El senador socialista lamentó que el Ejecutivo chileno haya pospuesto la decisión de adherirse al también llamado Estatuto de Roma en espera de una definición interna en ese país sobre la inmunidad de soldados norteamericanos que participan en conflictos internacionales.
Naranjo expresó su preocupación porque hasta la fecha este tratado no ha sido ratificado por el Senado y el subsecretario del Exterior, Alberto van Klaveren, informó que el proyecto seguirá parado en el Congreso en espera de una definición que tendría que darse en Washington.
«Este proyecto permanecerá en el Congreso hasta que termine la evaluación que el Ejecutivo está haciendo sobre el debate interno que hay en Estados Unidos respecto a la situación de inmunidad de los soldados de ese país en las naciones que adhieren al TPI», dijo.
Según el senador «deben evitarse las lecturas equivocadas o dobles lecturas, porque de acuerdo a estas declaraciones, Estados Unidos prácticamente estaría condicionando otras materias en función de si Chile firma o no firma este tratado internacional».
Advirtió que ante los ojos de la opinión pública esas informaciones son bastante dañinas, no sólo para la imagen interna, sino también externa, porque da la impresión que el gobierno no quiere pedir al Congreso la adhesión al TPI en función de Estados Unidos».
Naranjo enfatizó también que «esto debilita mucho nuestra presencia y visión de cómo se deben hacer las cosas y por eso uno ve con preocupación y asombro estas noticias de que nuestro país por presiones de Estados Unidos no querría adherirse al Tratado».
Representantes de organismos latinoamericanos y de la Unión Europea han viajado a Santiago en las dos últimas semanas para hacer ver a las autoridades la necesidad de que Chile se sume a los más de cien países que hasta ahora han reconocido a la Corte Penal Internacional.
La decisión está pendiente de que se apruebe en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado un proyecto de ley que reconozca la existencia de esta instancia penal y que persigue los delitos de lesa humanidad.
La normativa cuenta desde el pasado año con el acuerdo de las bancadas gubernamentales y de la oposición, y la negativa del ex presidente Ricardo Lagos fue atribuida entonces a presiones norteamericanas para que Chile firmara un acuerdo de inmunidad.
Santiago de Chile, 13 de abril 2006
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