En su proyecto de gobierno pretende eliminar las grandes desigualdades sociales, cambiar el sistema electoral binominal, que excluye a amplios sectores de la sociedad, y reconocer los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
Otra de sus metas, sobre lo cual ya ha dado los primeros pasos en la elección de su gabinete ministerial, es hacer de Chile -uno de los más atrasados de América Latina en materia laboral- un país de completa paridad entre hombres y mujeres.
La mandataria recibe una economía en pujante desarrollo, con crecimiento en los dos últimos años sobre el 6,0 por ciento gracias a los altos precios del cobre, pero con un nivel de desigualdad que la propia iglesia católica califica de «vergonzante».
A pesar de un crecimiento sostenido (en la macro economía) y una disminución de la pobreza más aguda, una encuesta reciente de la empresa consultora Casen muestra que todavía hay más de tres millones de chilenos que viven bajo esta categoría.
De acuerdo con diversos informes internacionales, incluyendo de organismos especializados de Naciones Unidas, Chile ocupa el undécimo lugar entre los países de peor distribución de ingresos en el mundo.
A pesar que la tasa de crecimiento promedio en la década del 90 fue del 5,8 por ciento, las diferencias entre los segmentos más altos y los más bajos de la sociedad aumentaron en más de ocho puntos.
La relación entre el ingreso que obtenía el 10 por ciento más rico frente al que acapara el mismo porcentaje del más pobre era en 1990 de 30 veces, mientras que en el 2000 subió a 38,5. Esta tendencia se ha mantenido con poca variación en el gobierno del presidente Lagos.
Para superar los problemas que hereda de la administración de presidente Lagos, la nueva gobernante propuso durante su campaña -y ya trabaja aceleradamente en su implementación- un plan de 36 medidas para ser cumplidas en sus primeros 100 días en La Moneda.
El proyecto implicaría la adopción de una medida importante cada tres días como promedio, en áreas que abarcan el empleo, seguridad social, educación, salud, seguridad ciudadana, mujer, así como medio ambiente y ciudad.
También incluye políticas de descentralización hacia las regiones, servicio militar y mejor democracia, aspecto donde se propone presentar un proyecto de reforma constitucional para eliminar el sistema electoral binominal.
Los ejes principales de su planteamiento serán puestos, sin embargo, en el empleo -que afecta a más de medio millón de chilenos-, educación, seguridad y salud, tres las áreas más deficientes en el gobierno de su mentor, el presidente Ricardo Lagos.
En el primer aspecto, la postulante a La Moneda señaló que aumentará hasta 25 años la edad para acceder al programa de bonificación al contrato de aprendizaje y aumentará el subsidio a un 50 por ciento de un salario mínimo.
En materia educacional, se entregará un subsidio que financie la atención preescolar para niños entre 0 y 3 años, de hogares pertenecientes al 40 por ciento más pobre de la población.
Al mismo tiempo, propuso crear 20 mil nuevos cupos en pre escolares y se habilitarán 800 salas cunas en todo el país, beneficiando a unos 20 mil niños y niñas.
Creará además un subsidio en que el Estado financiará hasta el 50 por ciento del salario mínimo por un año para estimular la contratación de jóvenes en riesgo social, de manera que contribuya a alejar a ese segmento de la delincuencia.
En cuanto a salud, otra de las más críticas en el país, se garantizará la gratuidad en la atención hospitalaria a todas las personas mayores de 60 años.
El plan incluirá además, entre otras medias, más subsidios para la contratación de trabajadores, un reajuste automático de las pensiones más bajas y acceso garantizado para las pensiones asistenciales sin listas de espera.
Por: Angel Pino Rodríguez. El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 12 de marzo 2006
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