La diligencia estuvo a cargo del jurista Raúl Maza, después que el juez militar Juan Arab condenó ayer a cinco oficiales de baja jerarquía a penas que van desde cinco años hasta 800 días por la muerte de 44 reclutas y un sargento, ocurridas en mayo del pasado año en la cordillera andina.
El abogado querellante sostuvo que al menos se debería condenar a estos oficiales, responsables de la fatídica marcha que desembocó en el mayor desastre del Ejército chileno, «a penas efectivas, es decir, que paguen en la cárcel, privados de libertad».
«Esta apelación se ha presentado en forma restringida, esto quiere decir que hemos apelado respecto de las sentencias condenatorias de los que estuvieron directamente implicados, y no los dos que resultaron absueltos», explicó el jurista.
Los condenados son: mayor Patricio Cereceda (5 años y un día), coronel Roberto Mercado (tres años), teniente coronel Luis Medina (541 días) y los capitanes Carlos Olivares y Claudio Gutiérrez (800 días).
Salvo el primero, acusado de incumplimiento de debes militares y cuasidelito de homicidio, los demás inculpados recibieron penas remitidas, lo que implica que podrán cumplir sus condenas en sus casas, firmando periódicamente ante el juez.
Los conscriptos, todos menores de 19 años, mal vestidos y equipados, fueron forzados por los oficiales a realizar una caminata de 27 kilómetros de entrenamiento en medio de una fuerte tormenta de nieve y viento en las congeladas faldas del volcán Antuco.
Provenientes de familias muy humildes, los reclutas fueron cayendo congelados unos tras otros a lo largo del camino y sus cuerpos permanecieron varias semanas enterrados bajo varios metros de nieve, en medio de una conmoción nacional por la tragedia.
Al presentar su apelación, Maza subrayó que «las sentencias condenatorias respecto de estos oficiales son absolutamente vejatorias para los intereses de cada una de las familias que represento».
El abogado espera que esta solicitud sea revisada en marzo y precisó que el objeto es que se aumenten las condenas para que «tengamos una pena justa, que se acerque a la realidad y a la verdad de los hechos que hoy constan en el proceso».
El profesional, que anoche participó en una vigilia de protesta junto a los familiares de las victimas frente al Palacio de La Moneda, admitió sin embargo que no tiene muchas expectativas debido a -dijo- «la parcialidad del Tribunal Militar».
«No descartamos que frente a la eventual confirmación de esta sentencia por la Corte Marcial, vamos a recurrir de casación en el fondo y en la forma ante la Corte Suprema, que es la única expectativa de justicia que tienen las familias que yo represento», agregó.
Maza adelantó además que en marzo próximo presentará un recurso de inaplicabilidad por la inconstitucionalidad de la justicia militar, puesto que a su juicio ésta atenta contra el debido proceso al que tienen derecho las partes.
Mientras tanto, el gobierno -que en todo este proceso ha respaldado al Ejército y a su comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre- se desentendió hoy del problema aludiendo a que «la justicia es independiente de los otros poderes del Estado».
En respuesta a preguntas sobre las denuncias de presiones contra el juez militar a cargo del caso, el ministro portavoz, Osvaldo Puccio, dijo que «la justicia opera con independencia, independientemente de la opinión que pueda tener, legítimamente, cada ciudadano».
Santiago de Chile, 11 de Febrero 2006
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