El proyecto, que aumenta en un 10 por ciento las pensiones mínimas y asistenciales a más de un millón de personas de bajos ingresos, era el primero y de más fácil trámite de las 36 medidas propuestas para los primeros 100 días de gobierno, que ayer cumplió un mes.
Su decisión de condicionarlo a mantener el 19 por ciento de Impuestos al Valor Agregado (IVA) para su financiamiento encontró, sin embargo, una fuerte resistencia, tanto dentro como fuera de la coalición gobernante.
Si bien la oposición apoyó la víspera en el Senado el alza de los beneficios, rechazó en bloque el mecanismo de financiación vía impuesto al consumo, que sólo pudo ser ratificado por los cuatro votos de mayoría con que cuenta la bancada gubernamental en la Cámara Alta.
Los críticos de la medida afirman que mediante ese mecanismo el gobierno «da con una mano y saca con la otra» del bolsillo de los chilenos más necesitados -que son los que más impuestos pagan- para sostener los planes sociales de la jefa de Estado.
La Moneda argumentó que era necesario que se aprobara el artículo séptimo de la iniciativa, que establece la mantención indefinida del IVA en 19 por ciento, pues volver al impuesto inicial de 18 reduciría la recaudación fiscal actual en 600 millones de dólares.
El impuesto al consumo, según una ley de 2003, debería retornar a 18 por ciento el 1 de enero de 2007, según un compromiso establecido por el entonces presidente Ricardo Lagos
El proyecto determina aumentar las pensiones mínimas y asistenciales en el 10 por ciento y establece la automatización del acceso a estas últimas, que benefician a 1,2 millones de personas que tienen garantía del Estado porque sus ingresos son inferiores a la mínima.
Según Bachelet, los proyectos sociales previstos cuestan entre 400 y 600 millones de dólares. Sin embargo, sus críticos afirman que la administración dispone actualmente y tendrá en los próximos años recursos suficientes para cubrir esa y otras necesidades sociales.
Centros de estudios y economistas -tanto de derecha como de izquierda- destacan que solamente por los ingresos adicionales del cobre el fisco podrá contar con más de mil 500 millones de dólares, más de dos veces el costo de los proyectos anunciados por la mandataria.
La decisión de apelar al IVA fue resuelta por el ministro de Hacienda y jefe del equipo económico, Andrés Velasco, y contó con el mayoritario apoyo de la Concertación, aunque varios legisladores de la coalición -por motivos ideológicos- expresaron reparos a la medida.
Estos críticos, como los socialistas Carlos Ominami y Marco Enríquez y el demócrata cristiano Pablo Lorenzini, dieron su apoyo condicional para evitarle una derrota parlamentaria a Bachelet, pero advirtieron que quieren una discusión más de fondo y menos coyuntural.
En el duro debate que marcó ayer la jornada política, los fuegos fueron abiertos a temprana hora por el senador ultraconservador Pablo Longueira, que acusó a La Moneda de ejercer una suerte de «chantaje legislativo» al unir el aumento de pensiones a la mantención del IVA.
«Con esto obligan a quedar mal ante la ciudadanía a todo aquel que realice alguna crítica al proyecto», sostuvo el senador y líder de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Su posición fue avalada por el también senador gremialista Juan Antonio Coloma, que planteó que en La Moneda «confundieron los objetivos, puesto que el Gobierno pasó de contrabando el alza del IVA en un punto en conjunto con el proyecto de reajuste de pensiones».
Por: Angel Pino Rodríguez. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 13 de abril 2006
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