El tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá en Buenos Aires para escuchar una demanda de condena solicitada por los activistas medioambientales Marcel Claude, Sebastián Cox y el ex diputado opositor, Arturo Longton.
Claude, director de la Fundación Oceana, indicó que el caso tiene su origen en una petición formulada a las autoridades chilenas en 1998 sobre un proyecto de una transnacional forestal que pretendía explotar lenga, una especie protegida, en la región austral de Magallanes.
Las autoridades gubernamentales se negaron a entregar detalles del proyecto y cuando los ambientalistas recurrieron a la justicia local los tribunales fallaron en su contra, cerrando toda posibilidad de ventilar el conflicto dentro de la institucionalidad chilena.
En esas circunstancias decidieron acudir a la Corte Interamericana para que analice la situación y condene al Estado de Chile por no respetar el derecho a información de la ciudadanía, consagrado en los tratados internacionales, de los cuales el país forma parte.
El fallo de la corte se espera sea entregada a fines de año o a comienzo de 2007, según indicaron.
En un encuentro con corresponsales extranjeros, Claude señaló que no obstante una serie de disposiciones sobre la transparencia y la probidad vigentes en el país, en la práctica, el derecho a la información sigue siendo negada a la ciudadanía.
El también economista y analista político tiene pocas expectativas de que esta situación vaya a cambiar con el gobierno que recién inaugura la presidenta Michelle Bachelet, aún cuando ha prometido priorizar la atención al medio ambiente.
Dijo tener la percepción de que todo va a seguir igual, «porque se trata de una política de Estado, y en Chile existe una relación privilegiada entre el gobierno y el capital nacional y extranjero».
Explicó que mientras esa política persista será muy difícil avanzar, de no mediar una acción mucho más decidida por parte de la ciudadanía para reclamar sus derechos. «Las cosas no cambian porque simplemente cambien las personas, los derechos se conquistan», apuntó.
Señaló que en Chile eso no ha acontecido, en parte, porque los gobiernos que siguieron a la caída de la dictadura «se han concertado con las transnacionales y los grandes grupos económicos para debilitar la acción ciudadana».
Claude destacó el hecho de que el nivel de participación de los chilenos en actividades política apenas alcanza el dos por ciento, y lo atribuyó en gran medida a la falta de transparencia y vínculos de las elites de los partidos políticos con sus bases y la ciudadanía.
Subrayó que todo esto, sumado a la concentración de la prensa en dos grandes grupos monopólicos, que manejan la información de manera consistente con los intereses del capital nacional y extranjero, trae como consecuencia la desmovilización ciudadana.
Santiago de Chile, 31 de marzo 2006
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