Más de tres millones 600 mil ciudadanos podrán optar entre Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), y el ex presidente neoliberal Jorge Quiroga, de Poder Democrático Social (PODEMOS), los postulantes que polarizan la elección.
Según los sondeos, ni el empresario Samuel Doria, de Unidad Nacional (UN), ni los demás aspirantes, tienen opciones en los que serán los comicios sometidos a mayor vigilancia internacional que se recuerde en el país, pues habrá al menos 200 observadores externos.
Las elecciones culminarán una campaña electoral caracterizada por lo que la prensa ha llamado la guerra sucia contra el MAS, la cual resultó contraproducente, pues logró el efecto contrario de fortalecerlo, según declaró Morales.
El carácter histórico de los comicios se debe a que, según los entendidos de la política boliviana, trascienden lo electoral y constituyen un nuevo y decisivo capítulo de las luchas populares anti-neoliberales iniciadas en 2000.
La llamada guerra del agua, una rebelión social que obligó al ex dictador Hugo Banzer, entonces presidente, a dejar sin efecto la privatización del servicio de agua potable de la ciudad central de Cochabamba, marcó el inicio de la reversión del ciclo neoliberal iniciado en 1985.
Las protestas sociales lograron en octubre de 2003 la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, figura emblemática de ese modelo, que focalizó el repudio ciudadano al neoliberalismo.
Ese movimiento, que Sánchez de Lozada intentó sofocar militarmente, con un saldo de 67 muertos, levantó con decisión las banderas de la nacionalización de los hidrocarburos y la transformación del país mediante una asamblea constituyente.
La presión popular por esos objetivos obligó en junio pasado a renunciar al reemplazante, Carlos Mesa, quien dejó el cargo en manos del presidente interino Eduardo Rodríguez, quien asumió la misión de convocar elecciones adelantadas.
Previamente, las movilizaciones populares cercaron al parlamento y lo obligaron a aprobar una nueva ley de Hidrocarburos que afecta los intereses de las transnacionales y mejora los ingresos del Estado, pero que no ha sido aplicada plenamente por Mesa ni por Rodríguez.
A tono con las luchas populares de los últimos años, el candidato Morales, respaldado por importantes organizaciones sociales, propugna aplicar drásticamente la ley de Hidrocarburos y perfeccionarla, para que el Estado ejerza la propiedad de sus recursos y tenga a las transnacionales solamente como socias o contratistas.
Al mismo tiempo, ofrece consolidar la asamblea constituyente como instrumento de refundación del país que acabe con el neoliberalismo y establezca un nuevo modelo de desarrolo productivo y con equidad, «para vivir bien».
En las antípodas, Quiroga congrega los intereses de los partidos tradicionales y los sectores de poder económico y, ante los anhelos ciudadanos de una vida nueva, ofrece «cambio con estabilidad» y ofrece diversos subsidios sociales y empresariales.
Pese a su discurso, los entendidos de la política boliviana estiman que el ex mandatario educado en Estados Unidos no ha logrado deshacerse de su imagen neoliberal y derechista, como heredero político de Banzer.
Según la Constitución, se debe alcanzar más de la mitad de los votos para ganar la Presidencia y, de lo contrario, el congreso define entre los dos más votados, en una segunda ronda en la cual la negativa del dirimente Doria a respaldar a Quiroga pavimenta el camino de la elección de Morales, si gana en las urnas.
El candidato indígena admitió, sin embargo, la posibilidad de lograr el primer lugar en la elección general y que el parlamento elija a su contrincante, algo inviable según todas las encuestas, pues la ciudadanía rechaza el escamoteo y demanda que los legisladores consagren a quien tenga más votos.
«Si nos arrebatan el triunfo, es legal, es constitucional y lo vamos a respetar. Otra cosa es que el pueblo reaccione, no sé hasta qué medida puede reaccionar», afirmó Morales en las horas previas a la crucial elección.
El MAS no descarta la posibilidad de un fraude en su contra, algo que tendría consecuencias políticas y sociales de gravedad difícil de prever, y desconfía de los jueces de la Corte Nacional Electoral (CNE), por haber sido nombrados por los partidos tradicionales.
Evo Morales tampoco considera plenamente confiable la misión observadora de la Organización de Estados Americanos, por los negativos antecedentes de la entidad, acusada de encubrir crímenes de Sánchez de Lozada.
Lo excepcional de los comicios bolivianos se debe también al hecho de que, por primera vez, se elegirá prefectos (gobernadores) en los nueve departamentos (provincias) de Bolivia, donde cobran fuerza los regionalismos, en los que la derecha ha buscado atrincherarse, ante el avance popular.
En ese escenario, el MAS no tiene posibilidades de vencer, contradicción que los analistas atribuyen al hecho de que en el nivel departamental pesan criterios regionales y de eficiencia administrativa, similares a los de las elecciones municipales.
Ello ha permitido que caudillos regionales y políticos tradicionales, en su mayoría aliados de PODEMOS, sean considerados favoritos para ganar, lo cual considera la prensa será un flanco débil para un eventual gobierno de Morales, así como un posible peligro para la unidad nacional.
Consultado sobre la posibilidad de gobernar con prefectos adversos, el líder del MAS señaló que respetará a las autoridades departamentales, pero estas tendrán la obligación de coordinar con la Presidencia. «Respetos guardan respetos y habrá una estrecha coordinación, así los prefectos no sean del MAS», dijo.
La Paz, 17 de diciembre 2005
Prensa Latina , 0, 53, 11
