El anunció lo realizó el presidente del PC, Guillermo Teillier, tras reunirse esta mañana con la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos desparecidos. En la oportunidad el militante comunista responsabilizó al Estado chileno de los errores, y dijo que valora la importancia de que sea la Justicia la que determine cuales fueron las responsabilidades políticas, administrativas y de todo tipo en este caso.
La semana pasada se conoció el drama vivido por casi un centenar de familias obligadas a devolver restos humanos que por más de 15 años creyeron eran de sus seres queridos desaparecidos por la dictadura estremece hoy la conciencia del país.
Según analistas políticos consultados por Crónica Digital, sostienen que el hecho es una de las tragedias humanas más tristes del último tiempo, al que debe sumarse el insólito debate sobre si se debe eliminar o no una ley de amnistía aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a sus militares, trajeron dramáticamente esta semana el tema de los derechos humanos al primer plano nacional.
Aunque por carriles diferentes, ambos aspectos se entrelazan en una misma realidad: 16 años después de terminada la dictadura los chilenos no pueden enterrar el pasado mientras las instituciones del Estado se empeñen en negar la justicia como vía para alcanzar la paz social.
Con dolor, impotencia y mucha rabia reaccionaron los familiares de detenidos desaparecidos que concurrieron el vienes último a la Casa de la Memoria para ser notificados de la errónea identificación de 48 osamentas encontradas en las fosas comunes del Patio 29 del Cementerio General.
El líder comunista sostuvo que hay aspectos técnicos, pero para nosotros las principales responsabilidades son del Estado. Responsabilidades políticas y también jurídicas que pensamos deben ser investigadas a fondo y por eso como partido estamos pidiendo un Ministro en Visita para este caso, para que investigue la justicia y se responda ante la justicia».
Añadió asimismo que este es el momento propicio para dar pasos certeros en aspectos fundamentales de derechos humanos como poner fin a la Ley de Amnistía y la ratificación por parte del Estado chileno de todos los tratados internacionales de DD.HH que aún no están vigentes en Chile a causa de que falta su ratificación por el Congreso, la que se posterga desde la década del noventa.
«Creemos que esto es urgente y que así como se va a nombrar una comisión que investigue este hecho tan terrible y doloroso, el Congreso debiera asumir con toda seriedad la ratificación de la legislación internacional en materia de DD.HH, para lo cual solicitaremos al Ejecutivo que otorgue máxima urgencia a estos trámites legislativos», subrayó el dirigente comunista.
Tellier, dijo que es de la mayor importancia que en todos los aspectos investigativos en relación a la identificación de restos de detenidos desaparecidos, esté presente la AFDD «con sus técnicos y expertos de confianza porque la confianza en los organismos relacionados con estos errores está muy mellada» y advirtió que los organismos del Estado deberán ser muy cuidadosos de entregar nuevamente falsas expectativas a los familiares, ya que es muy difícil que se logre la identificación de todos los restos encontrados.
El drama de los restos de los detenidos desaparecidos, tuvo su origen en 1991 a poco de comenzar el denominado retorno a la democracia, cuando denuncias de la iglesia dieron curso a las excavaciones en ese lugar y permitieron el hallazgo de numerosas fosas comunes.
Según consta en el proceso judicial, se trataba de 107 tumbas y en ellas se enterró a 126 personas, en su mayoría detenidos desaparecidos por los órganos represivos del régimen en los primeros años del brutal golpe militar de 1973.
Los familiares de las víctimas debieron soportar entonces que Pinochet, todavía comandante en jefe del Ejército chileno, se burlara del penoso hallazgo de más de un cuerpo por tumba, afirmando con inaudito sarcasmo: ¡pero qué economía más grande!.
Luego tuvieron que aguardar aún más hasta que se les informara que 96 osamentas habían sido identificadas, y esas cajitas con lo que quedó de los suyos les fueran entregadas para terminar -creían entonces- con la angustiosa búsqueda de más de 17 años.
Pese a que desde 1994 existía la certeza de que muchos de los restos entregados habían sido mal identificados, no fue hasta el pasado miércoles que el Servicio Médico Legal (SML) y las autoridades del gobierno reconocieron el error, casi 15 años después.
De ahí el dolor, la rabia y la impotencia que sentía el centenar de familiares de las víctimas que llegó hasta la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para conocer la nómina de los restos mal identificados a causa de un error del SML.
En medio de una gran expectación, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, fue la encargada de confirmar a las familias la amarga noticia de que volverán a abrir sus heridas, a vivir otra vez la pena de no saber el paradero de sus padres, hijos, hermanos o esposos.
«Con mucho dolor hemos recibido la noticia que de un total de 96 víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticos del patio 29, 48 identificaciones estaban erradas y otras 37 de esas familias hoy no pueden asegurar que tengan a ser querido», dijo con voz entrecortada.
Pizarro aseguró que la organización va exigir que las autoridades asuman toda la responsabilidad que corresponde como Estado para enfrentar esta tragedia, en particular, y la que aún viven miles de familiares que todavía no han podido encontrar a sus seres queridos.
De los miles de muertos que dejaron los 17 años de dictadura militar todavía permanecen más de mil 200 cuyos restos no han podido ser encontrado por la negativa de las instituciones armadas a colaborar con la justicia.
Santiago de Chile, 24 de abril 2006
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