El tema relacionado con las tragedias de Antuco y la Antártica, que costaron la vida el pasado año a medio centenar de efectivos por errores y abusos de poder de los mandos, sigue ocupando importantes espacios informativos, ahora a propósito de nuevas aristas.
En la primera, donde murieron 44 jóvenes reclutas y un sargento en mayo de 2005, las críticas se centran en las bajas condenas impuestas a cinco oficiales de baja jerarquía que fueron juzgados como responsables de la catástrofe, la peor del Ejército chileno en tiempos de paz.
En la segunda, a partir de revelaciones recientes de que el accidente en el que perecieron un capitán y dos suboficiales el pasado septiembre, fue también como consecuencia de irresponsabilidades de los mandos que trataron de mantener ocultas.
El diputado del oficialista Partido por la Democracia (PPD), Antonio Leal, consideró hoy «irrisorias» las condenas dictadas por el juez militar Juan Arab en el caso del volcán Antuco, en la cordillera andina, y pidió que la justicia también llegue a las altas esferas.
Según el legislador, el proceso debió ser investigado por un juez civil dada «la extraordinaria conmoción» que originó en la opinión pública y las expectativas de decenas de familiares que esperaban, al menos, el consuelo de que se hiciera justicia.
De los cinco oficiales juzgados, sólo al mayor Patricio Cereceda, considerado el principal responsable, le fue impuesta una condena efectiva de cinco años de cárcel. Al resto, sólo penas remitidas, que pueden cumplir cómodamente en sus lugares de residencia.
«Aquí se demuestra que la justicia militar no está en condiciones de investigar y al mismo tiempo existen fallas porque el fiscal es juez y parte, es decir, no está en condiciones de hacer su tarea con un nivel de transparencia e imparcialidad», subrayó.
Leal, miembro de la comisión de Defensa de la Cámara, aseveró que los jueces militares tienen grado y muchas veces tienen que procesar a los oficiales de mayor rango y por tanto aquí también se ven inhibidos por los temas de disciplina militar o jerarquía.
«El fallo en el caso Antuco entierra definitivamente la credibilidad de la justicia militar», enfatizó el legislador, quien se sumó al pedido de más de 25 familias de las víctimas para que se revise el proceso.
Mientras tanto, Angelica Monares, hermana del sargento que murió congelado en las laderas del volcán Antuco, afirmó que los familiares de las víctimas están decepcionados de la institución castrense y sus jefes por la manera irresponsable con que ha actuado.
Monares, quien abandonó su condición de ama de casa para representar a los familiares de las 45 víctimas, dijo que al escuchar el fallo sintió «el mismo dolor» que cuando volvió del cementerio, tras haber enterrado a su hermano.
La humilde mujer confiesa que se sienten enojados con el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y del también dimitido comandante de la Tercera División de Ejército, Rodolfo González, «porque se niegan a asumir sus responsabilidades» por la tragedia.
Dijo estar convencida de que se busca proteger al alto mando, ya que ninguno fue sometido a proceso ni fue interrogado, y sostiene que en el Ejército prima más el interés material que la sensibilidad, la ética y el honor militar.
Santiago de Chile, 12 de febrero 2006
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