Los hermanos Jaime y José Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulado y Patricia Troncoso fueron acusados en 2001 de haber dado fuego a los predios de una firma forestal extranjera radicada en tierras que los mapuches reclaman pertenecen a sus antepasados en el sur del país.
Los cuatro fueron procesados y finalmente sentenciados en 2005 bajo una repudiada ley antiterrorista promulgada por el entonces dictador Augusto Pinochet, en un juicio plagado de irregularidades desde el punto de vista procesal.
Los líderes mapuches iniciaron su ayuno el 13 de marzo pasado en reclamo de un nuevo juicio en tribunales civiles, donde se les permita demostrar su inocencia, y su traslado mientras tanto a un centro penitenciario donde puedan trabajar y vivir en otras condiciones.
Por lo pronto, la Corte Suprema rechazó ya un recurso de protección interpuesto por la defensa solicitando un nuevo juicio, mientras el gobierno se ha desentendido del problema apelando a la trillada argumentación de la división de Poderes del Estado.
LEY ANTITERRORISTA
La normativa (N 18.314) aplicada a los indígenas presos fue dictada por el régimen militar en 1984 a fin de enfrentar la creciente resistencia opositora que por aquella época convergía en un único referente para desestabilizar y precipitar el fin de la dictadura.
El fin del régimen dictatorial en 1990 no significó, sin embargo, la derogación de la ley.
Por el contrario, su texto fue reformado por el Congreso y luego utilizado como herramienta eficaz para el desmantelamiento de los últimos grupos de izquierda que siguieron en operaciones durante los primeros años de la denominada transición hacia la democracia.
Dicha ley fue modificada a comienzos de los noventa con el objetivo de ir armonizándola con las disposiciones de derechos humanos, y luego de algunas selectivas aplicaciones durante los primeros años pareció caer en el olvido.
Pero a comienzo de la presente década es desempolvada y usada de nuevo para hacer frente a la creciente movilización y reivindicación – a veces violenta- de los indígenas, quienes descontentos por el accionar del gobierno y por la situación de pobreza en que se encuentran inmersos, optan por una estrategia activa de reivindicación de derechos políticos, económicos y culturales.
APELACION INTERNACIONAL
Ante la discriminación, persecución y desamparo que enfrentan en tierra propia, las comunidades indígenas acudieron recientemente al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, por intermedio del ex magistrado chileno Juan Guzmán.
Guzmán, un juez que cobró notoriedad en Chile y el exterior por haber sido el primero en procesar y detener a Pinochet por violaciones de los derechos humanos, asumió ahora la defensa de los pueblos originarios en organismos internacionales.
El ex magistrado, que el pasado año se retiró del Poder Judicial, enumeró en una carta presentada en la sede de Ginebra las quejas y agresiones de la que son víctimas los indígenas y pidió la intervención y protección del organismo internacional.
«El movimiento mapuche, que trata por todos los medios pacíficos de recuperar sus tierras, de las que fueron expoliados en la región sur de Chile, es una vez más el blanco de una represión policial feroz», aseguró el jurista.
El polémico magistrado, que ha denunciado en reiteradas oportunidades la corrupción del Poder Judicial y presiones de los gobiernos concertacionistas en su país en favor de ex represores, afirma que aceptó el desafío ante la grave situación que enfrentan los indígenas chilenos.
Resaltó que en los últimos años, muchos dirigentes y miembros de las etnias que integran esos pueblos, casi un siete por ciento de los habitantes del país, han sido arrestados, procesados y condenados a penas de hasta 10 años por ocupaciones de sus antiguos territorios.
A su juicio, esto supone una aplicación abusiva y exagerada de las leyes, tal como denuncian los cuatro comuneros presos que permanecen en huelga de hambre.
«La actuación de la policía es brutal. Irrumpe periódicamente en las aldeas mapuches con la excusa de buscar armas. Allana las casas y se llevan sus pertenencias», afirmó el jurista, quien en fecha reciente hizo un amplio recorrido por los territorios indígenas.
Guzmán, junto al movimiento mapuche, comenzó a diseñar las líneas generales de una estrategia que podría desembocar dentro de unos meses ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, la más alta instancia sobre el tema en la región.
PRESIONES SOBRE EL GOBIERNO
Junto con manifestaciones de protestas que poco a poco se extienden dentro y fuera del país (mapuches argentinos ocuparon recientemente el consulado de Chile en Bariloche), sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos demandan del gobierno la búsqueda de una salida política y jurídica a la situación.
«Señora Presidenta, solicitamos a usted que en uso de sus facultades presidenciales e inspirada por los más altos valores de la compasión y la justicia, disponga el otorgamiento de la libertad inmediata a los cuatro comuneros», manifestó Tomás Hirsch, presidente del Partido Humanista y ex candidato presidencial de Junto Podemos.
En una misiva entregada en La Moneda, Hirsch asegura que existen mecanismos jurídicos para hacer frente al problema y recuerda una moción presentada en días pasado por el senador Alejandro Navarro en la Cámara Alta que apuntan en ese sentido.
El proyecto de ley de Navarro se fundamenta en la «seria desprotección de las garantías procesales de personas mapuches» a través de la «utilización injusta, infundada y aberrante que hace el Estado chileno de la Ley Antiterrorista» que condenó a los comuneros.
La crítica se extiende al uso de testigos «encapuchados» y a la reapertura de juicios contra estas personas cuya culpabilidad no fue probada en procesos anteriores.
A esta campaña se unió el también senador Jaime Naranjo, quien junto al vicepresidente nacional indígena del Partido Socialista, Domingo Colicoy, y el líder de la juventud de ese conglomerado, Juan Pablo Pallamar, acudió a la mandataria chilena.
«Es necesario que se genere diálogo entre los comuneros o sus familias y el Gobierno, pero además una salida jurídica que permita la libertad condicional a estas personas, para que se les garantice el derecho al debido proceso», afirmó.
En su informe «Derechos humanos y cuestiones indígenas», el Relator Especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, recomienda a Chile no criminalizar las «legítimas actividades de protesta o demanda social de las comunidades indígenas».
Demanda además no aplicar «acusaciones de delitos tomados de otros contextos, como «amenaza terrorista, asociación delictuosa» a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y otros reclamos indígenas.
ESTADISTICAS
De una población de poco más de 15 millones de habitantes, casi un millón pertenecen a los pueblos originarios. Del total de indígenas, 87,7 son mapuches, un 8,1 aymara, 1,8 quechua, 1,5 rapa nui, y 0,5 colla, entre otras denominaciones étnicas.
Las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Metropolitana concentran el 76,5 por ciento del total de indígenas. Un 30,2 por ciento viven en la IX Región, en Los Lagos un 14,6, Aysén 13,7, Tarapacá 13,3 y Magallanes 10,6.
Según recientes encuestas, en similares condiciones laborales los indios ganan un 26,23 por ciento menos que un no indígena. Encima, un 28,7 sobrevive por debajo de la línea de pobreza, y uno de cada cinco hogares no logra reunir unos 80 dólares al mes.
Sin dinero no hay estudios y sin estudios sólo consiguen trabajos mal pagados. Vaya círculo vicioso.
Por: Angel Pino Rodríguez.*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 12 de mayo 2006
Crónica Digital , 0, 128, 13
