La organización señaló que durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos advirtieron a las autoridades que podría haber errores en la identificación de casi un centenar de restos descubiertos en el Cementerio General en 1991, que fueron entregados a familiares equivocados.
«A nosotros nos parece que hay responsabilidades políticas, además del equipo que trabajó y de los directores del Servicio Médico Legal (SML), de otras autoridades por no escuchar antes estas denuncias que se venían haciendo», dijo Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
Los dardos fueron dirigidos principalmente contra los ex ministros de Justicia Luis Bates y José Antonio Gómez (actual senador del partido Radical), quienes, a juicio de esa agrupación, ignoraron las denuncias y «no tomaron las medidas oportunas».
Pizarro subrayó que entre los familiares existe conciencia de las dificultades para identificar osamentas, pero recordó que, de no ser por el juez Sergio Muñoz (retirado ya del Poder Judicial), quien pidió la exhumación en marzo de 2005, este error se mantendría.
Por su parte, la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, dijo que «siempre hay responsabilidades políticas cuando una institución del Estado comete errores tan grandes», sobre aspectos tan relevantes y sensibles para muchas familias que perdieron a sus seres queridos.
Recordó que al ministro Bates le señalaron la necesidad de que se regularizaran los procedimientos y se tomaran las medidas que correspondía tomar. «Sin embargo, no hubo ninguna reacción», enfatizó.
La abogada de derechos humanos Pamela Pereira dijo a su vez que «están comprometidas las responsabilidades políticas de Gómez y del responsable de la época del SML, y de los funcionarios que los sustituyeron después: el ministro Bates y el actual director Oscar Vargas».
Consultada si el ex presidente Ricardo Lagos estaba al tanto de este tema, respondió que «sí, supo, pero no quiero hacer más comentarios».
Entre los familiares hay quienes sospechan que ciertas autoridades habrían tratado de ocultar la información, lo que podría configurar un delito.
En esa línea la presidenta de la AFDD subrayó que «hay que hacer una investigación judicial para determinar las responsabilidades penales y políticas» del caso, que por su sensibilidad ha provocado una conmoción nacional.
No obstante, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet -colocado en una incómoda posición- se apegan a la tesis de que los errores de identificación obedecerían a problemas de capacidad del SML, ya que los análisis de ADN recién fueron incorporados.
Igualmente explican que sólo uno de los funcionarios que realizaron las pericias a los cuerpos hallados en el Patio 29 en 1991 trabaja actualmente en el servicio. El resto fue removido en los últimos años.
Sin embargo, juristas ligados al gobierno dicen que es difícil eludir las responsabilidades políticas producto de un error tan grave y sospechan que el caso puede abrir una serie de demandas de indemnizaciones contra el Estado.
En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Tapia, calificó como un hecho grave el error en la identificación de los cuerpos del Patio 29. «Es grave y habrá que ver cómo se puede solucionar, pero eso no es problema nuestro», dijo.
El cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, señaló que es un dolor tremendo y un sufrimiento inmerecido para los familiares. El prelado expresó que los obispos reunidos en Punta de Tralca oraron por una pronta solución a este problema.
Santiago de Chile, 25 de abril 2006
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