El ex agente de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue sacado ilegalmente del país por personal del Ejército nacional en 1992 para impedir que testificara en el juicio por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington.
Los ex uniformados Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli negaron responsabilidad en el caso ante un juez uruguayo que los interrogó, pero reconocieron haber tenido contactos con Berrios a su llegada a Uruguay y durante su estancia en ese país.
El químico de la DINA, considerado un experto en gas sarin, fue asesinado en 1993 en una playa uruguaya luego de haber tratado de escapar a la vigilancia de que era objeto, presuntamente por los tres militares en proceso de extradición.
Berrios se presume estuvo involucrado en varios asesinatos cometidos por la DINA contra opositores políticos, incluyendo el del ex presidente democristiano Eduardo Frei Montalva, ocurrido en 1981 cuando se reponía de una sencilla operación en una clínica de Santiago.
La decisión de la justicia uruguaya de acceder al pedido de extradición de los ex uniformados causó malestar en las filas castrenses. Según el diario uruguayo El País, dos altos oficiales de la institución viajaron hoy a Santiago para ver detalles sobre el caso.
Precisó, además, que «antes de que sean remitidos a Santiago, el Poder Ejecutivo deberá acordar con su par chileno las condiciones de la entrega, entre ellas la de permitir a los enjuiciados en rebeldía que apelen la sentencia de la justicia chilena».
El tema causó revuelo también en el ámbito político, cuando el senador y ex guerrillero tupamaro Eliodoro Fernández Huidobro puso en duda que Berrios hubiera estado secuestrado en Uruguay y cuestionó las garantías que ofrece la justicia chilena para juzgar a los uruguayos.
El legislador indicó que si se accede al pedido de Chile la justicia uruguaya debería solicitar también la extradición de muchos chilenos «para que vinieran acá a rendir cuentas de qué fue lo que hicieron en Uruguay» durante las dictaduras militares en ambos países.
Fuentes judiciales chilenas consultadas por Prensa Latina confirmaron que los tres ex uniformados uruguayos serán ingresados en una prisión adjunta al Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde se encuentran recluidos los ex represores chilenos sancionados.
Indicaron, además, que aunque el juez Alejandro Madrid no lo ha anunciado aún, es altamente probable que los extraditados sean tratados de acuerdo a las normas contenidas en el Código de la Justicia Militar.
Santiago de Chile, 3 de abril 2006
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