Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, la Defensoría del Pueblo consideró que uno de los casos más graves de explotación laboral tiene que ver con el traslado de niñas indígenas y campesinas a casas de familia para el servicio doméstico.
La delegada de la mujer y del niño de la Defensoría, María Cristina Hurtado, aseguró que muchas de estas jovencitas terminan siendo víctimas de abuso sexual por parte de los hijos de las personas que las emplean e, incluso, por sus patrones.
Hurtado indicó además que de los dos millones 200 mil infantes colombianos que trabajan, cerca de un millón dos cientos mil lo hacen en sectores como el servicio doméstico, la minería y la agricultura.
Por su parte, el Ministerio de la Protección Social estimó que un 40 por ciento de los menores trabajadores desarrollan sus tareas en sus propios núcleos familiares, en una tienda o un huerto y en la mayoría de los casos no reciben ningún tipo de remuneración.
Lo peor, apuntaron analistas locales consultados, es que esta situación se da ante la mirada impasible de muchos, incluidos los congresistas, quienes poca atención le han prestado al Código del Menor y de la Adolescencia.
El proyecto legal, que por octava vez se presenta a consideración del Congreso, tampoco será objeto de estudio esta semana por parte de los parlamentarios, precisamente cuando culminan las sesiones ordinarias de la actual Legislatura.
A pesar de las peticiones de diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales, la iniciativa no figura en la agenda de la Comisión Primera del Senado, a donde fue remitido desde diciembre pasado, refirieron las fuentes.
Consultada al respecto, la senadora independiente Alexandra Moreno Piraquive expresó su inconformidad con el Congreso por ignorar proyectos en defensa de la infancia.
Asimismo, el senador liberal Rodrigo Rivera lamentó la falta de voluntad política del Congreso por las iniciativas sociales.
Bogota,12 de junio 2006
Prensa Latina , 0, 87, 11