifestó la disposición de su gobierno de apelar a un mecanismo para que una delegación internacional garantice la protección en ese lugar.
El presidente indicó que Restrepo está autorizado a entrar en contacto con las FARC a fin de definir qué sería una zona de encuentro, cuáles las condiciones que la regirían y cuál sería la expresión de buena fe previa de las FARC para avanzar en el proceso.
«Se que todas estas condiciones son difíciles, pero las quiero compartir con todos los colombianos porque el gobierno las ha pensado muy cuidadosamente, para que nuestros pasos a favor de la paz no se conviertan en pasos que debiliten la Seguridad Democrática», acotó.
La postura presidencial resulta contraria a la expresada por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC en su último comunicado, en el cual se declararon a la espera de un decreto de Uribe para iniciar las negociaciones.
El grupo rebelde asegura que están en sus puestos las unidades encargadas de verificar el despeje de los municipios de Florida y Pradera, en el suroeste departamento de Valle del Cauca.
Las FARC instan al gobierno a «definir si su interlocución es con una Organización alzada en armas contra el Estado o con terroristas, pues así la opinión nacional y la comunidad internacional tendrán claridad suficiente para determinar su presencia».
Siendo las FARC una Organización alzada en armas y sin existir ningún acuerdo de paz con el Estado, nuestros representantes harán presencia armada y contarán con sus propios dispositivos de seguridad, precisa el comunicado.
«Los prisioneros de guerra están en poder tanto del Gobierno como de las FARC. Por ello nosotros entregaremos a quienes tenemos y recibiremos a los guerrilleros detenidos actualmente», subraya.
«Colombia entera clama por salidas políticas. El gobierno tiene la palabra», concluye el documento rebelde.
Pero, por la decisión presidencial y el comunicado insurgente son varios los obstáculos a salvar por las dos partes para llegar al menos a negociar las condiciones en que sostendrían los diálogos para un eventual Acuerdo Humanitario.
Por Alejandro Gómez. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
Bogotá, 11 de octubre 2006
Prensa Latina , 0, 112, 11
