En medio de una fuerte ofensiva de la oposición contra políticas gubernamentales en temas candentes, como impuestos a la gasolina, delincuencia, conflicto indígena, reforma electoral y de pensiones, entre otros, Bachelet llamó ayer a sus colaboradores a «trabajar duro».
Por más de 10 horas se extendió en Cerro Castillo, en la Quinta Región, el consejo de gabinete ampliado que encabezó la gobernante, donde participaron 20 ministros, 31 subsecretarios y tres jefes de servicios.
Se trató de la segunda cita de coordinación después del cónclave del estadio San Jorge, aunque esta vez la idea fue afinar la agenda del ejecutivo de 2007 con miras a lo que será la discusión presupuestaria que comienza en septiembre.
El vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que la jefa de Estado llamó a los presentes a «no decepcionar», tras definir las prioridades para los próximos 12 meses y donde fueron tratados aspectos coyunturales, a los cuales la derecha hace resistencia.
La nueva agenda tiene como base de partida las cuatro áreas anunciadas por la mandataria en su informe a la nación del 21 de mayo pasado y que tienen que ver con temas críticos como la educación, previsión social, calidad de vida y seguridad ciudadana.
Lagos Weber enfatizó que el encuentro buscó «afianzar la coordinación interna» y descartó que la cita estuviera orientada a poner orden en el gobierno, como insisten en la oposición de derecha.
El titular del Interior y jefe de gabinete, Andrés Zaldívar, dijo a su vez estar satisfecho con el resultado. «Fue una reunión muy importante donde vimos la agenda legislativa, el programa de cada ministro, las estrategias a seguir, los temas comunicacionales», enfatizó.
Zaldívar insistió que las nuevas metas del gobierno «son perfectamente cumplibles», a pesar de las restricciones presupuestarias, e insistió en que no habrán mayores problemas para lograr eficientemente el programa del Ejecutivo.
Entre los principales retos que enfrenta La Moneda están dos proyectos claves comprometidos por Bachelet: el cambio del sistema electoral -con fuerte resistencia de la derecha- y las reformas previsionales, que despiertan desconfianza en sectores de la izquierda.
En el primer caso, el Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley al Congreso tras lograr un trabajoso balance entre las posiciones de cada uno de los cuatro conglomerados que integran la coalición gobernante y los partidos y organizaciones de la izquierda.
El equilibrio se puso de manifiesto la pasada semana con la creación de un frente convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y donde participaron en un inédito encuentro los máximos exponentes de los sectores que luchan por el cambio.
La derecha opositora, cuya fuerza depende del actual sistema electoral, anticipó ya que se opondría, mientras el gobierno insiste en la opción legislativa, sin descartar del todo la posibilidad de convocar un plebiscito como medida de presión política.
En el caso del sistema de pensiones, está aún por ver la propuesta que presentará el Ejecutivo en el Parlamento, pero algunos trascendidos, como la posibilidad de aumentar la edad de jubilaciones a las mujeres a 65 años, han provocado ya una tormenta política.
La composición de la Comisión Presidencial creada por Bachelet para examinar el tema, que preside el socialista Mario Marcel, dejó muchas interrogantes en el mundo de la izquierda y el progresismo por el marcado peso dado por la mandataria al sector privado neoliberal.
El ente está dominado por ejecutivos de las grandes empresas que controlan el fondo de pensiones, así como expertos y economistas de tendencia derechista, mientras fueron excluidos representantes de los trabajadores -principales interesados- y los sectores de la izquierda.
Por: Angel Pino R. el autor es periodista. Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 29 de junio 2006
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