Dirigentes de esa agrupación y del Partido Comunista en la Novena Región visitaron la víspera a Juan Carlos Huenulao, Juan Marileo, Patricia Troncoso y Florencio Marileo, presos en la cárcel de la sureña localidad de Angol para constatar su precario estado de salud.
Los cuatro fueron condenados a 10 años de prisión y a pagar una indemnización de 800 mil dólares tras ser juzgados bajo una ley antiterrorista promulgada por el dictador Augusto Pinochet por presuntamente prender fuego a los predios de una compañía forestal.
Efren Osorio, presidente del PH, declaró que los líderes mapuches -quienes niegan los cargos- se encuentran en grave estado de deterioro y riesgo vital tras las largas jornadas sin ingerir alimentos sólidos y las severas condiciones de encarcelamiento en que se encuentran.
«Hoy existe un gobierno que se instaló supuestamente escuchando a la ciudadanía y no ha tenido ningún gesto en relación a esta huelga de hambre que se prolonga por 45 días», denunció.
Los indígenas protestan por la aplicación de la Ley Antiterrorista, aprobada durante la dictadura para perseguir a los opositores políticos, y reclaman la celebración de un nuevo juicio donde puedan probar su inocencia.
En tanto, Javier Chávez presidente regional del PC, dijo que los gobiernos de la Concertación no han tenido la voluntad política de terminar con esa normativa y con la práctica de que los tribunales militares cumplan funciones que debería tener la justicia civil.
Destacó que durante la visita se pudo constatar la serie de vacíos legales y tergiversaciones que han acompañado al proceso judicial que se lleva en contra de los líderes mapuches.
Los cuatro han señalado que no terminaran la huelga de hambre hasta que la autoridad esté dispuesta a desarrollar juicios justos y fuera del marco de la justicia militar.
Organizaciones indígenas de derechos humanos han denunciado que el proceso estuvo marcado por diversas irregularidades. Además de la aplicación indebida de la Ley Antiterrorista, fueron utilizados «testigos protegidos» (sin dar su identidad) por parte del Ministerio Público.
Durante el proceso, la Corte Suprema decretó la inhabilitación de la jueza de Garantía que había rechazado la calificación de ataque incendiario como delito terrorista presentada por la fiscalía y denegó sus peticiones de protección y anonimato de los testigos.
Santiago de Chile, 28 de abril 2006
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