Durante su breve estadía en Buenos Aires -según medios periodísticos permanecerá unas 12 horas-, el emisario del presidente George W. Bush priorizará, además, la reanudación de los ejercicios militares conjuntos con el país sudamericano.
Suspendidas desde el frustrado operativo Aguila III, que debió realizarse hace dos años en la provincia de Mendoza, las maniobras combinadas figuran como uno de los principales planteamientos que Rumsfeld hará al ministro de Defensa, José Pampuro.
Para que esto pueda concretarse, la administración estadounidense deberá renunciar, sin embargo, a su exigencia de «inmunidad total» a las tropas que pisen territorio argentino.
En un artículo publicado en los últimos días por el diario porteño Clarín, fuentes del gobierno consultadas por el matutino dijeron que de concretarse la solicitud, la misma sería rechazada como ya se hizo en 2003.
En aquella ocasión, Washington planteó la cuestión de la inmunidad como condición para realizar maniobras castrenses conjuntas con las Fuerzas Armadas, recordó Clarín.
Con ello procura evitar que un soldado norteamericano sea juzgado aquí aunque cometa un delito grave fuera de su tarea militar, como un homicidio o violación.
Pero Buenos Aires se adhirió al Estatuto de Roma (1998), mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional (CPI), y al que EE.UU. se opone con fervor.
Por eso, para eximir a sus uniformados de la aplicación de la ley argentina, le pide al presidente Néstor Kirchner la rúbrica de un acuerdo bilateral.
El pasado año, el Senado dio media sanción a una ley que le devuelve al Congreso la atribución de aprobar ejercicios con otras naciones y las condiciones para el ingreso al territorio nacional de tropas extranjeras.
Aún así, advirtieron analistas, la Casa Blanca insistiría en su presión, aprovechando la debilidad estratégica que le produjo a la Casa Rosada, sede ejecutiva, el tráfico de cocaína a España desde el principal aeropuerto argentino, en septiembre de 2004.
La proclamada guerra contra el terrorismo y el narcotráfico sería otra de las prioridades del secretario de Defensa.
Trascendió que Washington machacará en su propuesta para que las Fuerzas Armadas de la región se involucren de manera directa en temas de seguridad.
En esta cuestión, la respuesta de Pampuro será un no categórico, anticiparon fuentes castrenses a la prensa capitalina.
La Casa Blanca pretende, además, que el Parlamento argentino apruebe dos leyes: las convenciones de la ONU y de la Organización de Estados Americanos sobre terrorismo y su financiación.
El diputado de Izquierda Unida León Zimerman expresó la semana pasada su preocupación ante el tratamiento en el Congreso de las llamadas normas antiterroristas.
Zimerman alertó sobre el significado y la incidencia que tendrían ambas reglas para la vida democrática del país y las garantías individuales del conjunto de la población, en particular de los luchadores populares.
La imprecisión en la caracterización del delito permitirá interpretaciones arbitrarias por parte de los Estados, abriendo paso a la penalización de la protesta social y la condena contra quienes cuestionen el sistema de injusticia imperante, subrayó.
El plan de radarización puesto en marcha por Kirchner y el combate contra supuestas células del terrorismo internacional en la llamada Triple Frontera -hipótesis nunca probada- serían también motivo de diálogo.
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