Estos desde inicios de los ´90 cuestionaron el sentido y los objetivos de una ley de educación que ha privilegiado el lucro y la gran segregación social, cultural y política que tiene Chile.
Sin duda el paso definitivo lo dieron los estudiantes secundarios, con su histórico movimiento pingüino, el cual debe ser reconocido como un ejemplo de unión y de construcción colectiva en una sociedad que se ha contaminado hasta sus pilares más profundos del individualismo y egoísmo que impone el neoliberalismo.
La nueva Ley General de Educación enviada por la Presidenta de la Republica, es un importante avance en la construcción de una sociedad más democrática, al reconocer la ilegitimidad de la LOCE y la tremenda desigualdad que ha generado en nuestro país, la que ha dejado prácticamente asegurado el futuro a quienes tienen más recursos y condenando a círculos eternos de pobreza y exclusión a los que tienen menos. En el Chile actual no se puede negar que la cuna en la que se nace determina completamente nuestro destino.
Es importante señalar que la nueva Ley deja enormes lagunas sobre como se disminuirán y terminaran las grandes diferencias existentes entre la educación pública y privada. No se cuestiona la dificultad que tienen los municipios de mantener una educación de calidad, ya que se encuentran condenados a subsistir con los recursos que manejan, los que evidentemente son distintos dependiendo del nivel de ingresos de su población.
Es posible pensar que al no existir señales claras sobre el financiamiento de la educación pública y de las discriminaciones positivas que se puedan generar para terminar con las enormes brechas actuales, el sistema público seguirá condenado al fracaso, salvo muy contadas excepciones.
El fin del lucro en la educación que recibe algún nivel de subsidio del estado es importantísimo, ya que es inaceptable que siendo siempre escasos los recursos del Estado alguien pueda acumular riquezas de ellos. Lamentablemente sólo se pone fin al lucro en el papel, ya que en la práctica lo más probable es que suceda lo mismo que en la educación superior privada, la que debería ser sin fines de lucro, pero que en la practican utilizan una serie subterfugios legales para poder lucrar con un derecho fundamental como es la educación.
Los requisitos que se crean para poder ser sostenedor de un establecimiento educacional son vitales para poder terminar con las enormes irregularidades que viven actualmente muchos establecimientos educacionales en nuestro país, sólo basta recordar el escandaloso estado en el que se encontraban funcionando los establecimientos Britania.
Un punto importante de destacar de la nueva ley es el fin de la discriminación en la selección de estudiantes hasta octavo básico. Esto permitirá generar mayor integración social, desarrollarse a los niños y niñas en espacios diversos y crear una mentalidad más abierta sobre la sociedad en las futuras generaciones. Es penoso ver como establecimientos públicos de calidad, los que son escasos, estén cuestionando esta medida, ya que estos espacios no pueden seguir vedados a los que hasta ahora han sido marginados.
Es claro que el tipo de selección utilizado hasta ahora es uno de los principales factores que han sostenido la gran segregación social actual, impidiendo a muchos sectores de la población acceder a establecimientos de calidad sólo por pertenecer a sectores de alto riesgo social.
La educación superior es el gran ausente de esta nueva ley. Una tarea pendiente, en este proceso de discusión de la nueva educación Chilena, es poner sobre la mesa los proyectos vinculados a la educación superior aprobados en los últimos años, como la ley de acreditación, ya que estos fueron discutidos en un marco regulatorio diferente al que ahora se esta construyendo, con principios y objetivos muy distintos.
Seria sano para el país y la transparencia de este proceso, el revisar el sentido que rige a la ley de acreditación, la que ha sido criticada y cuestionada por la mayoría de las organizaciones estudiantiles universitarias.
El proceso de discusión que se dará ahora en el congreso, y del cual los impulsores de estos cambios estarán completamente ausentes, sin duda genera grandes cambios en el contenido del proyecto presentado por el gobierno. La derecha ya ha mostrado sus oscuras manos, cuestionando el sentido ideológico de la nueva ley, en momentos que ellos defienden la LOCE, la que ha sido una herramienta fundamental para la derecha en la penetración de las políticas neoliberales en la sociedad chilena.
En estos días seremos testigos de cómo la derecha, utilizando mecanismos trasnochados, intentara desprestigiar el actual proyecto, y sobre todo de cómo defenderá un sistema educacional que les permite mantener a la mayoría de la población enajenada de la realidad.
Es cierto que la nueva ley deja muchos vacíos, y que en términos prácticos no terminara con el lucro, pero existen avances significativos en materias de fiscalización de los establecimientos educacionales, en la idoneidad de quienes están a cargo de los establecimientos educacionales, en la transparencia de la información y en el fin de la discriminación en la selección de los estudiantes.
Los sectores sociales que catalizaron y le dieron vida a estos cambios, deben seguir exigiendo medidas claras para mejorar la educación pública, para esto se deben mantener las discusiones sobre la dependencia de los establecimientos públicos y las políticas de financiamiento que aseguren un desarrollo igualitario a todo el sistema público de educación. Además se debe trabajar en profundidad en la construcción de un sistema de educación superior que este al servicio de las grandes mayorías nacionales y no al de los intereses de grupos particulares, como sucede en la actualidad.
La nueva ley de educación da un paso importante en superar las políticas dictatoriales en materia educacional, dotando de un sentido más democrático a un sector de la sociedad que fue olvidado durante 16 años. Pero, por sobre todo, deja un enorme desafió y trabajo a los sectores sociales para seguir profundizando estos cambios, que permitan contar pronto con un sistema de educación justo y de calidad para todos y todas.
Mario Medina Valeria es Licenciado en Ciencias Agropecuarias. Vicepresidente FECH 2005 y Secretario Ejecutivo FECH 2006. Colaborador permanente de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 12 de abril 2007
Crónica Digital
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