Legisladores de centroizquierda convocaron a una sesión especial de la cámara baja del Congreso para analizar un proyecto de ley que demanda la revocación de los llamados decretos del perdón firmados por el ex presidente Carlos Menem.
La iniciativa califica de «inconstitucionales e insanablemente nulas» las amnistías que favorecieron a ex jerarcas del régimen de facto como Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y otros altos jefes de la dictadura.
Tras derogar los indultos, el texto invalida «todos los fallos judiciales dictados en cualquier tiempo» en base a ellos.
De esa manera, para los condenados quedarían «restablecidas las penas inicialmente dispuestas» y las investigaciones judiciales, que fueron interrumpidas, continuarían su trámite en el punto en que se encontraban.
La de mañana será la cuarta oportunidad en que el tema de las violaciones a los derechos humanos durante esa triste etapa de la historia argentina trata de ser discutido en el Parlamento.
En 2003, también en vísperas del 24 de marzo, fecha del último golpe de Estado, diputados de izquierda presentaron una propuesta similar, pero la bancada del gobernante Partido Justicialista hizo valer su mayoría y transformó el proyecto en una declaración.
En esa ocasión, el pedido de nulidad terminó siendo una exhortación a los fiscales para que resolvieran la inconstitucionalidad en el marco de las propias causas abiertas.
Fuentes judiciales citadas por la agencia noticiosa Télam dijeron que el 29 aniversario del golpe castrense llegará el jueves enmarcado en la inminente elevación a juicio oral de las denominadas megacausas por violaciones a los derechos humanos.
Los magistrados a cargo de los excesos cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y por el robo sistemático de recién nacidos, cerrarán sus investigaciones y remitirán toda la documentación a los tribunales.
Además de Videla y Massera, serían juzgados, por delitos que prevén condenas máximas de reclusión perpetua, los represores Guillermo Suárez Mason, Reynaldo Bignone, Alfredo Astiz, Rubén Franco, Antonio Bussi y Cristino Nicolaides.
Completan la lista el ex comandante de Institutos Militares Santiago Riveros y ex marinos como Jorge «Tigre» Acosta y Héctor Febres, entre otros.
Con esta decisión, muchos miembros de la dictadura enfrentarían un juicio oral y público por primera vez en su vida, debido a que gozaron de inmunidad durante años con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la década de 1980.
Luego de la supresión de esas normas resuelta por el Congreso, el 21 de agosto del 2003, se reabrieron causas en su contra y muchos volvieron a la cárcel, o la pisaron por primera vez desde el fin de la junta militar.
Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Procuración General, que creó una unidad especial para asistir a los fiscales involucrados en procesos vinculados con el terrorismo de Estado, son 122 los detenidos por violaciones a los derechos humanos.
De ellos, 120 se encuentran en el país y dos en España, y varios acumulan más de una causa.
En tanto, hay 19 prófugos y seis acusados que recibieron falta de mérito, 48 represores fallecidos y tres imputados fueron declarados incapaces.
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