El juez Carlos Cerda, quien investiga el origen de la voluminosa fortuna del ex gobernante, sólo alcanzó a cerrar parcialmente ayer la investigación, que cuenta con 317 tomos acumulados, por delitos tributarios y falsificación de pasaportes.
Tras la decisión de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, adoptada por dos votos contra uno, todo quedará sin movimiento hasta que se resuelva si el juez ha expresado opiniones que afectan la imparcialidad de sus decisiones, según reclama la defensa.
El abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo de juristas que representa a Pinochet, solicitó hace dos semanas a Cerda inhabilitarse de seguir investigando el proceso dado que habría manifestado opiniones sobre las condiciones de salud de su cliente.
En un dictamen de junio de 2005, el magistrado sostuvo que Pinochet estaba en condiciones mentales de enfrentar un debido proceso y recomendó al juez de esa causa, Alejandro Solís, evaluar la apertura de un caso por violaciones a los derechos humanos.
En esa oportunidad, sin embargo, Cerda no estaba aún a cargo de las investigaciones, iniciadas en julio del 2004 cuando una comisión del Senado de Estados Unidos descubrió varias cuentas secretas del ex jefe del Ejército en el banco norteamericano Riggs.
Esta es la tercera vez que ese tribunal ordena paralizar la tramitación de este proceso -que intenta esclarecer el origen y cuantía de la fortuna del nonagenario ex general- utilizando la misma táctica dilatoria.
Antes que esta decisión de la Corte fuera conocida, Cerda alcanzó a decretar el término de las investigaciones relacionadas con la arista tributaria del caso, así como de la falsificación y uso de pasaportes.
Como la resolución de la Quinta Sala aún debe ser notificada oficialmente al juez, el cierre de sumario de las líneas indagatorias no puede ser invalidado, y estaría en condiciones de entrar a la fase acusatoria.
Por evasión tributaria, están procesados como autores Pinochet -por un monto superior a los 2,5 millones de dólares-, su esposa, Lucía Pinochet Hiriart, (841 mil), Marco Antonio Pinochet (239 mil) y su esposa, María Soledad Olave (60 mil).
En esta categoría están incluidos además Mónica Ananías, ex secretaria del general (r) (171 mil), y su ex albacea Oscar Aitken (tres millones). También como cómplices están encausados Lucía Hiriart, Aitken y Ananías. Por el uso de pasaportes falsificados, en tanto, están procesados además de Pinochet, sus hijos Augusto, Marco Antonio, Lucía y Erika Esteman, ex funcionaria del Registro Civil, que habría sido la encargada de entregar los documentos.
Con esta decisión, el ministro sólo dejó en fase de investigación la arista relacionada con el origen de la fortuna de Pinochet. Si bien la Corte Suprema ya aprobó el desafuero del ex militar por este episodio, el fallo aún no ha sido oficializado. En todo caso, el cierre de estas investigaciones puede estar sujeto aún a revocación en la medida de que las partes involucradas soliciten nuevas diligencias y que el juez acepte realizarlas.
Con todo, una señal inequívoca de esta decisión es que el juez Cerda estableció que Pinochet acumuló una fortuna aproximada de 28 millones de dólares, atribuidos presuntamente al comercio ilegal de armas, comisiones por compras de armamentos y tráfico de drogas.
Sin embargo, por dichos ilícitos hasta el momento no existen procesados, sólo una solicitud del Consejo de Defensa del Estado para procesar a ex miembros de la Casa Militar, a su hijo Augusto, su nuera, y a Patricio Madariaga, ex cónsul de Chile en California.
Santiago de Chile, 26 de agosto 2006
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