El dirigente de la PIT-CNT Luis Puig, encargado del tema derechos humanos, comentó que esperan el tema sea tratado en el parlamento nacional.
De cualquier manera aunque la iniciativa no resulte aprobada, los trabajadores y organizaciones sociales, así como algunas de izquierda, lanzarán una campaña para recoger firmas y concretar un plebiscito nacional.
La normativa fue aprobada en 1988 en una situación muy especial, a poco de restablecerse el gobierno civil (1985), y cuando aun persistían rumores de posibles movimientos militares.
En esa oportunidad, los partidos conservadores Colorado y Blanco (hoy en la oposición) y los militares negaban de que en la dictadura (1973-1985) se hubiese torturado, secuestrado y asesinado.
Sin embargo, en el 2000 se instaló la Comisión de la Verdad, ante la cual y en secreto, militares revelaron conocer asesinatos de prisioneros políticos y el entierro de restos de víctimas dentro de unidades castrenses.
Tras instalarse el gobierno del presidente Tabaré Vázquez (marzo 2005), la búsqueda de restos de asesinados políticos dio como resultado el hallazgo de por lo menos dos víctimas, y aun se mantiene la búsqueda de otros.
Investigaciones periodísticas y revelaciones de antiguos represores revelaron que existieron por lo menos dos de los llamados vuelos de la muerte, en los cuales se trasladaban prisioneros uruguayos desde la vecina Argentina, como parte del represivo Plan Cóndor.
Aunque no aparezcan datos por declaraciones o documentos, el Poder Ejecutivo trabajará en investigaciones que permitan recomponer archivos que resulten importantes para descubrir la verdad, dijo el subsecretario del Ministerio de Defensa, José Bayardi.
Sin embargo, tanto el gobierno como la mayoría de los partidos del gobernante Frente Amplio consideran que la Ley de Impunidad permite avanzar en la investigación de los terribles hechos que sacudieron la vida de los orientales en dictadura.
Montevideo, 21 de junio 2006
Prensa Latina , 0, 62, 11
