El parlamentario dijo que esta investigación por el uso de los gastos reservados, iniciada en diciembre del año pasado y donde ya han declarado varios ex ministros del Interior y de Hacienda, así como directores de presupuesto de esa época ya ha podido acreditar, a través de los peritajes de la Bridec, que entre 1976 y 1989 el gobierno de Pinochet, fundamentalmente a través del gobierno interior, traspasó más de 37 mil millones de pesos a la DINA y a la CNI, para ser utilizadas en tareas represivas, sin que exista ningún respaldo para el uso de esos recursos públicos.
Navarro indicó que Cardemil debe declarar, así como ya lo hizo el ex- Ministro del Interior Carlos Cáceres y el de Hacienda Hernán Buchi. No obstante, es preciso señalar que sin perjuicio de la responsabilidad del ministro en estos hechos, no puede ser el único declarante sobre los gastos reservados de los últimos años de la dictadura. La responsabilidad ejecutiva de dichos gastos corresponde también al Subsecretario, quien detenta poderes legales sobre su administración, y por cierto, un contacto más directo con los mandos a quienes iban destinados tales recursos.
Cardemil debe declarar -prosiguió- para qué se utilizaron efectivamente estos dineros. La razón de Estado no es aplicable en este caso, y por suerte en Chile no existe la Quinta Enmienda de EEUU. Cardemil debe decir la verdad, pues él la sabe.
El legislador recordó que el 4 de septiembre de 1989, durante el período de Cardemil como Subsecretario de Interior, fue asesinado Jécar Neghme Cristi, dirigente y vocero del MIR, por agentes de seguridad del Estado quienes operaron con dineros y recursos públicos.
El parlamentario además citó a Andrés Allamand, que en su libro, El Desalojo señala: Durante todo el verano de 1988 me ocupé personalmente de la campaña interna. Recorrí el país y pude constatar de qué forma intervenían algunos alcaldes: funcionarios premunidos de listas de votantes y montados en camionetas municipales contactaban, uno a uno, a los militantes y los instaban a apoyar las listas de la UDI ( ) A principios de marzo denuncié la intervención del Gobierno. Jarpa, más cauto, pero plenamente informado de lo que ocurría, aseveró que hacía fe de mi palabra.
A ello -añadió- se suman las denuncias de Renato Gazmuri, candidato a senador por la Octava Región de esa época, publicadas en el diario El Sur, del 12 de Octubre de 1989 quien señala que: había intervención electoral por parte de funcionarios de gobierno, hecho que (él) puso en conocimiento de la directiva nacional de su partido, Renovación Nacional.
El senador socialista señaló gracias a la denuncia que hiciéramos ante el 2º Juzgado del Crimen de Santiago, en causa Rol Nº191.435, por el delito de malversación de fondos públicos, y que actualmente tramita la Ministra Valdovinos, se ha podido aclarar progresivamente un punto negro en la historia de la probidad fiscal en Chile, donde dineros de todos los chilenos, fueron utilizados para reprimir, matar y torturar a compatriotas, y eventualmente para intervenciones electorales.
Finalmente Navarro dijo que más allá de las pataletas o silencios de muchos pinochetistas que buscan levantar el discurso de la persecución, algunos civiles están pasando piola, desde que dejaron de ir a los cumpleaños de Pinochet, lo mismo que hicieron cuando se distanciaron de Paul Schaeffer y Colonia Dignidad. La justicia y el derecho deben seguir trabajando y actuando, aunque ahora traten de vestirse de demócratas y algunos incluso renieguen de su pasado.
Santiago de Chile, 5 de octubre 2007
Crónica Digital , 0, 80, 3
