El economista criticó duramente el proceder de las autoridades marítimas y de gobierno, que actúan como empleados serviles de una empresa tan cuestionable como Celco, llegando a extremos tan peligrosos como el visto ayer.
Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, CONAPACH, agregó, en tanto, que a diferencia de Carabineros, la Armada no es una institución que cuente con armas de disuasión, por lo que hizo uso de armas de fuego que pudieron desencadenar una tragedia aún cuando los disparos hayan sido efectuados sin apuntar directamente a las lanchas pesqueras.
Wladimir Riesco, abogado de Acción por los Cisnes, señaló por su parte que la fuerza inusitada con que actuó la Armada a instancias de la Fiscalía, contrasta claramente con la pasividad con que el mismo Ministerio Público ha actuado en la investigación por la contaminación del río Cruces, que es responsabilidad de la misma empresa. El abogado indicó también que la única manera de evitar una escalada de violencia en este conflicto es que el Gobierno se haga parte en la necesaria discusión en torno a la planta de celulosa, que quiere instalar el mismo ducto que destruyó el santuario valdiviano en una zona marina de alta riqueza ecológica, y que constituye la fuente laboral de la comunidad de Mehuín.
Finalmente, el director de Oceana enfatizó que todo esto se hubiera evitado si por al menos una vez el Gobierno hubiera escuchado a la comunidad, que se opone en forma categórica a este ducto que envenenará el litoral valdiviano. Lo único aceptable en este punto es buscar una solución alternativa, utilizando tecnologías de circuito cerrado, sin emisiones al medioambiente y reutilizando el agua contaminada que actualmente se sigue descargando en el río Cruces.
Santiago de Chile, 18 de agosto 2006
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