Tres excarabineros señalados como principales responsables del homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018 fueron puestos en prisión preventiva.
La Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la Región de La Araucanía, ordenó la aplicación de esa medida a los exuniformados Carlos Alarcón, Raúl Ávila y Braulio Valenzuela, quienes a principios de enero resultaron culpables en un juicio que se prolongó por meses.
Con ello el tribunal revocó el arresto domiciliario total en que se encontraban Alarcón y Ávila y el arraigo con firma mensual a que estaba obligado Valenzuela, y ocurre a pocos días de que se informe de las condenas, en vista prevista el próximo día 28.
Según se demostró en la vista, Catrillanca murió de un disparo en la cabeza, realizado por Alarcón –integrante de un destacamento del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros–, en un operativo en la zona de Temucuicui.
Los uniformados intentaron ocultar el homicidio con falsos testimonios de que había ocurrido durante un intercambio de disparos, y además ocultaron evidencias y obstruyeron las investigaciones del caso e incluso recibieron para ello órdenes superiores.
Esa actuación generó un gran escándalo nacional que devino una profunda crisis al interior de Carabineros y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, y condujo a la renuncia o destitución de alrededor de una decena de altos oficiales, entre ellos el jefe de la institución, el ahora exgeneral Hermes Soto.
Incluso salpicó al entonces Ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuya renuncia fue exigida por amplios sectores políticos y sociales, pero que recibió en todo momento el respaldo de Piñera.
Los enjuiciados fueron Ricardo Alarcón como autor de los delitos de homicidio simple consumado de Catrillanca y homicidio frustrado de un menor que lo acompañaba en ese momento; Raúl Ávila por apremios ilegítimos, disparos injustificados y obstrucción a la investigación, y Valenzuela por esos dos últimos ilícitos.
También condenaron a otros cuatro excarabineros y un abogado que prestaba servicios al cuerpo policial, por obstrucción a la justicia.
Según informó en su momento el Fiscal Roberto Garrido, de la Unidad de Derechos Humanos de La Araucanía, los imputados arriesgan penas que van desde cinco hasta más de 15 años de cárcel.
Santiago, 20 de enero 2021.
Crónica Digital / Prensa Latina.
