Según el informativo central del canal cuatro de la televisión nacional, el envío de los militares fue adelantado y, a su arribo a Santiago de Chile, serán entregados al juez que sigue la causa.
Los uniformados uruguayos son considerados culpables del secuestro, detención ilegal y asesinato del bioquímico chileno Berríos, un ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet, que utilizaba medios químicos para asesinar a opositores.
Berríos fue trasladado a Uruguay en forma clandestina y apareció luego asesinado con dos tiros en la cabeza, en 1995, en un balneario del departamento Canelones, vecino a Montevideo.
El militar uruguayo Casella también fungió en 1993 como seguridad personal del ex dictador Pinochet cuando este visitó Uruguay para encontrarse con su homólogo local, Juan María Bordaberry, que ahora enfrenta un juicio por secuestros, asesinato y violar la constitución en 1973.
Para algunos analistas, la orden de asesinar a Berríos la dio el propio Pinochet cuando visitó Montevideo.
En Uruguay, el ex guerrillero Tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro manifestó su posición contraria a enviar a los militares para que sean juzgados en Chile, al considerar que debían ser investigados aquí, pero la justicia local ya cerró el caso.
También manifestaron rechazo a la extradición de los uniformados, los militares retirados y sectores de extrema derecha del Partido Colorado (PC), actualmente en la oposición, así como conservadores del Partido Nacional (PN).
Montevideo, 18 de abril 2006
Prensa Latina , 0, 80, 11
