Fuentes parlamentarias indicaron que el Ejecutivo tiene interés de reactivar la iniciativa que duerme en el Congreso desde agosto de 2004, presentada entonces por el ex presidente Ricardo Lagos tras un acuerdo alcanzado con las Naciones Unidas sobre el caso.
Soria era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al momento de su asesinato por parte de agentes de la Brigada Mulchen, de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
La familia del ex diplomático acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego que los tribunales locales se negaron a hacer justicia.
La entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó entonces al gobierno chileno una reparación pecuniaria.
En octubre del año pasado Lagos intentó apurar la tramitación del proyecto, desatando la molestia de varios senadores, especialmente de la oposición ultraconservadora, aunque también tenía oponentes dentro de la coalición gobernante.
Pese a que la indemnización contaba con la aprobación del Partido Socialista, algunos legisladores de la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia (de gobiernos) se sumaron a las voces críticas que provenían principalmente de la derecha.
En esa ocasión el senador Roberto Muñoz (PPD) cuestionó que en materia de reparaciones existan «víctimas de primera y segunda categoría» y recordó que el resto de los familiares de desaparecidos y ejecutados reciben una «modesta» pensión.
Las indemnizaciones aprobadas 1992 por el Parlamento para estos casos son de apenas 140 mil pesos mensuales (unos 260 dólares al cambio actual).
Santiago de Chile, 4 de abril 2006
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