Definitivamente fue un trámite difícil lo que tuvo que enfrentar el proyecto de ley de Presupuesto para el año 2007 en el Congreso. Fueron 45 días complejos por las emergentes denuncias de corruptela política.
En materias presupuestarias, sus principales líneas de financiamiento buscaban demostrar la intención de la presidenta Bachelet de utilizar parte de las utilidades generadas por el mejor precio del cobre para beneficiar a los más pobres del país.
Todas ellas apuntan a mejoras de infraestructura y de políticas públicas en áreas tan relevantes como salud, vivienda, educación y seguridad ciudadana.
Hoy cuenta con la aprobación de 28 mil millones de dólares para soluciones reales del país. Una oportunidad única y que no puede desperdiciar.
Pero, a la primera presidenta de Chile no todo ha sido miel sobre hojuelas, al contrario. Los primeros meses tuvo que lidiar con un presupuesto que no le era propio, el cual se caracterizó por la restricción del gasto público dada la rigurosa regla fiscal impuesta por el Ministro Nicolás Eyzaguirre. Además, tempranamente, tuvo que enfrentar la revolución pingüina; las manifestaciones de los deudores habitacionales y las huelgas del sector salud. Todo ello producto de las expectativas que la misma ciudadanía se había generado en torno al triunfo de Michelle Bachelet y su gobierno ciudadano.
Adicionalmente a estos conflictos sociales se suman la seguidilla de denuncias de corrupción y clientelismo político, que se han generado en los gobiernos concertacionistas anteriores, la música que ha tenido que bailar la mandataria no es la mejor.
Sin embargo, más allá de la coyuntura y de los análisis políticos, con la aprobación de la Ley de Presupuesto 2007 la mandataria tiene la oportunidad histórica de contar con una cartera abultada de dinero para resolver, en parte o definitivamente, los principales problemas del país.
Cabe recordar que el proyecto de ley considera un crecimiento en el gasto público de 8,9% mientras que el gasto social se eleva en 11,2% respecto del año anterior, por lo que ya no existen excusas para postergar las decisiones en materia de equidad y justicia social.
También, lo aprobado considera mayores restricciones en materia de honorarios cosa que siempre es positiva- y, sobretodo abre una puerta de solución a los deudores habitacionales de la banca privada y PET mediante una nueva calificación de la Ficha de Calificación Social (CAS).
Esperemos que con la entrada en vigencia de este nuevo presupuesto la presidenta comience, efectivamente, a gobernar por el bien del país y de su gente.
Por Roberto Portilla
El autor es periodista y Editor General de Crónica Digital
Santiago de Chile, 17 de noviembre 2006
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