La débil institucionalidad energética nacional, los restricciones externas de gas, el alza en el precio del petróleo y la alta concentración económica del sector eléctrico provocan que la anunciada alza del 7,6% en las tarifas sea altamente regresiva, es decir, que perjudica más a los estratos más pobres de la población.
Lo anterior es así ya que según la estructura del gasto de los hogares obtenida a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el 20% de los hogares más pobres del país gastan relativamente más en combustibles y electricidad que el 20% de los hogares más ricos. Mientras los primeros gastan un 6,6% de su ingreso en este ítem, los segundos sólo gastan un 2,8%, es decir los más pobres gastan en combustibles y electricidad 2,4 veces más. Si consideramos sólo el gasto en electricidad esta diferencia aumenta a casi 3 veces. El Gobierno consciente de este efecto regresivo en los ingresos de los hogares chilenos, amparándose en la nueva ley eléctrica, conocida como Ley Corta II, que permite entregar un subsidio al 40% de los hogares más pobres del país cuando las tarifas aumenten en más de un 5%, entregó subsidios directos, estimándose el costo total de la medida en 10 millones de dólares.
Sin embargo esta medida es del todo insuficiente ya que consiste en un pago de 1.200 pesos para los primeros 3 meses, para luego caer a 600 pesos en los 3 meses siguientes, cuando los analistas estiman nuevas alzas en el mediano plazo, y considerando además que las tarifas eléctricas han amentado en un 65% desde el año 2000 a la fecha, excluyendo en este cálculo el IVA, los cargos fijos y el arriendo de medidores. Hay que tener en cuenta, además, que el 40% de los ingresos fiscales (de donde se obtiene el monto del subsidio) provienen del IVA, impuesto que grava más en términos relativos a los más pobres de la población.
Pero lo más paradójico del caso se presenta cuando se analizan las razones por la cual se produce el aumento en las tarifas. Por un lado efectivamente se presentan aumentos importantes en los costos de generación, ligados a los aumentos en el precio internacional del petróleo y en las restricciones de gas desde Argentina, pero por otro lado es innegable la influencia que tienen las revisiones de los precios en algunos contratos libres entre grandes generadoras y grandes empresas o clientes libres (ej. Acuerdo Colbún-Codelco), esto ya que el precio nudo, el precio base para determinar las tarifas, es función de las tarifas promedio de los clientes libres. Se calcula que esto tuvo un efecto importante en el alza de más del 11% en el precio nudo en el Sistema Interconectado Central, SIC. Lo anterior se refuerza ya que la Ley Corta II cambió el sistema de bandas de las tarifas que afectan a clientes residenciales y pequeñas empresas o clientes regulados. La ley antigua establecía que el precio nudo no podía tener una diferencia de 5% si se le compara con el promedio de tarifas de los clientes libres o grandes empresas. Con la Ley Corta II la banda se amplió a un 30%, lo que en la práctica permite traspasar los mayores costos desde los clientes grandes a los más chicos. Esto es justamente lo que ha ocurrido en esta alza de tarifas.
El traspaso de costos desde las generadoras a los clientes grandes y de éstos a los clientes más chicos es impulsado por la altísima concentración que existe en el mercado eléctrico, tanto a nivel de generadoras como de distribuidoras. Enersis a través de Chilectra controla más del 50% de la distribución total en el SIC, y a través de Endesa domina casi la totalidad del sistema de transmisión troncal del SIC y más del 60% de su generación. A su vez, Endesa y AES Gener generan más del 80% del total de la energía eléctrica del SIC.
Obviamente esta altísima concentración permite que las generadoras tengan un poder de negociación altísimo para fijar los contratos con sus grandes clientes y traspasar íntegramente los mayores costos de generación a los usuarios. De otra forma no se entiende los impresionantes aumentos de utilidad registrados por las empresas eléctricas en lo que va del año.
Según la Superintendencia de Valores y Seguros, las utilidades de Endesa aumentaron en casi un 75% al tercer trimestre de este año llegando a los 143.000 millones de pesos. Mientras las utilidades de Enersis aumentaron en un 59% en el mismo período totalizando más de 243.500 millones de pesos. Colbún, empresa ligada al grupo Matte, vió crecer sus utilidades en un 151% en el mismo período, respecto del 2005, alcanzando los casi 114.000 millones de pesos.
Con esto está más que claro que la actual institucionalidad eléctrica no ayuda para nada a mejorar la pésima distribución de ingresos en nuestro país.
Por: Cristián Gutiérrez
Economista de CEPADECH
Santiago de Chile, 31 de octubre 2006
Crónica Digital
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