TRABAJADORES FISCALES CONFIRMAN PARA NACIONAL DE 48 HORAS

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, se mostró disconforme con los montos acordados y ratificó el paro que realizarán miles de funcionarios de la mayoría de reparticiones gubernamentales, para mañana miércoles y jueves.

Según el líder sindical, las expectativas que teníamos eran mayores (cercanas al 10 por ciento) y que en las conversaciones con el gobierno “no se consideraron materias como la carrera funcionaria y la normalización provisional, tema que afecta a los funcionarios públicos”, sostuvo de la Puente.

“Este país que tiene tan buenos índices macroeconómicos en realidad nosotros no estamos de acuerdo en su microeconomía”, criticó el líder gremial.

El acuerdo firmado por casi todas las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores estatales, contempla un incremento en el sueldo por un 5,2 por ciento para los cerca de 600 mil trabajadores del sector público, y un bono único por término de conflicto por 100 mil pesos para quienes ganen menos de 400 mil pesos mensuales, acordaron el gobierno y los funcionarios del sector.

Santiago de Chile, 21 de noviembre 2006
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PIDEN EN CHILE DEBATIR SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Mar Nov 21 , 2006
La organización señaló que «cada año se realizan miles de abortos en mujeres de todos los estratos económicos y sociales, procedentes de todas las vertientes religiosas y políticas… en condiciones de alto riesgo para la mujer». El aborto -indicó- es un recurso que debería estar dentro de las posibilidades a ofrecer a aquellas madres cuya vida está en riesgo producto de un embarazo complicado. Tras mencionar que ya existe en varios países del mundo, recordó que también existió en Chile hasta 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió, impidiendo que se salvaran miles de madres con embarazos riesgosos. El aborto en Chile está prohibido y penalizado y, además, no existen servicios públicos gratuitos para su realización en forma segura, por lo que se transforma en un problema de salud pública que afecta a las mujeres gravemente. Por otro lado, un estudio realizado por la Corporación Humanas y la Universidad de Chile reveló que el 62% de las chilenas está por aprobar la idea de legislar sobre un proyecto de ley que despenalice en algunos casos el aborto. Según la investigación, el 75 p r ciento está de acuerdo en que se legalice el aborto cuando corre peligro la vida de la madre; 71 por ciento, si el embarazo es producto de una violación; 68,4 por malformación del feto, y 20,4 en cualquier circunstancia. El estudio concluye que existe un creciente interés por debatir de manera abierta y pluralista el tema, en términos -argumentan los promotores- no de estar contra la vida, sino por defender la salud de la mujer y el derecho a decidir sobre su maternidad. Ese tema ha cobrado tanta importancia en Chile que este miércoles se efectuará un seminario en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, denominado «Cómo eliminar la discriminación contra la mujer». Un representante del Comité de Naciones Unidas presentará un informe titulado «Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile». Según trascendió, el Comité elogió varias de las medidas tomadas en el país en esa dirección, pero también planteó preocupaciones y recomendaciones, que serán el foco del seminario. Felicitó a Chile, por ejemplo, por incorporar la perspectiva de género en políticas públicas, la creación de Tribunales de Familia y por cambios legales como la nueva ley de divorcio y penas para violación, violencia doméstica y acoso sexual laboral. No obstante, el Comité insta a fortalecer medidas destinadas a la prevención de los embarazos no deseados, en particular haciendo disponibles todos los tipos de anticonceptivos seguros y métodos de planificación de la familia. Asimismo, recomienda al gobierno considerar «la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos» y dar «acceso a servicios de calidad.» Santiago de Chile, 21 de noviembre 2006 Crónica Digital/PL , 0, 87, 8

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