En una declaración pública, la IC señaló que en Chile se está escribiendo una nueva página en la historia de la infamia, el agraviado fue el juez Carlos Cerda, postulado por el gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.
El bloque opositor (16 miembros), de los 38 integrantes del Senado, lo vetaran el martes pasado por razones políticas. Se requerían cinco votos adicionales a los 20 gubernamentales para que se aprobara la incorporación de Cerda a la Suprema..
Según la misiva, el partido de izquierda, indicó que es reconocido por la sociedad chilena y la comunidad internacional que Carlos Cerda es un juez de gran capacidad jurídica y de encomiable apego a la justicia.
También es por todos sabido que esas características lo llevaron a entrar en conflicto con la obsecuente jerarquía judicial durante la dictadura militar al procesar a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, apunta la IC.
La colectividad integrante del Juntos Podemos Más, denunció que en la actual situación, las consecuencias de la impunidad y la falta de democracia en nuestro país. Estas lacras, frente a las cuales los gobiernos de la Concertación han actuado con cobardía y falta de responsabilidad histórica, permiten la presencia en el parlamento de personajes cuyo compromiso político y moral con la dictadura y sus crímenes, robos y violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. En esta situación se encuentran la mayoría de los parlamentarios de derecha.
Para la Izquierda Cristiana, el magistrado Carlos Cerda no es el primero ni será el último en ser objeto del soterrado propósito de venganza de quienes pretendieron gobernar por siempre al abrigo de las Fuerzas Armadas y en absoluta impunidad.
Lo escandaloso de este hecho y la afrenta a la democracia que implica debiera hacer reaccionar al actual gobierno para impulsar con decisión y voluntad política, las transformaciones imprescindible para construir una verdadera democracia en nuestro país y liberarnos de una vez por todas del chantaje y la mediocridad moral de la ultraderecha antidemocrática agrupada en la UDI y Renovación Nacional: una nueva constitución con una ley electoral acorde a nuestra realidad política, la anulación de la Ley de Amnistía y de todos los artilugios legales que impiden la investigación de la generalizada corrupción vivida bajo la dictadura, de la cual el enriquecimiento de Pinochet y su familia y las privatizaciones son sólo una muestra, y que enriqueció a muchos que hoy posan de exitosos empresarios o de guardianes de la democracia, finalizó la declaración.
Santiago de Chile, 7 de abril 2006
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