CONCHA Y TORO, UNA HUELGA INVISIBLE: 36 DÍAS SIN FABRICAR “CASILLERO DEL DIABLO”

36 días de huelga legal cumplen hoy (13 de junio) los 532 trabajadores de la Viña Concha y Toro que producen los afamados vinos Casillero del DiabloDon Melchor y otras marcas elaboradas en las plantas de Pirque, Quilicura y Lo Espejo, todas de Santiago metropolitano. El conflicto es invisible, “no existe” para los grandes medios informativos chilenos. No es “noticia”.

Las demandas son básicas: un salario mensual de unos 600 dólares (300 mil pesos chilenos), aguinaldos de escolaridad, reconocimiento a la antigüedad (trabajadores con más de 20 años de servicio aún ganan menos de 500 dólares), participación en las utilidades de la empresa equivalente a un salario y medio anual, y otras peticiones usuales en estos conflictos laborales, explicó Cesar Cerna Vargas, un hombre joven que preside el Sindicato Unificado de Trabajadores, fundado en julio 2011.

En 2012, Concha y Toro exportó a 135 países 928 millones de dólares en 30 millones de cajas de 9 litros de diferentes vinos, equivalentes a 360 millones de botellas de 750 cc. Gran parte del éxito empresarial se debe al viejo truco de congelar o rebajar salarios para poder crecer, permitido por la abolición legislación laboral llevada a cabo por la dictadura militar y la acción de los civiles que la impusieron, como el entonces ministro de Trabajo José Piñera, hermano del Presidente actual.

La propaganda corporativa asegura que «su exitosa trayectoria ha convertido a Viña Concha y Toro en el símbolo del vino chileno en el mundo, lo que ha sido reconocido por las más prestigiosas publicaciones, con quince honores como “Viña del Año” en Wine & Spirits y segunda posición en su Hall of Fame y salió elegida la marca de vinos más admirada del mundo por Drinks International». Pero la intransigencia de Concha y Toro rehúsa compartir lo más mínimo de sus logros comerciales con los trabajadores que contribuyeron a su “exitosa trayectoria”, local e internacional.

La empresa dice que en la huelga legal no participan todos sus trabajadores, que sumarían 2.500. El líder obrero César Cerna explicó que la huelga es de los 532 operarios de producción de las tres plantas afiliados al Sindicato Unificado. En ese sindicato no participan los empleados de oficinas, segregados del resto de los trabajadores y con mejores salarios, quienes laboran en despacho, comercialización y administración, incluso en otras sedes.

Los trabajadores en huelga no presentan deserciones y mantienen férrea vigilancia –día y noche– a las puertas de las plantas para impedir la entrada y salida de camiones, aún bajo la lluvia y el frío del invierno, en un lugar como Pirque, prácticamente en los faldeos de la pre Cordillera. La empresa está admitiendo que el bloqueo está afectando sus negocios, pero no se allana a una solución. Sin ese bloqueo de camiones, la huelga en sí misma carecería de sentido, sería inútil, porque la presión económica es precisamente el sentido de la huelga, la única herramienta que poseen los obreros, quienes no tienen acceso a los medios noticiosos y están vigilados permanentemente por efectivos de las fuerzas especiales, los carabineros militarizados.

Los trabajadores desean poner fin a la huelga cuanto antes. Incluso están dispuestos a negociar y postergar algunas peticiones, pero sin transar sus demandas básicas como el aumento salarial, entre otras. “La parte económica y humana repercute mucho en los trabajadores después de más de un mes de huelga sin percibir salarios”, dijo Cerna. Sin embargo, mantienen la moral en alto en su vigilancia día y noche del acceso y salida de camiones.

En el régimen legal del “derecho a huelga” en el Chile neoliberal actual, las empresas dilatan la solución del conflicto en una estrategia que apuesta al desgaste y desmoralización de los trabajadores en su lucha legal contra el capital, y con la idea de dividir a los sindicatos. El punto más duro del conflicto hoy es la negativa de la empresa a pagar los días en huelga, que aspira a cobrarlos en cuotas mensuales por casi 2 años. La estrategia del desgaste sindical fracasa hoy en Concha y Toro por la voluntad obrera de continuar la lucha de 36 días. Los trabajadores quieren un “acuerdo de fin de conflicto” que incluya el pago de los días en paro legal.

La ley dice que una “huelga legal” se desarma cuando el 50% más uno de los afiliados al sindicato decide abandonarla. La empresa apostó a una deserción masiva como efecto del desgaste a través del tiempo, pero esa esperada defección no se ha producido. Sólo 5 personas se descolgaron después del día 15º. Y Concha y Toro necesitar reanudar sus entregas de vinos.

Un diputado socialista dijo que el pre-candidato presidencial Andrés Velasco posee la llave para solucionar este conflicto. Ex ministro de Hacienda de Bachelet y paladín neoliberal, Velasco es uno de los 4 precandidatos presidenciales de la Concertación, alianza llamada hoy “Nueva Mayoría”. Los 4 pre candidatos –los otros son el radical José Antonio Gómez, el DC Claudio Orrego y la PS Michelle Bachelet– se miden en primarias el 30 de junio, de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2013.

Según Osvaldo Andrade, jefe del PS y ex ministro del Trabajo de Bachelet, el sostén de la pre candidatura Velasco sería el mismísimo Rafael Giulisasti, gerente general de Viña Concha y Toro. “En este caso todos son necesarios para ayudar a que estas justas demandas puedan ser acogidas por la empresa. Tanto el ministerio del Trabajo como el candidato Velasco son actores muy relevantes para la pronta solución de este problema, uno mediando entre las partes y el otro por la gran cercanía con el gerente general de la empresa”, emplazó Andrade.
Por Ernesto Carmona / Mapocho Press

Santiago de Chile, 13 de junio 2013
Crónica Digital

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LAURA ALBORNOZ: “LOS FEMICIDIOS HAN AUMENTADO UN 28% ESTE AÑO”

Jue Jun 13 , 2013
En reunión realizada esta mañana con el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, solicitó uso de brazalete electrónico para agresores con medidas cautelares por violencia intrafamiliar, y la creación de un registro único, porque las cifras son dispares «No hay una sola medida cautelar que evite por si sola los femicidios, pero la decisión de implementar todas, es obligatoria para el Estado chileno», indicó Laura Albornoz,  ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer. En este sentido, consideró necesario el uso del brazalete electrónico para condenados y acusados con medidas cautelares por violencia intrafamiliar: “La vida de todas las mujeres importa, hay que implementar todas las medidas de protección cuando ella es amenazada”, señaló.Y manifestó su preocupación por la disparidad de las cifras sobre este grave problema, indicando que no se puede jugar con las cifras: “El gobierno debe ser cuidadoso a la hora de hablar de disminución de femicidios. En enero pasado, la autoridad  hizo sacar de la calle una campaña de PNUD argumentando que las cifras no eran correctas.  Pero este año  se ha producido un aumento del 28% de femicidios en comparación con el año pasado, lo que evidencia que se trató de una decisión errónea”. Por ello, precisó, se requiere la implementación urgente de un registro único de femicidios y estudios de prevalencia de VIF, de modo que exista una sola información oficial, igualándose las estadísticas del Ministerio Público y de Sernam, para impulsar las  políticas públicas que se requieren. Recordó que, a la fecha, 21 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas. Los planteamientos fueron hechos esta mañana en reunión sostenida con  el Subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, en la que participaron los vicepresidentes del PDC Ignacio Undurraga y Laura Albornoz Al subsecretario también se le dio a conocer la preocupación por la necesidad de agilizar las medidas cautelares, aclarando a funcionarios judiciales, carabineros y denunciantes que no se requiere ratificación de la denuncia por parte de la víctima; y favorecer las denuncias al primer indicio de violencia intrafamiliar, ya sea por parte de las víctimas o por sus familiares, amigos o vecinos. Ya que una acusación oportuna puede evitar tragedias. Albornoz indicó que la recepción del Subsecretario fue muy favorable, “demostró su mejor disposición para trabajar en un registro único de femicidios y se conversó sobre crear una mesa intersectorial para coordinarlo. Igualmente en relación a la supresión de la ratificación de la denuncia como práctica en los casos que las denuncias la formulen terceros cercanos a la víctima. En relación al brazalete electrónico,  señalo que este procedimiento aún no se ha comenzado a implementar como mecanismo de cumplimiento alternativo de condenas. Nos dio a conocer que la próxima semana viaja a España para conocer la experiencia de ese país en esta materia”. Según la Fiscalía Nacional, las denuncias por Ley de Violencia Intrafamiliar (vigente desde octubre del año 2005) aumentaron en forma exponencial. En 2007 ingresaron 54 mil casos y en 2012 alcanzaron los 137.296, lo […]

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