La iniciativa se encuentra dentro de las prioridades de la Presidenta y se encontraba dentro del paquete de las 36 medidas a implementar en los primeros cien días de Gobierno. Se trata sin duda de una necesidad urgente, más aún, después de las movilizaciones estudiantiles cuya principal motivación es lograr mayor equidad en el acceso a una educación de calidad para todos los niveles sociales.
Los sectores políticos de la concertación han reaccionado positivamente a esta iniciativa, aspirando a que la subvención preferencial se transforme en una herramienta efectiva para mejorar las oportunidades y condiciones de estudio de los menores de condición económica más vulnerable del país.
Sin embargo, la discusión y tramitación legislativa ha sido compleja. Le hemos hecho observaciones de fondo a la estructura técnica del proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
El proyecto propone que la subvención preferencial se entregue de modo completo a los alumnos de establecimientos educacionales con mejores resultados y se otorgue menos recursos a escuelas que obtienen resultados académicos inferiores.
Todo lo cual es medido a través del SIMCE, en circunstancias que este test no considera, en forma adecuada, la vulnerabilidad al asignar puntajes, con ello, el proyecto entra en contradicción con sus propios objetivos.
La entrega de la subvención está concebida desde prekinder a cuarto básico, no abarcando a los cursos superiores, esto es, el segundo ciclo básico ni la educación media. Además, el traspaso de este aporte se realiza por alumno, sin considerar que las carencias educacionales que hoy existen no sólo se generan a nivel individual, sino que en los establecimientos en su conjunto. Además, la subvención se otorga a los colegios de acuerdo al número de alumnos que poseen y que asisten a clases. Bajo este concepto, si un alumno se cambia de colegio literalmente se lleva el aporte o subvención al colegio que lo recibirá.
Por otra parte, los municipios también entregan recursos a la educación, por lo que podría ocurrir que con la llegada de aportes frescos desde el Gobierno, los municipios pudieran disminuir sus obligaciones con la Educación. Otro punto a considerar es que la entrega de más recursos beneficiará a los establecimientos que presenten un plan de trabajo real y coherente para cada realidad escolar de los establecimientos y suscriban un convenio, lo que es acertado. Sin embargo, el proyecto en su diseño actual no asegura que ello acontecerá, pues no posee medidas y normas que lo garantice.
En lo que sí hay acuerdo es que debe haber una subvención preferencial para los alumnos y escuelas más desposeídas y que ellos deben rendir cuentas. El problema hasta el momento han sido las herramientas que el proyecto supone como más adecuadas para mejorar las oportunidades.
En la Comisión de Educación de la Cámara aprobamos la idea de legislar pidiendo al Gobierno que recoja las críticas transversales y presente indicaciones que hagan viable el proyecto. Esto no es un tema menor, si se considera que según las cidras del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), se destinarán entre 56 mil y 97 mil millones de pesos anuales para tal propósito.
En estas condiciones, el mejoramiento del proyecto requerirá de modificaciones profundas lo que hace necesario más tiempo. La prisa puede ser enemiga de una iniciativa de calidad que resuelva efectivamente las inequidades que se propone. De allí que no sea posible despachar este proyecto de ley sin tomar en cuenta estas observaciones. Su urgencia y la imperiosa necesidad de su contenido no pueden ser argumentos para aprobarlo de modo apresurado.
La primera semana de julio conoceremos las indicaciones que enviará el Ejecutivo. Si ellas son satisfactorias será factible mantener la urgencia en su tramitación. De no ser así, el Ministerio de Educación deberá tomarse un tiempo algo mayor para obtener de Hacienda los mayores recursos que la iniciativa requiere con las modificaciones propuestas. En dicho caso serán indispensables un par de semanas adicionales.
No es con apuro sino con medidas concretas y asignando más recursos que será posible una mejor subvención para los niños más vulnerables de Chile.
Por: Diputado Rodrigo González. El autor es Colaborador de Crónica Digital
Santiago de Chile, 3 de junio 2006
Crónica Digital
, 0, 52, 3
