GRAVE SITUACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA

Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, la Defensoría del Pueblo consideró que uno de los casos más graves de explotación laboral tiene que ver con el traslado de niñas indígenas y campesinas a casas de familia para el servicio doméstico.

La delegada de la mujer y del niño de la Defensoría, María Cristina Hurtado, aseguró que muchas de estas jovencitas terminan siendo víctimas de abuso sexual por parte de los hijos de las personas que las emplean e, incluso, por sus patrones.

Hurtado indicó además que de los dos millones 200 mil infantes colombianos que trabajan, cerca de un millón dos cientos mil lo hacen en sectores como el servicio doméstico, la minería y la agricultura.

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social estimó que un 40 por ciento de los menores trabajadores desarrollan sus tareas en sus propios núcleos familiares, en una tienda o un huerto y en la mayoría de los casos no reciben ningún tipo de remuneración.

Lo peor, apuntaron analistas locales consultados, es que esta situación se da ante la mirada impasible de muchos, incluidos los congresistas, quienes poca atención le han prestado al Código del Menor y de la Adolescencia.

El proyecto legal, que por octava vez se presenta a consideración del Congreso, tampoco será objeto de estudio esta semana por parte de los parlamentarios, precisamente cuando culminan las sesiones ordinarias de la actual Legislatura.

A pesar de las peticiones de diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales, la iniciativa no figura en la agenda de la Comisión Primera del Senado, a donde fue remitido desde diciembre pasado, refirieron las fuentes.

Consultada al respecto, la senadora independiente Alexandra Moreno Piraquive expresó su inconformidad con el Congreso por ignorar proyectos en defensa de la infancia.

Asimismo, el senador liberal Rodrigo Rivera lamentó la falta de voluntad política del Congreso por las iniciativas sociales.

Bogota,12 de junio 2006
Prensa Latina , 0, 87, 11

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EL PINGÜINAZO

Mar Jun 13 , 2006
Sus dimensiones y proyección distan todavía de estar claras, y pueden tener gran trascendencia para la esperada culminación de la transición a la democracia. En lo inmediato, ha logrado que finalmente las instituciones democráticas funcionen en el ámbito de la educación. Es decir, que de una vez por todas se decidan a empezar a desamarrar las ataduras heredadas de la dictadura, al menos en este sector. En lo inmediato, el “pingüinazo” ha conseguido un objetivo que hasta hace pocas semanas se veía inalcanzable: poner en el centro de la agenda pública el cambio de la LOCE, el amarre educacional legado por Pinochet en su hora undécima. Todo Chile sabe que los problemas de educación son muy complejos, pero que en realidad se pueden reducir a unos cuantos temas centrales que, en verdad, son más bien claros y sencillos. El principal de ellos es precisamente derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación, o LOCE. Es la traba principal que hasta ahora impide al Estado asumir como corresponde, la reconstrucción del sistema público, que constituye la principal herramienta con que cuenta el país para dotarse de un sistema educacional de calidad. Más allá de la ampulosa retórica acerca de libertades y derechos, el objetivo de la LOCE es bien claro y práctico: maniatar al sistema público, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de la industria privada, en la esfera educacional. El sistema de financiamiento, consustancial a la LOCE, impide al Estado transferir recursos a los colegios públicos, si al mismo tiempo no entrega montos equivalentes a los colegios particulares subvencionados. Para que decir de la posibilidad que el Estado se plantee siquiera lo que precisamente se requiere. Es decir, un plan nacional de reconstrucción del sistema público de educación, aportando para ello con los recursos que sean necesarios. Esto queda descartado de plano por la LOCE. El Estado simplemente no puede hacerlo. Incurriría, según esta ley, en “competencia desleal” con la industria privada de educación. Esta manea afecta a los colegios públicos, pero asimismo a las universidades estatales. Así, la ley mantiene a colegios y universidades públicas sobreviviendo a duras penas “con una mano atada a la espalda,” según la expresión de una autoridad educacional. Como se ha insistido en estas columnas, la causa principal de la crisis de la educación reside en el deliberado desmantelamiento a que ha sido sometido al sistema de educación público, construido a lo largo de más de un siglo por gobiernos de todos los signos. Primero fue el revanchismo feroz de la dictadura, oscurantista e insensata. De entrada, rebajó el presupuesto educacional a la mitad, y las remuneraciones del profesorado a la tercera parte. Los mantuvo en esos niveles hasta 1990. Expulsó a los mejores profesores y a alumnos destacados, no pocos de los cuales fueron víctimas de la represión. Quemó libros, prohibió disciplinas, cerró departamentos, escuelas y facultades. Despedazó las universidades nacionales y expulsó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Durante la primera década de dictadura, las matrículas totales en el sistema […]

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