La decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Tercera Región, en orden a revertir su propia decisión adoptada hace unos meses atrás respecto de la planta de carbón, provoca, a nuestro juicio, un serio debilitamiento de la institucionalidad de protección ambiental de Chile», señaló el presidente del PPD, Sergio Bitar.
Según el máximo líder del partido de gobierno, el cuadro genera precedentes que son negativos «si pensamos que cualquier empresa pueda suponer que después de habérsele aprobado una tecnología en algún proyecto puede después, con los argumentos que fueren, cambiarlo por otra tecnología. No me voy a pronunciar sobre cuál tecnología es superior, pero sí me pronuncio sobre los procedimientos inadecuados que generan una incertidumbre que debilita la institucionalidad medioambiental, señaló Bitar.
El presidente del PPD agregó que además, estamos frente a la declaración de un ejecutivo de una empresa amenazante señalando que si no se aprobaba lo que ellos pedían no iban a hacer la planta. En momentos en que Chile tiene vulnerabilidad energética, a lo menos puedo decir que es una falta de seriedad y hasta antipatriótico, más todavía cuando la autorización original que recibieron fue la que ellos mismos propusieron. La misma empresa propuso en un momento determinado una tecnología, le fue aprobada esa tecnología. Y más tarde cambia la empresa de opinión y comienza todo un conjunto de acciones para modificar la decisión correspondiente. Puede haber argumentos a favor de que ésta no contamina más que la otra, cosa que dudo, pero lo que sí está fuera de discusión es que esto debilita la institucionalidad porque introduce incertidumbre.
Bitar señaló que quiero destacar la posición de tanto la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Tercera Región como la de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en que ambas instituciones tuvieron la posición firme en la votación de la Corema en contra de cambiar lo que se había aprobado este mismo año. Hacemos ver al Gobierno, por lo tanto, nuestra preocupación por esta situación, porque lo que viene es mucho más grande que esto. Vienen muchas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas. Y si acá la señal que se está dando es que uno puede reducir la calidad de la protección medioambiental, porque estamos apurados por tener más centrales. O si las empresas creen que pueden chantajear al Estado diciendo que si no me gusta no me instalo, a sabiendas de que eso significa cortar la luz, estamos en una situación muy delicada. Esto lo he hecho ver reiteradamente: el Estado debe ser muy activo en garantizar qué inversiones se van a hacer y las fecha de esas inversiones y dar los permisos pertinentes con resguardo medioambiental. Nosotros creemos que no existe contradicción entre el plan energético masivo que estamos respaldando de aquí al 2020 de 10 mil megawatts de potencia adicionales por el orden de US$12.000 millones, un tremendo avance que el Gobierno está empujando. No hay contradicción con que esto se haga con tecnologías más avanzadas. Costo adicional puede haber y Chile debe estar dispuesto a pagar un mayor costo con un beneficio muy a largo plazo en la protección de nuestro medioambiente.
Finalmente, Bitar dijo que esta señal que se ha dado el día de ayer es mala. Además, nos llama la atención de que el Consejo de Ministros de la Conama, que es la máxima autoridad, que fue la que autorizó la primera no pueda decidir sobre la segunda y sea un órgano inferior, como la Corema de la Tercera Región, el que revierta una norma. Entonces, sobre esta materia, creemos que si hay que hacer cambios legales, hagámoslos, pero aquí tiene que haber una responsabilidad política y la responsabilidad política por ley radica en los ministros.
Santiago de Chile, 13 de octubre 2006
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