BACHELET PROMULGA LEY QUE REPARA A VICTIMAS DE LA DICTADURA DE PINOCHET

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Con esta ley avanzamos aún más en la reparación necesaria a miles de víctimas de los derechos humanos y garantizamos, valga la redundancia, sus derechos pero a la vez sus oportunidades, afirmó.

Acompañada por los ministros del Interior, Belisario Velasco, y de Justicia, Carlos Maldonado, la Mandataria recordó que hace tres años, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, entregó al país “un legado de testimonio y verdad histórica acerca de los abusos cometidos contra miles de chilenos durante la dictadura militar”.

Explicó que este grupo de trabajo, junto al que desarrolló el Informe Rettig, logró establecer una verdad histórica, necesaria, acerca de los hechos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Añadió, en este sentido, que lo ocurrido en esos años es hoy reconocido por la sociedad chilena y que ha sido sobre la base de aquella verdad que se han construido caminos de reencuentro entre los chilenos y chilenas. “Porque sabemos lo que ocurrió, porque tenemos memoria, porque hemos aprendido del dolor y porque amamos la vida, por todo esto hemos decidido sustentar nuestra democracia en una verdad que queremos mirar de frente y con valor”, aseguró.

La Jefa de Estado sostuvo que “la virtud de la verdad va muchos más allá aún. Los informes Rettig y Valech nos han permitido reconstruir una identidad nacional, basada en la convicción moral de rechazar en todo tiempo y lugar las violaciones de los derechos humanos, el compromiso solemne de las instituciones y de cada chileno para ‘nunca más’ permitir tales atrocidades. La defensa de la democracia, como el sistema que mejor garantiza los derechos humanos y el compromiso a reparar los graves daños provocados a las víctimas, procurando su reinserción plena a la vida nacional”.

Explicó que en ese camino de reencuentro, se promulgó la Ley 19.962, que acogió una de las recomendaciones de la Comisión Valech en orden a borrar las anotaciones prontuariales de las personas reconocidas como prisioneros políticos y torturados. No obstante lo anterior, manifestó que esta ley sólo tuvo un efecto parcial, ya que consideró solamente las penas impuestas por los Tribunales Militares, que son centralmente aquellas de los primeros años de la dictadura, periodo en el cual los Tribunales Militares alcanzaron a conocer y fallar.

En este contexto, la Mandataria hizo hincapié en que la mayoría de los casos se iniciaron en tribunales militares, pero luego pasaron a tribunales ordinarios, ya sea porque los abogados de Derechos Humanos ganaron las contiendas de competencia que entablaron para sustraer de dichos tribunales a sus defendidos, o bien porque las mismas fiscalías militares se declararon incompetentes, y por tanto, quedaron fuera del marco de aplicación de esta ley.

En este sentido, manifestó que “el espíritu de la ley que estamos promulgando hoy es corregir esta omisión y, de esta manera, extender el beneficio a todos aquellas personas que fueron condenadas por tribunales ordinarios de justicia”.

La Mandataria relevó la labor de los diputados patrocinantes de esta ley, así como la de la Comisión Defensora Ciudadana, quienes recibieron numerosas consultas de personas que estaban en esta situación y por tanto, además de no acceder a esta medida reparatoria, suelen encontrar dificultades para reinsertarse laboralmente.

Esta ley ha establecido también la gratuidad para requerir las copias y certificados de las sentencias y adicionalmente, el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior ofrecerá asesoría profesional gratuita para favorecer la expedita tramitación de estas solicitudes.

La Presidenta Bachelet reconoció el apoyo de ambas cámaras del Congreso Nacional y planteó que espera contar con un apoyo similar para aprobar prontamente la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, propuesto por la Comisión Valech.

Destacó en este ámbito que, tanto el Instituto de los Derechos Humanos como el Museo de la Memoria, constituirán pilares fundamentales, para que todos los chilenos y chilenas se sientan orgullosos de una patria que se reencuentra en la verdad y la justicia, que crece en una cultura de respeto a la dignidad de las personas.

Relevó que esta normativa legal es un paso más en ese camino, señalando que la fuerza de la democracia en nuestro país permite hoy mirar el futuro sin olvidar el ayer, así como que los derechos humanos, su protección y promoción, son la base moral de nuestra convivencia.

Finalmente, la Jefa de Estado consignó que “eso es lo que da fuerza a nuestra democracia: la entereza moral de hacer lo justo, por la gente, siempre”.

Santiago de chile, 12 de julio 2007
Crónica Digital , 0, 130, 3

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