El anuncio inicial de aumentar las pensiones mínimas y asistenciales en un 10 por ciento -el mayor reajuste en 16 años de gobiernos de la Concertación-, y otros planes sociales despertó amplias simpatías y apoyo en todo el país.
La medida, que tiene un costo para el Estado de unos 180 millones de dólares, beneficiaría a un millón 200 mil chilenos de los sectores más golpeados por el modelo económico implantado por la dictadura militar (1970-1990) y «mejorado» por los gobiernos civiles que le sucedieron.
Sin embargo, al presentar el proyecto de ley a discusión en el Congreso la mandataria lo condicionó a mantener de manera indefinida en el 19 por ciento el Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los más altos que se pagan en América Latina.
En enero de 2004, que era de 18 por ciento, el Congreso aprobó una propuesta del entonces presidente Ricardo Lagos de aumentar provisionalmente -sólo hasta enero de 2007- un punto porcentual para hacer frente a planes sociales emergentes.
La medida sorprendió a los legisladores, tanto de la oposición como del propio gobierno, que la consideraron injustificada -algunos llegaron a llamarla «oportunista»- y rompe el compromiso electoral de Bachelet de no aumentar los impuestos.
Tanto la presidenta como su ministro de Hacienda Andrés Velasco -a quien se le atribuye la iniciativa- insisten que los 600 millones de dólares que se recaudarían por esa vía son absolutamente fundamentales para mantener en el tiempo los planes sociales propuestos.
Sin embargo, para amplios sectores políticos -no sólo de la oposición- los proyectos pueden ser asumidos por el gobierno sin necesidad de mantener el IVA, una medida que afecta fundamentalmente a la clase media y baja del país, que son los que más impuestos pagan.
«Creo que esta es una diablura del nuevo ministro de Hacienda (Andrés Velasco)», afirmó el economista Manuel Riesco al destacar que en la práctica la medida constituye una subida de los impuestos, algo que se había asegurado no ocurriría.
Riesco, miembro del Directorio de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, declaró a Prensa Latina que el gobierno dispone de un superávit record en la historia del país para hacer frente a ese y otros planes que se proponga en el plano social.
«La Presidenta no está cumpliendo lo que prometió en su campaña, de no aumentar ningún impuesto, creo que se trata de pasar desapercibido este aumento del IVA», dijo por su parte el diputado opositor Julio Dittborn, en un planteamiento que recoge el sentir de la derecha.
Mientras, la consultora Altura Management presentó ayer un estudio donde afirma que los programas sociales anunciados por Bachelet son viables sin mantener el IVA en 19 por ciento, a partir de la mayor recaudación percibida por el fisco producto del crecimiento económico.
Según los cálculos de la empresa independiente, mientras el país mantenga un crecimiento sobre el cinco por ciento anual, el fisco podría recaudar entre mil 200 y mil 400 millones de dólares.
Con ese dinero -afirma- sería posible financiar los dos proyectos prioritarios de la administración de Bachelet: el incremento de las pensiones y la implementación de salas cuna (esto a pesar de los 600 millones de dólares que dejaría de ingresar al bajar el IVA a 18).
«Si los proyectos sociales cuestan entre 300 y 400 millones de dólares como dice el Gobierno, los mil 500 que recibe por crecimiento económico les permite asumir esos costos y financiar otros planes», afirmó Bernardo Luque, director de estudios de Altura.
Por su parte, Victoria Beaumont, directora de la entidad, aclaró que no critican que existan más impuestos para nuevas obras sociales, sino la forma en que se presenta la propuesta y el que se rompa un compromiso con la ciudadanía.
Por: Angel Pino Rodríguez. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 7 de abril 2006
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