El proceso, iniciado en julio de 2004 tras descubrirse la existencia de millonarias cuentas secretas del ex gobernante en el banco norteamericano Riggs, recibió la víspera otro golpe mortal, esta vez desde Suiza.
La fiscalía federal de ese país resolvió levantar la medida cautelar que había dispuesto y restituyó cerca de tres millones de dólares a su cliente, Oscar Aitken, ex administrador de los fondos secretos y compañías ficticias que poseía Pinochet en el exterior.
Los fondos estaban depositados en una cuenta abierta por la sociedad Cornwall Overseas Corporation, mencionada en el exhorto que envió en 2005 el juez Sergio Muñoz, actual magistrado de la Corte Suprema, quien estaba a cargo del proceso en esa época.
A través de una dudosa estrategia judicial, Rodrigo Henríquez, abogado del ex albacea, logró que su cliente recibiera el dinero que, a su juicio, legítimamente le pertenece, aún cuando no ha podido mostrar el origen de esos fondos.
Henríquez consiguió en marzo pasado los certificados extra juicio en los que autentificó que su cliente nunca tuvo la calidad de funcionario público y que no existen procesos criminales en su contra por malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
Con los documentos quedaba certificado que no se daban las condiciones que exige Suiza para la entrega de información o retención de fondos, ya que Aitken sólo estaba procesado por evasión tributaria que no es un ilícito en el país europeo sino una falta.
El abogado sostuvo que los había pedido para usarlos en los alegatos de la primera recusación presentada contra el juez Carlos Cerda, suspendido actualmente del proceso, aunque también podían serle útiles para otros propósitos.
En marzo, al igual que ahora, Cerda se encontraba también marginado de la investigación por las cuentas del Riggs gracias a maniobras jurídicas dilatorias promovidas por la defensa del ex dictador y sus más cercanos colaboradores implicados en el proceso.
Según medios locales, Jannette Palmer, portavoz de la fiscalía suiza rehusó entregar detalles adicionales sobre la liberación de los fondos de Aiken, aunque trascendió que funcionarios de ese país han mantenido contactos permanentes con autoridades chilenas.
La decisión de liberar el dinero tiene lugar en medio de una fuerte crisis del Ministerio Público en el país europeo, cuyo Procurador General, Valentín Roschacher, dimitió recientemente tras ser tachado de ineficaz, según sostuvo hoy el diario La Nación.
Hace dos días el vocero de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Folco Galli, informó que la cooperación judicial con Chile por el caso Riggs había sido paralizada en julio pasado.
Las autoridades helvéticas fundaron su decisión en que el exhorto que el magistrado Muñoz y las complementaciones despachadas por el juez Cerda sólo hacían alusión a presuntas contravenciones fiscales cometidas por Pinochet, sus familiares y ex asesores financieros.
Pero en Suiza la evasión tributaria no es considerada un delito, sino una falta administrativa redimible por multa. Por ello, si Chile resuelve insistir en la petición de información tendría que cambiar la estrategia.
De hecho -afirman fuentes judiciales- habría que modificar la carátula de la causa y notificarle a las autoridades de ese país que, al margen de la evasión fiscal, se persigue a Pinochet por delitos asimilables en el derecho helvético a la corrupción.
En el exhorto original y los complementos se pedía información sobre las cuentas que Aitken, en su condición de albacea de Pinochet, manejó en dos bancos de Ginebra, el Dresdner Bank y la Unión Bancaria Privada.
Además, se requerían antecedentes de una cuenta que el ex uniformado mantuvo en la filial Zurich del banco español Atlántico, institución que ahora pertenece al Banco Sabadell.
El proceso contra el ex dictador está en un limbo jurídico desde hace varias semanas cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden «no innovar» presentada por la defensa de Pinochet, y suspendió temporalmente al juez Cerda de la causa.
Santiago de Chile, 14 de octubre 2006
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