Para la reunión, convocada gracias a un acuerdo de la mesa directiva que contó con la firma de 40 parlamentarios, fueron llamados los ministros del Interior, Francisco Vidal (Jefe de Gabinete), y de Agricultura, Jaime Campos.
También fue citado a la sesión al intendente de la Quinta Región, Luis Guastavino, con el propósito de abordar un escándalo en la localidad de Quillota y otras denuncias relacionadas con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
En el caso de Quillota, la fiscalía local formuló cargos por fraude al Fisco en contra de cuatro personas, entre ellas el activista de la campaña del electo diputado socialista Marco Enríquez-Ominami, Luis Fernández.
En cuanto al INDAP se inició una investigación sumaria por el instructivo que el titular de la VIII Región, César Rodríguez, envió a sus subalternos pidiendo dinero para la campaña presidencial de la ex ministra socialista de Defensa.
La medida judicial también afectó al ex secretario regional del Ministerio del Trabajo de Valparaíso, José Manuel Mancilla, y a los contratistas Giuseppe Malatesta y Hugo Meza.
Las imputaciones se refieren al uso de cheques de programas de empleo que el alcalde de Quillota, Luis Mella, atribuye al comando del diputado electo del Partido Socialista (de la coalición de gobierno).
En el marco de este enfrentamiento, el candidato presidencial de la opositora Alianza por Chile, Sebastián Piñera, criticó en duros términos la visita hoy del presidente Ricardo Lagos a la Novena Región para apoyar la candidatura de Bachelet en las comunidades indígenas.
En visitas a las comunas de Lautaro, Vilcún, Carahue y Temuco, zona donde Bachelet obtuvo los peores resultados en la primera vuelta electoral, Lagos se reunirá con líderes indígenas, a las que La Moneda ofrece ahora reconocimiento constitucional a cambio de sus votos.
En tanto, el jefe político del comando oficialista, Andrés Zaldívar, salió en defensa de la candidata y afirmó que una marcha que realizarán hoy más de mil empleados del Estado en favor de Bachelet es una expresión ciudadana que resulta legítima.
«Los funcionarios públicos no están vedados de expresar su opinión», afirmó Zaldívar, al tiempo que respondió a las críticas de la oposición sobre intervencionismo electoral.
«Esto ya es una majadería, esta persistente denuncia de intervención electoral», destacó.
Para la oposición de derecha, la participación de altos funcionarios públicos, incluyendo al propio presidente, con fondos y mecanismos del gobierno que son costeados por todos los chilenos es ilegal y debe cesar.
La campaña electoral debe concluir para ambos el jueves, cuando se inicia un denominado «período de reflexión» hasta la segunda vuelta electoral del domingo, donde quedará definido cual de los dos candidatos será el próximo presidente de Chile.
Hasta el momento, la médico socialista, de 54 años, supera a su rival de la extrema derecha opositora por un margen de entre tres y el 11 puntos, de acuerdo a las últimas encuestas.
Santiago de Chile, 11 de enero 2006
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