Chile es un país soberano, nadie puede tomar decisiones por él. El TPI no puede ser transado por una licencia para matar de los marines estadounidenses. Sería como amordazarnos ante el genocidio del Ejército israelí en El Líbano, señaló el legislador.
El senador socialista hacía alusión a un reportaje publicado en El Mercurio de ayer en que diversos expertos alertan sobre los efectos negativos para la defensa nacional que se generarían por la suscripción del TPI, como la pérdida de ayuda militar directa de los EEUU, de abastecimiento militar europeo, y las demoras o negativas de abastecimiento militar futuro.
Para el senador socialista, el votar en favor del TPI no significa ser enemigo de los EEUU. Ellos podrán calificarnos de enemigos a nosotros, pero nosotros no tenemos ningún problema con ellos, si respetan los DDHH, la autodeterminación de los pueblos, y la dignidad y el respeto por el hombre. Parece raro que los EEUU se arroguen el derecho de sancionar a nuestro país por cuestiones de política externa, si no han aclarado su rol en el derrocamjento de Allende. Parece que nunca han dejado de intervenir, de manera desvergonzada .
De hecho -agrega- mediante Oficio Nº17.072, de fecha 15 de noviembre de 2000, senadores de todas las bancadas, incluso de la derecha, se dirigieron al entonces Presidente de la República, manifestando su rechazo a la intervención encubierta de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) en nuestro país, en el pasado y en el presente.
Navarro recordó que cuando aún era diputado, en abril de 2004, con el patrocinio de 18 parlamentarios PPD, PRSD y PS, logró que la Cámara aprobara constituir una Comisión Investigadora sobre el accionar de la CIA en Chile desde la década del 60 hasta nuestros días, en virtud de las «graves violaciones a la soberanía de la que hoy sólo se habla cuando se toca el tema del acceso al mar a Bolivia.
El legislador señaló que «a pesar del tiempo transcurrido, la opinión pública chilena y sus autoridades aún no tienen acceso adecuado a los cerca de 24.000 documentos desclasificados entre 1999 y 2000, del Informe Hinchey del septiembre del 2000, ni de los análisis incluidos en el Informe Church respecto a la Intervención de la CIA entre 1963-1973».
El parlamentario fundamentó estas iniciativas en que «no resulta coherente, para nuestra propia dignidad y credibilidad, que mientras EEUU ha realizado dos investigaciones sobre el accionar de la CIA en Chile, aquí a nadie parece importarle sentar una posición histórica rechazando este tipo de hechos, que se renuevan una y otra vez con intentonas de modificar en nuestra política internacional de respeto irrestricto a los DDHH, lo que molesta a algunos».
Para Navarro ya no es posible seguir tolerando el nivel de intervencionismo de los EEUU. Si Chile es un país dependiente de una nación extranjera, que lo reconozcamos expresamente. Si aprobando el TPI se arriesga el entrenamiento de nuestros pilotos de los F-16 adquiridos en los EEUU y la llegada de repuestos para su operación, eso se lo debemos a que la compra de los F-16 produjo nuestra dependencia tecnológica con los EEUU. Y eso no lo decidió el Congreso, sino las FFAA y el Ministerio de Defensa, sin control alguno.
En ningún país democrático las FFAA pueden decidir sin consulta el armamento que Chile debe adquirir. Esto debe pasar por controles democráticos, pues de lo contrario, todo se sumerge en una malsana oscuridad. Las FFAA no deben comprar lo que ellos quieren, sino lo que el país decide. Recordemos que el International Institute for Strategic Studies (IISS), el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cedal) y la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, Chile es el país que ha más comprado armamento, con 2.785 millones de dólares en adquisiciones. Ante tales cifras, uno se pregunta como es que el chipe libre sigue siendo la norma en la Constitución y la ley.
Los verdaderos controles democráticos están en el Congreso Nacional. Ahí estamos los representantes de la ciudadanía, de la soberanía nacional. El parlamentario anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional, en virtud del cual sea el Senado el que autorice las compras de armas. El Senado es una institución política, que asume una visión de largo plazo, sin contingencias, y con vocación de futuro, resguardando la soberanía nacional y la institucionalidad toda de convulsiones y amenazas puntuales, como la que enfrentamos hoy con EEUU.
Navarro dijo disentir de la idea de la Senadora Alvear, quien ha abogado por la derogación de la Ley Reservada del Cobre, sometiendo la autorización de la compra de armamento a todo el Congreso. Para Navarro esto dilataría mucho la compra de armamento, pues el proyecto de Ley de Presupuestos pasa por las dos Cámaras. Yo propongo que estas sean revisadas sólo por el Senado. Paralelamente, la Cámara de Diputados tiene un rol fiscalizador. La fiscalización no es una función preventiva, como lo es la autorización de compras de armas, sino que es posterior.
Además -añadió- el Senado tiene otras facultades de acordar importantes asuntos para la seguridad nacional, como es la declaración de estado de catástrofe, de estado de asamblea en caso de guerra externa o convulsión interna, y los nombramientos de los Ministros de la Corte de Apelaciones y del Contralor General de la República. Por tanto, es el Senado y no ambas Cámaras, quien naturalmente debe decidir estos temas.
El parlamentario indicó que las consecuencias positivas de este proyecto son enormes: la llegada a la base naval de Talcahuano del nuevo submarino «O´Higgins»; la entrega en puertos europeos de dos de las cuatro fragatas multipropósito usadas adquiridas a Holanda, que se sumarán a otras tres de origen británico; la compra de varios escuadrones de cazabombarderos F-16 y la adquisición de un centenar de tanques «Leopard II» a Alemania, y la compra de helicópteros de lujo v/s la adquisición de helicópteros multipropósito. Todas estas adquisiciones se han hecho a puertas semicerradas, sin las debidas consultas, a lo más, un proceso de información, pero sin controles como lo de cualquier nación propiamente democrática.
Santiago de Cikle, 23 de agosto 2006
Crónica Digital
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