CRECE INCERTIDUMBRE POR FRAUDE EN ELECCIONES ECUATORIANAS

El economista Alberto Acosta, del movimiento Alianza País, denunció que el pueblo no acepta como reales los datos aportados por la empresa brasileña E-VOTE, que sólo contabilizó hasta el 70,5 por ciento del escrutinio.

Opinó que E-VOTE, contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ofreció unas cifras fraudulentas e incompletas y abogó por impugnar tal proceso.

Creo que hemos comprobado hasta la saciedad cómo se manejaron los datos de esta empresa, subrayó Acosta al abogar por la apertura de todas las urnas del país para revisar los votos, las actas y los resultados finales.

Tiene que haber transparencia, enfatizó el economista, quien señaló que hasta anoche no existía un resultado preliminar oficial de los comicios presidenciales y menos de los diputados.

Acosta denunció la existencia de un contubernio entre las mafias políticas del partido social cristiano y de la organización Renovadora Institucional (Prian), del multimillonario Alvaro Noboa, para hacerse con el poder en el Ecuador.

Reiteró la necesidad de que exista claridad en todo el proceso, pues el fraude no sólo pudo registrarse en las mesas, sino también en programa de computación utilizado para registrar el sufragio.

A pesar de estás marañas de la derecha, la ciudadanía conoce que está en segunda vuelta y Alianza País, con menos de un año de creada, constituye hoy una fuerza que ha desplazado a todos los partidos tradicionales, expresó Acosta.

«Hemos enfrentados a las grandes chequeras (agrupaciones de poder político-económico) y las hemos derrotado», apuntó.

Quito, 17 de octubre de 2006.
Prensa Latina
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LA NECESIDAD DE ANULAR LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA LEY DE AMNISTÍA DE 1978

Mié Oct 18 , 2006
La historia de la Dictadura de Pinochet se resume en asesinatos, desaparecidos, tortura, prisión, exilio. Una muestra cruel e indesmentible de la insana militar que gobernó Chile durante casi 17 años. Pero el terrorismo de estado no solo se limitó a ejercer su política de exterminio de manera implacable sino que le dio un sustento legal que asegurara a los agentes del estado que realizaban el “trabajo sucio” de la Junta Militar no fueran condenados por esos crímenes. Así nace el Decreto Ley 2191 de Amnistía de 1978. SU ORIGENES El Decreto Ley N. 2191 DE Amnistía fue redactado por Mónica Madariaga, ministra de Justicia del régimen militar y fue publicado en el Diario Oficial del 19 de abril de 1978 cuando el Congreso Nacional llevaba cinco años disuelto. El Decreto Ley tuvo como objetivo exculpan de responsabilidad penal a quienes cometieron delitos, fueron inductores o encubridores de crímenes cometidos desde el mismo día del golpe militar hasta el 10 de marzo de 1978. Su creación y posterior publicación fue la respuesta de la Dictadura a la cuarta condena consecutiva de Naciones Unidas -diciembre de 1977- por la práctica represiva del Estado de Chile. A ello, se suma la decisión del gobierno de facto de reemplazar el estado de sitio que regía en país por otro calificado de emergencia. Paralelamente la Dictadura dio inicio a la CNI (Central Nacional de Informaciones) que continuó sembrando el terror implantado por la DINA dirigida por Manuel Contreras.. UNA LEY DE AUTOPERDÓN La ley de amnistía no hace diferencias entre delitos comunes y crímenes de motivación política que violaron a los derechos humanos. Acogidos bajo el DL 2191 son aquellos individuos procesados por robo agravado, secuestro de menores y fraude quienes estaban inculpados al momento de entrar en vigencia la ley. Expresamente excluidos de la amnistía, debido a presión de los Estados Unidos, fueron quienes estuvieron implicados en la causa por homicidio y falsificación de pasaportes que constituyó un paso preparativo para el asesinato del canciller Orlando Letelier. En abril de 1978 cuando entró en efecto la ley, cientos de presos políticos llenaban las cárceles de Chile, la gran mayoría sin que se haya emitido sentencia alguna en su contra. Pero ni un solo agente de la represión estaba siquiera acusado de cometer actos criminales de parte de la dictadura. Según antecedentes de la época aproximadamente 69 presos políticos, la mayor parte de ellos en la Penitenciaria de Santiago y cuyas sentencias ya estaban conmutadas a exilio fueron los únicos opositores al régimen militar beneficiarios del supuesto gesto humanitario del DL 2191. Santiago de Chile, 18 de octubre de 2006. Roberto Portilla El autor es periodista y Editor General de Crónica Digital , 0, 126, 3

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